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Tribuna
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Cajas de Ahorros SA

Nuestro sistema financiero tiene problemas con la regulación de las cajas de ahorros, como se está poniendo de manifiesto en la auténtica prueba de estrés que es la crisis. Las cajas pasaron por los tiempos de reestructuración de la banca -desde mediados de los 70 a principios de los 90- sin ver alterada significativamente su configuración, lo que ha provocado un exceso de competidores y sucursales.

En general, las cajas se gestionan de forma profesional y están sometidas al mismo supervisor experimentado -el Banco de España- que los bancos, suficiente para que se libren de problemas específicos. Pero asistimos a luchas políticas por su control, algunas muy aparentes, otras más taimadas. Vemos decisiones cuya principal motivación es localista o política. Las cajas participan en bancos, pero no al contrario. Hay gestores que permanecen décadas en la dirección de una caja y actúan como propietarios. Aparecen dificultades de recapitalización porque se pide capital sin dar al que lo aporta derecho a decidir.

Como cabría esperar, los problemas subsiguientes a toda situación de crisis se ven agravados por la pobre gestión de la regulación. El sector estará mejor si se promueven concentraciones y se facilita la tarea para lograrlo entre cajas de distintas autonomías o si las cuotas participativas llevan aparejados derechos políticos. Pero es de temer que la cuestión básica de las cajas siga sin resolverse: ¿cuál es la lógica del reparto de poder dentro de ellas? Si las autonomías pierden protagonismo ¿alguien garantiza que la influencia política desaparecerá o será de mejor calidad? Si las cuotas participativas tienen derechos políticos ¿cómo se equilibrará su poder con el de los demás agentes que ejercen influencia?

Se están buscando parches para no solucionar los problemas, porque no interesa. El mundo político no quiere perder su influencia en empresas que parecen privadas pero que no lo son. Grupos de interés claman contra su privatización, ¿pero no eran ya privadas?

Las cajas se han ido separando del control de quién las pusiera en marcha y de su vocación local. No parece que el mejor camino sea alejarlas aún más de sus orígenes, convirtiéndolas en empresas grandes pero con reglas de funcionamiento pensadas para escalas reducidas y tiempos que no volverán.

En las cajas no hay una relación clara entre el poder y el riesgo y eso es un grave déficit en la parte más delicada del sistema económico, que es la estructura del sector financiero. La solución a los problemas pasa por convertir, en un periodo razonable, a las cajas en SA.

Tras la transformación, las cajas pueden seguir siendo públicas, privadas o de propiedad mixta. Las acciones pueden quedar en manos de las entidades fundadoras o de los empleados o de una fundación, para asegurar la obra social. Nada impediría que las cosas sigan como ahora, pero se habrían aclarado las reglas de juego.

Convertir las cajas en SA es condición necesaria para que operen sin trabas y sin influencias perjudiciales. Excluir a estas entidades del modelo de sociedad mercantil en el que se encuadran las demás empresas de cierta dimensión es contrario a la lógica económica y, por tanto, peligroso, pues dificulta su gestión, su reestructuración, su internacionalización y su acceso al mercado de capitales.

Enrique Sáez Ponte. Empresario y autor del libro "La energía oscura del dinero".

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