De calado, pero insuficiente
La Ley de Economía Sostenible presentada ayer por el ejecutivo tiene varias virtudes, aunque también algunas lagunas, que tienen que ver con la puesta en marcha de algunas medidas que tratan de orientar el crecimiento español. Es un plan estratégico que trata de reducir el peso de la construcción residencial, incentivar otro tipo de transporte, y facilitar ex ante la creación de empresas, cuyo déficit es crónico en la economía española, especialmente aquellas de base tecnológica.
Estos serían los elementos más positivos, pero el proyecto se queda corto en otros. Comenzando por la sostenibilidad económica, es decir aquello que pueda reducir la varianza de los ciclos económicos, las medidas tienen poco calado. Siendo histórico y valiente el capítulo dedicado a desincentivar fiscalmente la compra de vivienda, las medidas no apoyan la creación de un parque público, grande y estable de viviendas en alquiler y se sigue apostando por el mercado minorista de alquiler. Este mercado ha sido y sigue siendo un foco de fraude fiscal muy elevado, al margen de no favorecer la estabilidad de precios, unido a una calidad elevada, como ocurre en Alemania, o los países nórdicos. En este mismo sentido se quedan algo cortas las medidas que cambien drásticamente la estructura productiva, en parte porque la realidad formativa no lo permite, pero también porque el tejido industrial y especialmente los espacios industriales se han reducido de forma drástica. Se echa de menos, como ocurrió en Suecia y otros países, fondos específicos para la transición entre sectores productivos. En esencia, la industria recibe menos atención que los servicios, sabiendo que la productividad es manifiestamente mayor, y también que los efectos desbordamiento sobre el resto de la economía podrían generar externalidades positivas en materia salarial, empleo e innovación.
Respecto a la creación de empresas es resaltable el esfuerzo administrativo en tiempo y coste, pero hay elementos que no se abordan. En la mayoría de encuestas el principal problema, al margen del estigma social de fracaso y la escasa valoración social, es la financiación. Aquí no se ha avanzado nada en lo que sería una de las necesidades prioritarias. Una nueva arquitectura financiera pública, como ha avanzado Stiglitz. Todos los fondos disponibles se siguen distribuyendo vía ICO, cuyos resultados son manifiestamente mejorables. Se ha perdido una ocasión para reunir todos los instrumentos de financiación, segmentarlos por instrumentos y ejercer de banca pública, para cubrir las necesidades de financiación del capital semilla y de promoción empresarial.
En el campo de las patentes, hay que aplaudir el recorte de costes, pero también se podría haber ido algo más allá, porque lo necesario es que existan fuentes estables de retorno de la inversión, cuyos mayores costes son los de litigio. En este sentido, se está empezando a plantear el embrión de un mercado bursátil de patentes, que permitiría la cotización de estos títulos, aprovechando que España tiene en Alicante la oficina de marcas.
En materia de sostenibilidad social se avanza poco en cubrir el desfase en protección social con nuestros socios comunitarios, pues no hay nuevas iniciativas respecto a la familia, vivienda o vejez. Aquí también se echa de menos medidas audaces para mejorar el horario de trabajo, comercial y escolar, uno de los cuellos de botella que tiene la economía española. El sistema horario, y por ende el comercial y escolar, resta en productividad a la economía española en casi un punto porcentual y aumenta el coste anual por hogar en algunos servicios un 2,5%. Los británicos establecieron una norma en 2003 sobre flexibilidad horaria que ha producido una reducción de la congestión de tráfico, un aumento de la productividad y sobre todo una mejora en la salud laboral de los trabajadores.
Dejo para el final los instrumentos. En el ámbito fiscal se echa de menos una autentico cambio en los incentivos fiscales, favoreciendo la neutralidad en el ahorro, o eliminando muchos de los que ya no son operativos. También hubiese sido deseable una tasa verde sobre carburantes, la eliminación de las ventajas fiscales sobre Sicav y la mejora de la fiscalidad empresarial sobre procesos, como el cambio de orientación horaria. En el campo de la administración, apenas hay mejoras en su funcionamiento y seguirá siendo una rémora para el empresariado, aunque la eliminación de licencias municipales y los modificados, beneficiarán mucho a los ciudadanos, pero molestará mucho a algunos ayuntamientos, como el de Madrid. En esencia, hay muchos elementos positivos, pero se podría haber ido más allá.
Alejandro Inurrieta. Concejal del PSOE en el ayuntamiento de Madrid