El Estado acude al mercado en busca de 210.000 millones
El deterioro de las cuentas públicas obligará al Estado a emitir deuda bruta por valor de 211.500 millones de euros en 2010, una cifra nunca vista en la historia y que aumenta la vulnerabilidad de España ante un posible incremento de los tipos de interés.
Las condiciones actuales para emitir deuda son buenas -los tipos están en niveles históricamente bajos y el inversor prefiere la seguridad de la renta fija a la volatilidad de la variable-. Sin embargo, el espectacular incremento de la deuda en circulación necesaria para financiar el déficit público supera con creces las amortizaciones previstas y ello se traduce en una subida de los costes financieros del Estado. Es más, del conjunto de gastos de la Administración Central previstos para 2010, el pago de intereses es la partida que más se incrementa, un 6,6%.
En 2008, las emisiones brutas de deuda del Estado alcanzaron los 69.000 millones de euros y, para el próximo año, el Gobierno estima que ascenderán a 211.500millones. La diferencia entre una y otra cifra supera, por ejemplo, el gasto del Estado en pensiones en todo un año. El Ejecutivo destinará en 2010 unos 23.000 millones de euros, el 2,1% del PIB, en pagar intereses. Sin embargo, los analistas temen que esa cifra pueda incrementarse por varios motivos. En primer lugar, por un cambio en la política monetaria del BCE, que actualmente mantiene los tipos en el 1%. Resulta razonable vaticinar un incremento gradual del precio del dinero si grandes economías de la eurozona como la alemana logran salir de la recesión el próximo año.
Además, actualmente, el Gobierno está incrementando la emisión de deuda a corto plazo, ya que los tipos están en un nivel históricamente bajo y el coste para el Estado es inferior al de las obligaciones y bonos a largo. Aun así, Gregorio Izquierdo, director del servicio de estudios del Instituto de Estudios Económicos (IEE) tilda de "miope" esa política porque la situación se invertirá. Es decir, emitir deuda a corto plazo se encarecerá en la medida en que el Banco Central Europeo (BCE) cese de inyectar liquidez a través de préstamos a los bancos a intereses bajos. José CarlosDíez, economista jefe de Intermoney, también cree que la baja rentabilidad en la deuda a corto tiene los días contados. Aun así, no vislumbra un escenario de tipos altos.
Por otro lado, elGobierno se está beneficiando de la aversión al riesgo de los inversores, lo que incrementa la demanda de renta fija. Una situación que cambiará si el mercado de renta variable mantiene la senda alcista de los últimos meses. Conclusión: los inversores reclamarán a las instituciones públicas mayores rentabilidades para comprar deuda pública.
El gran problema de la economía española es que a pesar de que el mercado de deuda pública se encarezca, las necesidades de emisión permanecerán, ya que el déficit público -la diferencia entre ingresos y gastos públicos- alcanzará este año por primera vez en la historia los dos dígitos y superará el 10% del PIB. Así, las necesidades financieras se mantendrán y el Gobierno seguirá emitiendo deuda independientemente de que se incrementen los intereses. Los expertos temen que ello origine el llamado efecto crowding out o expulsión: la captación pública de los recursos en detrimento de la inversión privada, y encarecimiento de las emisiones privadas de las empresas para poder garantizar la financiación de sus proyectos.
La subida de impuestos, una señal a los inversores extranjeros
El otro gran riesgo que puede hacer trastabillar todas las previsiones del Gobierno es un posible aumento de la prima de riesgo -la diferencia entre el bono alemán a diez años y el español-. Desde Hacienda reconocen este peligro y argumentan que la subida de impuestos incluida en los Presupuestos persigue, entre otros objetivos, demostrar a "los inversores extranjeros que España no está dispuesta a dejar que el déficit público siga aumentando".Y, por otra parte, el Gobierno quiere evitar a toda costa una rebaja del rating de las agencias de calificación. Dos de la tres grandes del sector -Ficht y Moody's- mantienen la máxima calificación para la deuda española (AAA), mientras que Standard & Poor's la rebajó en enero (AA+). Si Ficht o Moody's siguieran el mismo camino, la prima de riesgo se incrementaría y a España le resultaría más caro colocar su deuda entre los inversores extranjeros.Ello dibujaría un escenario sombrío para la economía española, caracterizada por su necesidad de financiación exterior. Por ejemplo, el año pasado, cuando el Gobierno puso en marcha un fondo para comprar activos a los bancos recurrió a una campaña de publicidad para captar ahorro de inversores extranjero. "In Spain we trust", rezaba el lema que aparecía en periódicos internacionales. Frase que sería difícil de mantener si se rebaja la calificación crediticia de España.