Menos Presupuestos y más crédito
En los próximos días se procederá al ritual de todos los años con la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2010. La nueva vicepresidenta acudirá al Parlamento y se hará la foto con el presidente del mismo. A su vez, comenzará el baile de reuniones para intentar aprobarlos y la tradicional subasta prenavideña. Los medios de comunicación escribirán mucho sobre estas negociaciones y, mientras, los agentes económicos asistirán atónitos a un debate que globalmente, en este momento, es irrelevante desde un punto de vista económico.
Si uno analiza las cifras manejadas en el techo de gasto, con una disminución del mismo de un 4,5%, más o menos lo mismo que el PIB real, podemos decir que la ratio de gasto público sobre PIB se mantendrá constante, alrededor del 40%, elevándose la ratio de deuda pública y el déficit público, como consecuencia de la situación de recesión. Con ello, lo único relevante del presupuesto será conocer las cifras dedicadas a la protección social y muy especialmente la reforma anunciada en la fiscalidad, y por ende el posible incremento de ingresos que ayude a mitigar el esfuerzo de gasto previsto, típico de un gobierno socialdemócrata.
Una vez conocido esto, lo único que verdaderamente afecta directamente al consumidor, el discutir sobre cómo se distribuyen las ridículas cifras de gasto discrecional que tienen los distintos ministerios, parece una broma. Estamos hablando que, una vez distribuido el gasto comprometido, pensiones, gasto de personal, transferencias corrientes a las comunidades autónomas y ayuntamientos y los organismos autónomos e infraestructuras, el remanente no supera los 6.000 millones de euros. Por tanto, el debate sobre esto parece estéril, máxime cuando el verdadero problema está en los elementos exógenos al presupuesto.
La situación actual de la economía española, con una recesión profunda que ha causado un fuerte incremento del desempleo, caída del PIB de más de un 4% en 2009 y unas perspectivas a corto plazo nada favorables, tiene sus orígenes en varios factores. Por un lado, una estructura productiva muy procíclica y muy dependiente de elementos exógenos, como la demanda externa de los países de nuestro entorno. Por otro lado, de una escasa propensión al ahorro, y por ende muy dependiente del consumo interno, y por una estructura empresarial muy atomizada, poco internacionalizada y absolutamente ligada al crédito bancario.
Estas condiciones explican una gran parte de por qué la economía española tardará más en salir de la recesión. La reciente encuesta del BCE revela que España lidera las dificultades de acceso al crédito, casi un 30% de las empresas encuestadas, frente al 15% en Alemania o Francia. Esto está sobredimensionado la magnitud de la destrucción de empleo en España, pues nuestra caída del PIB es muy inferior a la de la media comunitaria, y especialmente se nota cuando nos comparamos con Alemania o Reino Unido. El exceso de bancarización de la economía española, que a la postre ha supuesto una barrera a la entrada de competidores extranjeros, es una de las razones que hay que reformar, junto a la revisión de toda la fiscalidad y un cambio muy profundo en la formación de empresarios y trabajadores.
Es por tanto la financiación a empresas, y en menor grado a particulares, donde se debe hacer hincapié desde todas las instituciones, empezando por el Ejecutivo, pero también debe haber una presión social de los empresarios y consumidores. La banca española ha vivido unos años gloriosos, sin preocuparse por captar depósitos, y con una política de riesgos muy discutible, y ahora se encuentra en la tesitura de rehacer su balance, con ayudas públicas, destruyendo en muchos casos buena parte de la riqueza sana que queda en este país.
La responsabilidad del Estado está en diseñar una arquitectura financiera pública, como señala Stiglitz, que elimine o mitigue los ciclos de crédito y permita sortear situaciones como ésta. La valentía y responsabilidad de un Gobierno ahora no sólo está en aprobar estos Presupuestos, sino en abrir el canal de crédito apostando por un modelo público de financiación que elimine los fallos de mercado y permita el lanzamiento de una economía del conocimiento y de la innovación real. El modelo actual, ICO y otras, es claramente inservible, como lo aseveran todas las empresas consultadas.
Alejandro Inurrieta. Concejal del Ayuntamiento de Madrid y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles.