Presente y futuro en el Consejo de Ministros

El Consejo de Ministros de ayer abordó, entre otros aspectos urgentes, dos temas que ilustran muy bien la hoja de ruta impuesta por el ejecutivo. Por un lado, atender a aquellos trabajadores/as que pueden caer en la exclusión social, reforzando las medidas de política social extraordinarias y por otro estudiar el primer borrador de la futura Ley de Economía Sostenible.

La primera medida, el pago de un salario ligado a formación para parados que hayan agotado la prestación permite dar un respiro a más de 300.000 personas que podrían caer en una situación muy complicada. Esta medida, con un coste estimado de 400 millones de euros, era una de las principales medidas que se debería haber acordado entre todos los agentes sociales, pero ha sido imposible por la postura de parte de muchos de ellos, especialmente la CEOE. La efectividad de esta medida dependerá, primero, de la calidad e idoneidad de los cursos de formación, pero también de la complementariedad de este salario con las rentas de inserción de las Comunidades Autónomas. Poder unir ambas rentas, permitirá volver a la senda de consumo razonable y nivel de dignidad de un país desarrollado.

Esta medida, muy criticada desde posiciones ideológicas conservadoras y economistas de parte, ha sido utilizada desde hace mucho tiempo en economías muy avanzadas como Alemania, Finlandia y Dinamarca, para realizar el tránsito de sectores en crisis o maduros, hacia nuevos yacimientos de empleo. Esta es una de las razones por la que Alemania presenta cifras de desempleo más bajas. Durante este periodo no se computan como parados puesto que están en fase de reciclaje. El éxito de estas medidas en estos países ha recaído en la calidad, idoneidad y receptividad de las empresas y trabajadores a este esfuerzo gubernamental. La experiencia en España con programas parecidos, los cursos del extinto Forcem, merece ser olvidada, puesto que supuso la financiación irregular de los agentes sociales, algo que dice muy poco de su idoneidad para gestionar estos fondos. Tampoco las instituciones locales y autonómicas, como ocurrió con el Ayuntamiento de Madrid, son ejemplos de buena gestión.

Sólo si se enfoca este esfuerzo educativo y de tránsito de capacitación profesional con rigor, profesionalidad y excelencia, apreciaremos en un futuro no muy lejano, un repunte del empleo no ligado a la estacionalidad o la inversión pública de emergencia.

Esta medida, coyuntural y de emergencia, se puede combinar bien con lo que puede ser la gran apuesta pública del futuro. Gestar un gran acuerdo social, político y empresarial para transitar hacia una economía en la que otros sectores, pero sobre la presencia de un capital humano más formado, alcancen un peso superior que nos haga ser menos dependientes del ciclo.

Esta Ley de Economía Sostenible que se espera vea la luz antes de final de año, es una de las grandes apuestas de esta legislatura. Esta quimera, puesta en duda por muchos sectores que se han lucrado con la construcción especulativa y medios de comunicación tan sectarios como algunos agentes sociales, es criticada por la imposibilidad teórica de cambiar un modelo de crecimiento por ley. Esto, que es cierto desde una óptica estrictamente ortodoxa del análisis económico, no puede esconder que son las empresas desde sus expectativas de rentabilidad, las que tienen que ir poblando la geografía de empresas nuevas con nuevos yacimientos de empleo. Estos pueden estar en energías renovables, envejecimiento, turismo sostenible, biomedicina, servicios ligados a la tercera edad y especialmente un plan para convertir las ciudades en centros de excelencia empresarial, con medios de transporte alternativos (bicicletas) y servicios sociales punteros.

Para ello, se necesita una mezcla de revolución del conocimiento, la Universidad y la FP deben estar ligados a las necesidades del territorio y ser centros de excelencia, lo cual implica cerrar muchos centros universitarios obsoletos y de una calidad ínfima, que sólo sirve para despilfarrar dinero público.

En segundo lugar, una nueva forma de hacer empresa. No es posible el cambio con la actual mentalidad empresarial, ni con las formas de negociación sindical existentes. Las relaciones laborales, sin perder ningún derecho, tienen que superar las veleidades corporativas de las cúpulas de sindicatos y empresarios. Para ello, las rentas derivadas de la negociación deberían ser aprovechadas únicamente por aquellos trabajadores y empresarios que formen parte de las organizaciones sindicales y empresariales.

En resumen, el presente está en curso, pero necesitamos el futuro.

Alejandro Inurrieta. Concejal del Ayuntamiento de Madrid por el PSOE