Los derechos de autor, en el tejado del Gobierno
El Gobierno tiene desde el pasado día 13 de enero el informe que la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) publicó ayer y en el que analiza desde múltiples puntos de vista la actuación de las ocho entidades de gestión de derechos de autor que funcionan en España. Por su parte, estas sociedades de gestión tacharon ayer de "sesgado" e incorrecto en algunos de sus puntos el informe de la CNC.
El documento de Competencia, que acusa a estas entidades de abusar de su posición de dominio en un mercado monopolístico, también culpa a la Ley de Propiedad Intelectual de favorecer la situación. Por eso, la CNC pide expresamente al Gobierno una reforma de esta norma.
Es más, advierte al Ejecutivo que España se enfrenta a una posible sanción de la Comisión Europea en el caso de que se entendiera que es la propia legislación española de propiedad intelectual la que permite que las entidades de gestión adopten o puedan adoptar de forma reiterada comportamientos abusivos de su posición de dominio. "No es del todo descartable conforme a la jurisprudencia comunitaria que la CE pueda llegar a considerar que España es responsable de una infracción del artículo 86 del Tratado", dice la CNC. Además, un grupo encabezado por dos abogados especializados en derechos de autor anunció ayer que ya han preparado un documento de denuncia para el que recaban la firma de más ciudadanos.
La CNC cree que la Ley de Propiedad Intelectual favorece el monopolio de las entidades de gestión
La pelota de evitar una sanción por parte de la Comisión Europea y para acabar con el monopolio de las entidades de gestión de derechos está ahora en manos del Gobierno.
La Comisión de la Competencia dice no entender por qué, a pesar de que el progreso tecnológico y las nuevas formas de distribución y consumo de obras y prestaciones están poniendo en cuestión el rol tradicional de las entidades de gestión, éstas continúan teniendo un papel relevante en la actualidad. Tanto, que según datos que proporciona la propia CNC, en 2007, la recaudación total de estas entidades ascendió a 518,9 millones de euros.
El organismo que preside Luis Berenguer asegura que la posición monopolística de las entidades reduce sus incentivos a operar de modo eficiente y facilita la aparición de una serie de problemas. Insiste además en que, con la única excepción que se produce en el segmento de la gestión de derechos de los autores audiovisuales, donde existe un leve grado de competencia entre la entidad dominante, SGAE, y la minoritaria, Dama, en el resto de los casos las otras entidades se ocupan cada una de ellas de un área concreta en la que no tienen competencia.
Se trata de una situación que no siempre fue así y que tiene indicios de suponer un reparto del mercado tras la entrada en vigor de la Ley de Propiedad Intelectual en 1987. Hasta ese momento, la SGAE se encargaba de la gestión de todo tipo de derechos. La norma sólo sirvió para que cada una de las existentes hasta ahora (SGAE, Dama, Cedro, Vegap, Agedi, Egeda, AIE y Aisge) se especializara en un sector, de forma que en la actualidad no compiten.
Mientras que la SGAE se ocupa de la gestión de derechos de editores y autores de obras musicales, audiovisuales, literarias, dramáticas y coreográficas, Cedro lo hace con los de editores y autores de obras impresas, Vegap con los autores de obras de la creación visual y Dama con los directores-realizadores y guionistas de obras audiovisuales. AIE gestiona los derechos de los artistas intérpretes o ejecutantes musicales, Aisge los de artistas intérpretes o ejecutantes actorales, Agedi los de productores de fonogramas y, por último, Egeda los derechos de los productores audiovisuales.
El monopolio del que disfrutan de facto estas entidades ha llevado, según la CNC, a una situación de establecimiento discriminatorio e inequitativo de tarifas. La falta de funcionamiento de un marco regulatorio ha supuesto que los conflictos tarifarios se hayan tenido que dirimir, en muchas ocasiones, ante los tribunales de justicia. Y también ante las autoridades de competencia. En este sentido, se han producido seis resoluciones, cinco de las cuales concluyeron con una sanción.
En su informe la Comisión Nacional de la Competencia aboga por adoptar algunas medidas previas al cambio en la Ley de Propiedad Intelectual, sobre todo en lo relativo a los contratos con los titulares de los derechos. Se trata de dotarles de mayor flexibilidad y de facilitar el cambio de entidad gestora por parte de los titulares. Para ello la CNC propone que se limite el periodo de permanencia, prórroga y preaviso, estableciendo una duración máxima de un año, indefinidamente renovable por periodos de un año, y un preaviso de tres meses.
También quiere que los titulares de derechos tengan más flexibilidad para determinar el alcance del contrato y para establecer que éste pueda ser en términos no exclusivos. Y en aras de la transparencia, el organismo de competencia también cree que se debe obligar a poner a disposición de los titulares y de los usuarios los repertorios que se estén gestionando, así como que "al menos para determinadas clases de usuarios" se contemplen tarifas que tengan en cuenta el uso efectivo, manteniendo como alternativa las tarifas por disponibilidad.
Por último, la CNC cree que con la reforma de la ley se debería cambiar o sustituir la Comisión de Propiedad Intelectual para que sea un órgano regulador independiente, capaz de dirimir conflictos y aplicar multas y, sobre todo, eficaz.