TRIBUNA

Reforma fiscal sistémica

Con un 60% del PIB de deuda pública más un 10% de déficit fiscal que se alcanzará al final de 2009, y puesto que los márgenes que todavía permite esta deuda en España no parece que se vayan a utilizar, la subida de impuestos se presenta de todo punto inevitable como ya se viene reconociendo. Pero no se trata sólo de subir impuestos, sino también de bajarlos. Por ello, al referirme a una reforma fiscal sistémica quiero decir que debería hacerse en función de un modelo integrado de medidas para la salida de la crisis. O sea, primero el modelo, y después la reforma, porque lo que nos estamos jugando no es el modelo ni la reforma, sino como superar la crisis lo antes posible.

Veamos como mera hipótesis los cinco pasos que conllevaría un modelo integral para la salida de la crisis: reforma fiscal estimulante; relanzamiento crediticio; medidas procompetitividad; cuantificación económica de inversiones y puestos de trabajo; y finalmente encauzar los efectos movilizadores del propio modelo. De estas cinco acciones, a llevar a cabo de manera prácticamente simultánea, voy a resumir solamente las tres primeras como introducción a la estrategia anticrisis:

En primer lugar, la reforma fiscal debería intentar que la disminución total de las cargas e impuestos que llamaremos "productivos (P)" (Actividades Económicas, Sociedades, Seguridad Social a cargo de la empresa, automóviles pequeños; y empresas de alta tecnología), implique un incremento de los que llamaremos "consuntivos (C)" (IRPF en el tramo alto, Lujo, automóviles grandes, Sucesiones y/o Transmisiones familiares, Patrimonio, Rendimientos del capital e IVA). La relación entre ambos debe servir para que cada uno de los sumandos resulte más conveniente para la finalidad del proyecto.

Por supuesto que otras figuras fiscales pueden ser consideradas siempre y cuando queden separados como estimulantes y no estimulantes desde la perspectiva económica. Dado, además, que España presenta una menor presión fiscal -unos 5 puntos de PIB en relación a los países europeos más desarrollados- y que es preciso reducir el déficit del 10% hasta dejarlo en el 3%, resultaría preciso aumentar la presión fiscal en un 7%. Incremento que puede dejarse en el 6% si el 1% restante se consiguiera reduciendo el gasto público (supresión ministerios, determinados gastos autonómicos y otros gastos de tipo consuntivo). De esta manera, el 6% de incremento podría distribuirse a lo largo de un periodo como el de 2009-2012 a razón de un punto y medio del PIB anual.

La formulación sería: P1 - 1,5% PIB1 = P2 y C1 + 2 (1,5% PIB1) = C2. Siendo P2 + C2 los nuevos ingresos fiscales en cada uno de los cuatro años del período. En otras palabras, se rebajarían en el 1,5% del PIB los impuestos productivos y lógicamente se subirían en el 3% del PIB los consuntivos con el fin de elevar la presión fiscal en un 1,5% del PIB anualmente en el periodo 2009-2012. Reforma fiscal que cumpliría así de una tacada cuatro objetivos: estimular la producción; ganar competitividad; reducir el déficit público; y redistribuir más equitativamente.

Segunda, relanzar los créditos a través de cuatro vías posibles: ICO/ente públicos para pago de deudas; ICO/Cajas de Ahorro para concesión de créditos; ayuda a la Banca en función de créditos previamente concedidos; y finalmente, limitando con carácter general los plazos de pago y/o devengo de intereses.

Tercera, en cuanto a las medidas procompetitividad podrían considerarse entre otras necesarias: la flexibilización de las relaciones laborales al nivel europeo; unificar criterios autonómicos para una mejor unidad de mercado; simplificación burocrática para la creación de empresas y negocios; contribución salarial temporal y altamente progresiva debida a la crisis; potenciar convenios de empresa versus de sector o nacionales; potenciar la participación del personal en los beneficios/pérdidas de las empresas; elevar las exigencias del sistema educativo a todos los niveles; reformar con la profundidad necesaria el sistema judicial; y finalmente incrementar la seguridad jurídica que parece hacer defecto en tantos aspectos.

Serie de acciones que podrían iniciarse desde ya, que apenas costarían dinero, que animarían tanto el consumo interno como la exportación, y que precisarían solo determinación política y el correspondiente esfuerzo personal de todos. ¿Puede calibrar el lector los efectos automáticos que tendrían estos tres paquetes de medidas sobre la economía y la crisis? Podrían ser notables, pero doctores tiene la Iglesia.

Francisco Parra. Catedrático emérito UCM