Reformas para rescatar la confianza económica
Estos son días de balance con la publicación de numerosos indicadores económicos. Y las conclusiones son similares, pues en general arrojan dantescas caídas de actividad, aunque, eso sí, con leves síntomas de que los derrumbes han ido frenándose en los últimos meses del año. Sin embargo, estas mejorías -por considerarlas de forma benévola- no deben llevar a engaño, pues son fruto del agotamiento de la propia degradación económica más que del efecto de medidas eficaces de política económica. En definitiva, la naturaleza de cada mercado acaba imponiendo su propia ley para corregir por sí solo sus desequilibrios. Lo cual es arriesgado, pues los responsables económicos pueden caer en la tentación de creer que es preferible dejar que los problemas económicos se solucionen de forma automática. De ser así, el final de la recesión se retrasaría, la recuperación sería más lenta y, lo que es más preocupante, los problemas estructurales continuarían incólumes lastrando la competitividad.
La tasa del ahorro ejemplariza como ninguna variable esta contradicción. Ayer se conoció el balance del tercer trimestre de 2009, que medido en términos anualizados marca un récord histórico: los españoles guardaron 18,7 euros de cada cien que ganaron, algo nunca visto desde que se mide esta variable, y ello a pesar de que por vez primera en muchos años se registró un descenso de la renta disponible. Aunque a priori parece una buena noticia, no lo es si se considera que su crecimiento no se deriva de un incremento de la renta de los hogares, sino de un ajuste severo en el consumo y en la inversión domésticas. El aumento de la tasa de ahorro es una muestra de la profundidad de la crisis, cuya consecuencia más directa es la falta de confianza de los españoles que han recortado sus gastos, reteniendo recursos para un futuro en el que perciben mucha incertidumbre.
Un sentimiento que perdurará mientras el desempleo siga creciendo, algo que parece inevitable en 2010. Hoy asistiremos a una nueva ración de realidad con el balance de afiliación a la Seguridad Social y del registro del desempleo de 2009. Desgraciadamente, es probable que el año haya terminado con más de 900.000 empleos perdidos, consecuencia lógica de la dramática desaparición de tejido productivo que se vienen padeciendo desde que se inició la crisis en 2007.
La CEOE cifra en 300.000 las empresas destruidas, algo que corrobora otro de esos balances demoledores conocidos ayer, el de procesos concursales, elaborado por la consultora PricewaterhouseCoopers. Según sus datos, cotejados con registros oficiales, el número de empresas que acudieron al concurso de acreedores se dobló en un año y quintuplicó desde 2007. Como también queda patente con el hundimiento de un 4,6% en la demanda de energía eléctrica, debido al parón de la industria, que en algunas zonas registró caídas del 50%. Uno de los ejemplos más esclarecedores es el de la industria del automóvil. Las matriculaciones de vehículos, uno de los sectores más potentes de las manufacturas españolas, cayeron en 2009 casi un 18% y colocan las ventas al nivel de hace 15 años. Afortunadamente, el Plan 2000E, un claro acierto del Gobierno, ha contribuido a paliar unas caída que en el primer trimestre alcanzó cotas de más del 40%.
Son ejemplos más que suficientes para comprender que la economía no reaccionará hasta que los agentes económicos recobren la confianza. Dejar que los mercados impongan poco a poco sus leyes no es el camino más acertado, porque hará el ajuste más duro y más doloroso. Es preciso que haya un estímulo exógeno proveniente de la política económica. El presidente Zapatero terminó el año anunciando un paquete de medidas que desgranará en los dos próximos meses. Sin embargo, no parece que haya causado una gran expectación entre las familias y las empresas. Quizá porque es la enésima propuesta anunciada, cuyos efectos han sido más bien escasos o, lo que es peor, todavía siguen en proyecto. Parece claro, pues, que para que vuelva el optimismo, primero debe recuperar el Gobierno la credibilidad en sus iniciativas, que debe acompañarse de esa media docena de reformas que todas las instituciones económicas han enumerado, y con la orientación que lo han hecho, para movilizar las expectativas positivas de consumidores, inversores y emprendedores.