Salgado exculpa al Gobierno de la restricción del crédito de la banca

La restricción del crédito y la necesidad del sector privado de sanear sus balances limitará el crecimiento económico, a pesar de la mejora de los mercados financieros. Así lo advirtió la vicepresidenta Elena Salgado en el debate de totalidad de los Presupuestos, donde exculpó al Gobierno de la lentitud con la que la banca atiende las necesidades financieras de las empresas.

Salgado pasó de refilón por uno de los problemas que más afecta a las empresas y que más está incidiendo en la destrucción de empleo. Hace un año, recordó, estuvo a punto de colapsar el sistema financiero internacional. En estos momentos, el mayor peligro ha pasado y las entidades españolas han resistido mejor que otras la embestida, argumentó, pero todavía hay restricciones de crédito y de ello no tiene culpa el Gobierno "porque las entidades financieras tienen toda la liquidez que necesitan". El problema, argumentó, deriva de la "burbuja inmobiliaria" ya que el endeudamiento de familias y empresas ha crecido a tasas "insostenibles" del 20%.

Esta argumentación de la vicepresidenta, de tono defensivo, se produce en un momento en el que el PP ha emplazado al Gobierno y al Banco de España a afrontar con urgencia la consolidación financiera ante el retraso con el que se está produciendo la recapitalización de las entidades más afectadas por la crisis y las dificultades que encuentran las empresas para encontrar financiación. El líder del PP, Mariano Rajoy, afirmó ayer que la falta de crédito "está hundiendo a los que tienen que crear empleo".

En un intento de volver a enviar señales positivas a los mercados, Salgado anunció que la semana que viene el Gobierno remitirá al Congreso el plan financiero que espera Bruselas para reconducir las finanzas públicas españolas hacia la estabilidad fiscal. El primer esfuerzo de consolidación incorporado a los Presupuestos de 2010 se resume en una restricción del gasto de 7.500 millones, cuestionado en su veracidad por el PP, y en un aumento previsto de la recaudación de 6.500 millones, derivado del alza de impuestos. Y ello, a pesar de que el propio Gobierno prevé para 2010 300.000 parados más. La deuda llegará el 62,5% del PIB.

La partida de I+D será completada con más fondos en la futura Ley de Economía Sostenible

Progresividad tributaria

Con un discurso algo más articulado que el que entonó cuando presentó hace tres semanas los Presupuestos al Congreso, pero expuesto en algunos momentos con gran nerviosismo, sobre todo cuando tronó la bancada del PP, la vicepresidenta defendió el principio de progresividad que acarrea el aumento impositivo previsto. Este principio se concentra en el IRPF a través de estos datos desagregados: 13 millones de contribuyentes no se verán afectados porque o no declaran por este impuesto o no perciben rentas de capital. Otros 11,7 millones obtienen plusvalías por debajo de los 6.000 euros anuales, por lo que pagarán una media de sólo seis euros más por ejercicio. Otros 800.000 ciudadanos ingresan rentas de capital por encima de los 6.000 euros; 80.000 de ellos, pagarán 6.300 euros más de media. Y 10.500 más, los que declaran plusvalías superiores al millón, pagarán 30.000 euros más al año.

Salgado vino a reconocer implícitamente que el Gobierno no se plantea modular la reforma fiscal en contra de las rentas más altas, como le exigen los grupos de izquierda, ya que con el respaldo del PNV y de Coalición Canaria a los Presupuestos le sobra al PSOE para sacarlos adelante, al menos en este trámite de pleno. Por ello, defendió con naturalidad la supresión de la deducción de los 400 euros en el IRPF, como si Economía nunca se hubiera planteado respetarla para las rentas más bajas cuando aún no tenía amarrados los apoyos parlamentarios necesarios. Salgado también puso el acento en la prioridad de mantener la paz social en lo que presume va a ser un proceso de recuperación económica "lento, largo y difícil". Pese a los escasos frutos cosechados hasta ahora por el diálogo social, éste seguirá siendo la apuesta del Gobierno porque "no tenemos por qué soportar una quiebra social", argumentó.

Salgado reconoció por primera vez que los recursos previstos para el año que viene para I+D+i sufrirán una merma del 3,1%, pese a los esfuerzos desplegados en las últimas semanas por la ministra de Innovación, Cristina Garmendia, para convencer de lo contrario. La ley de Economía Sostenible compensará parcialmente este recorte de recursos. Pero en los pasillos se habló, sobre todo, del nerviosismo de Salgado en su réplica ante la algarada del PP.

CC confía en pactar enmiendas parciales

El diputado de Coalición Canaria José Luis Perestelo confirmó en los pasillos del Congreso que su partido dará un "voto de confianza" al Gobierno y rechazará las enmiendas de totalidad presentadas por el PP y otros grupos a los Presupuestos y que se votarán hoy. Aun así, Perestelo advirtió que "el apoyo definitivo" de Coalición Canaria a las cuentas pasa por lograr acuerdos con el PSOE en torno a enmiendas parciales. A pesar de que no se refirió a ello, la buena predisposición de Coalición Canaria se explica por el plan específico aprobado por el Gobierno que prevé invertir hasta 25.000 millones en las islas en los próximos diez años.El PNV también respaldará los Presupuestos después de que el Ejecutivo central se comprometiera a blindar el cupo vasco, que establece el régimen fiscal especial en Euskadi. El líder del PP, Mariano Rajoy, criticó al PNV por "bendecir" ahora unos presupuestos que antes había juzgado "tan negativamente".

CiU pide aplazar más allá de 2010 el alza del IVA

Convergència i Unió (CiU) pidió al Gobierno que no aplique la subida del IVA hasta que la economía no "esté en un proceso de clara recuperación". El portavoz del grupo catalán, Josep Antoni Duran i Lleida, apuntó que la mejor decisión del Gobierno ha sido retrasar hasta el 1 de julio de 2010 la subida del 16% al 18% en el IVA. Así, según Duran, habrá más "margen de tiempo" para alertar al Ejecutivo del "error que comete".CiU -que presentó una enmienda a la totalidad de los Presupuestos- reclamó mantener la rebaja fiscal de 400 euros para las rentas inferiores a 20.000 euros. Duran i Lleida, hizo hincapié en la necesidad de detener el deterioro del mercado laboral. "Los parados no quieren subsidios, quieren trabajo", sentenció. Según CiU, el Ejecutivo debería reequilibrar las cuentas públicas -el déficit público cerrará el año en torno al 10% del PIB- con la creación de puestos de trabajo y con el recorte de gastos en lugar de optar por la subida de impuestos.