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Columna
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La cara libertad de Lloyds

El Lloyds Banking Group podría pagar un precio muy alto por su libertad. La prestamista británica acordó a pagar al Gobierno 15.600 millones de libras en marzo para asegurarse contra las pérdidas en sus activos de más riesgo. Pero esto tendrá poco sentido si la economía se recupera rápidamente, especialmente porque las condiciones de la garantía implican que la participación del Gobierno en el banco aumente del 43% a un 62% de control. El problema es que la alternativa preferida de Lloyds -una ampliación de capital de 25.000 millones de libras- perjudicaría duramente a los bolsillos de los inversores.

El plan del Gobierno ha impulsado el ratio de capital Tier 1 de Lloyds, de manera que va en camino del 10%. æpermil;ste implica que el Gobierno obtiene acciones B que posteriormente convierten en acciones normales, diluyendo las ganancias previstas por acción en 2011 de 23 peniques a 11.

Pero la alternativa comercial es incluso más perjudicial en este sentido. El mercado parece dispuesto a tener apetito para absorber una ampliación de capital de hasta 15.000 millones de libras. Si se venden con un descuento del 50%, se podría doblar con creces la cuenta accionarial de Lloyds. Teniendo en cuenta que los otros 10.000 millones se reparten equitativamente entre capital nuevo y en ganancias o enajenaciones, entonces los ingresos se verán perjudicados por el coste de su financiación y por los beneficios abandonados. El golpe a las EPS sería salvaje, llevando las ganancias a sólo seis peniques por acción.

Puede que Lloyds tenga un as bajo la manga. En marzo amasó 2.200 millones recomprando su deuda híbrida con descuento. Puede que repita el truco con parte de los 15.000 millones en cuestión, persuadiendo al mismo tiempo a los deudores a que conviertan a acciones ordinarias.

Los accionistas de Lloyds se tienen que convencer a sí mismos de dos cosas. Pueden considerar que su banco está tomando las decisiones macroeconómicas adecuadas al abandonar el yugo que supone el apoyo del Estado. Pero también necesitan convencerse de que ser propiedad del Estado en un 43% no es lo mismo que serlo en un 62%, sobre todo teniendo en cuenta los costes que ello supone.

George Hay

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