Pros y contras del impuesto a la banca

Pros y contras del impuesto a la banca

Las administraciones públicas de la UE y EE UU quieren dar un escarmiento fiscal al mercado financiero y, en particular, a las ovejas negras de un sector que, sólo a este lado del Atlántico, ha requerido 3,5 billones de euros en ayudas públicas para mantenerse en pie. ¿Es viable vacunar el sistema de antemano a base de impuestos?

Parece que sí, a juzgar por la resignación que muchos directivos bancarios han mostrado en Davos ante la posibilidad de un impuesto específico sobre su actividad. Aunque la aquiescencia de los banqueros de oro, probablemente, tiene truco.

Primero, porque ya han decidido por su cuenta bautizar el impuesto como "prima de seguro", con lo que dan, por supuesto, que les dará cobertura para seguir apostando en el mercado de derivados (88% de las transacciones financieras en 2007). Segundo, porque quieren un pacto global sobre su imposición, lo que permitirá explotar las diferencias en el seno del G-20 para que sólo salga adelante una propuesta de mínimos. Y tercero porque la aparente claudicación ante la tasa puede utilizarse como munición para sabotear otras iniciativas reguladoras mucho más ambiciosas (y temidas por los grandes bancos) que surjan en Bruselas, Washington o Basilea.

Truco no, el debate académico sobre la conveniencia o no del impuesto financiero sigue abierto, sobre todo, en cuanto al posible gravamen sobre las transacciones financieras. El instituto de estudios Bruegel, en un interesante análisis recién publicado por el Parlamento Europeo, sobre los pros y contras de esa posibilidad. Los autores no ocultan su escepticismo ante ese impuesto, en especial, si se hace con fines reacudatorios (al parecer, ineficiente y difícil de aplicar). Pero reconocen que podría esgrimirse como arma disuasoria para ciertos excesos, al estilo del "quien contamina, paga" que se ha aceptado en el área medioambiental.

En ese segundo caso, el estudio apoya una tasa muchon menor que los posibles males que se pretenden evitar. El potencial recaudador de ese impuesto sería considerable y el coste de su gestión mínimo, según los países donde se introducido analizados por Buregel (3.200 millones de Libras en el Reino Unido y 420 millones de euros en Irlanda en 2008).

El riesgo, siempre mencionado (quizá en demasía), es la fuga de actividad financiera de los países donde se adopte el impuesto. La crisis, sin embargo, ha puesto de manifiesto que a las entidades financieras les interesa operar desde países con Tesoros bien repletos, como EE UU, Reino Unido o Alemania, para que llegado el caso puedan pagar los platos rotos. Y si no, que se lo digan a los bancos (y clientes) islandeses.

Foto: Dehesa extremeña (B. dM., 25-12-09).

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