Sensatez fiscal con la inversión

La Comisaría de Competencia de la UE había puesto bajo la lupa el trato fiscal favorable que España había dado a la amortización del fondo de comercio en las compras de empresas realizadas por sociedades españolas en el exterior, por considerarlas ayudas de Estado. Una denuncia británica tras la entrada masiva de empresas españolas en Reino Unido había provocado la apertura de un expediente que ponía en riesgo miles de millones de euros de compensaciones fiscales a las empresas, sobre todo las multinacionales como Telefónica, Santander, Iberdrola o Ferrovial.

España ha logrado en las últimas semanas que la resolución de Bruselas tuviese un efecto limitado, de tal forma que sólo se devolviesen las ayudas por las operaciones realizadas después de la demanda británica, que se produjo a finales de 2007. Este criterio salva la gran mayoría de las operaciones de los últimos años y limita el daño, pero coloca una zancadilla pesada sobre las realizadas en los dos últimos años, y es una cortapisa sensible para nuevas iniciativas corporativas que tratan de consolidar la internacionalización, hasta hace poco limitada al volátil mercado de Latinoamérica. Tiene más lógica en tiempos de crisis generalizar la iniciativa española para movilizar la inversión intracomunitaria que lo contrario, que bien podría paralizarla.