El reto de Copenhague
Copenhague es una cita histórica, ya que tiene por objetivo un gran reto que supondrá un paso adicional en la historia de la cooperación multilateral del sistema de Naciones Unidas. Se trata de poner de acuerdo a toda la comunidad internacional de manera simultánea, con una aportación de esfuerzos diferenciados que afectará a sectores muy diversos -desde la energía hasta nuestro modo de producción y consumo-, en un ejercicio de transparencia colectiva que permita posteriormente vigilar el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Copenhague requiere un esfuerzo ingente en muy poco tiempo. Ahora sabemos que los países industrializados debemos hacer un esfuerzo mayor que en Kioto y que gran parte de dicho esfuerzo debemos hacerlo en nuestro territorio. No obstante, también sabemos que eso no es suficiente. Por ello, debemos recuperar aquellos países que se quedaron al margen del Protocolo de Kioto, como Estados Unidos y Canadá, y además, tenemos que incorporar a las grandes economías emergentes, China, India, Brasil, ya que en estos países es donde se producirá el mayor crecimiento de demanda de energía en los próximos años.
Copenhague es el momento de dar respuesta adecuada de forma conjunta, asumiendo nuestra responsabilidad y generando la confianza necesaria para que los ciudadanos sean nuestros aliados en esta transformación. Por tanto, no tiene sentido prolongar la incertidumbre sobre el cambio de modelo productivo y de consumo. Los agentes económicos y la sociedad necesitan claridad en los mensajes para contar con un marco que les proporcione estabilidad en el medio y largo plazo.
Los negociadores y líderes mundiales tenemos que sentar las bases para que este cambio sea posible y por eso vamos a Copenhague. No va a ser fácil, ya que hay que romper las inercias de un modelo productivo que lleva funcionando casi 200 años, de ahí que tengamos que trabajar con todos los sectores económicos y sociales en cooperación y con espíritu de compromiso, aunando las capacidades de acción a escala global tanto del sector público como privado.
España, en particular, ya está sufriendo los impactos del cambio climático, impactos que serán más significativos en aquellos sectores y sistemas dependientes de recursos ya limitados o por la degradación del clima mediterráneo. Así, por ejemplo, la escasez de recursos hidrológicos, que ya está afectado a nuestro territorio, tendrá efectos sobre la agricultura y la ganadería, la industria, el abastecimiento de agua a la población, la planificación territorial y urbanística y los sistemas ecológicos.
En este sentido, España ha iniciado con fuerza el cambio necesario de su modelo energético que le permitirá transformar su crecimiento en uno más sostenible, acorde con los distintos retos que se le plantean en la actualidad, y en concreto con el reto del cambio climático. España ha asumido este reto aceptando exigentes compromisos internacionales dentro del Protocolo de Kioto. El cumplimiento de estos objetivos requiere importantes esfuerzos en muy diversos ámbitos. Pero estos esfuerzos son alcanzables si perseveramos en las medidas que ya se han empezado a adoptar y que ya han empezado a dar sus frutos, iniciando un cambio de tendencia en nuestros patrones de consumo y producción de energía. Y con el impulso de la nueva Ley de Economía Sostenible, el Gobierno quiere profundizar en la transformación de nuestro modelo productivo para hacerlo más competitivo e innovador, y al mismo tiempo, social y ambientalmente más sostenible.
España, en el marco de la UE, trabajará para que de Copenhague salga un paquete exhaustivo y completo, con objetivos de reducción de los países industrializados, acciones por parte de los países en desarrollo, financiación pre-2012, y posiblemente una fórmula para el reparto de la carga financiera post-2012. Además, dicho acuerdo debe incluir un mandato claro con un calendario de trabajo con fecha límite diciembre de 2010 que haga posible que todos los aspectos más técnicos pendientes puedan resolverse lo antes posible, de manera que el acuerdo político que se alcance en la COP-15 quede armado en un instrumento jurídicamente vinculante.
Por tanto, no vamos a Copenhague simplemente a prevenir catástrofes, sino a invertir en nuestro futuro, en prosperidad y bienestar, recuperando la confianza de los inversores internacionales y orientando la salida de la crisis económica hacia un nuevo modelo más sostenible, más solidario y justo.
Elena Espinosa. Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino