Una ley de renovables para cumplir con Europa
El pasado 24 de junio entró en vigor la nueva Directiva europea de Renovables que establece la hoja de ruta de la política energética sostenible que Europa deberá poner en marcha. Para ello, en el plazo de un año, cada país tendrá que presentar un plan de acción nacional de renovables 2011-2020 en el que, en el caso de España, deberá incluir el objetivo vinculante del 20% de energías renovables en la planificación energética.
La Directiva 2009/28/CE para el fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables fue publicada el pasado 5 de junio en el Diario Oficial de la Unión Europea. La justificación ha sido el incumplimiento de la anterior directiva de 2001 que establecía el objetivo indicativo del 12% de renovables para 2010. El nuevo objetivo, esta vez obligatorio, es el 20% de energía primaria en 2020. Además, la debilidad energética de Europa se ha agravado de tal manera, como se puso de manifiesto durante la última crisis del gas con Rusia, que se hace urgente crear un embrión de política energética común. Finalmente, los impactos ambientales y económicos del cambio climático obligan a acelerar los planes de reducción de emisiones. Todo un cambio de modelo energético basado en el desarrollo masivo de renovables.
APPA y Greenpeace presentamos previamente nuestra propuesta de anteproyecto de ley para el fomento de las energías renovables. La coincidencia no ha sido casual sino debida al convencimiento de la estrecha relación entre ambos documentos. Para España alcanzar el 20% de renovables, partiendo del 7,6% actual, supone triplicar todo el esfuerzo realizado hasta ahora. Por eso, la transposición de la directiva al ordenamiento jurídico español debería hacerse con urgencia y a través de una ley de renovables que impulse la inversión privada necesaria para alcanzar un objetivo tan ambicioso.
El anteproyecto de APPA y Greenpeace surge como propuesta de colaboración y de diálogo dirigida a los partidos políticos, la Administración y la sociedad. La ley que hemos propuesto parte de un expreso reconocimiento de las externalidades de las energías renovables y de su carácter estratégico para el urgente cambio de modelo energético que van a exigir los riesgos en la seguridad de suministro y las elevadas emisiones de CO2.
Cumplir los ambiciosos objetivos de renovables para 2020 representa una oportunidad para contribuir al cambio del patrón de crecimiento impulsando una industria y una tecnología nacional que crea riqueza y empleo y lidera la energía limpia en el mundo. Las empresas españolas de renovables han logrado un alto nivel de internacionalización que nos sitúa en condiciones de ser más ambiciosos y plantearnos llegar hasta un 30% de consumo de renovables en 2020.
Para alcanzar estos objetivos es necesario afrontar las barreras que, a juicio de la Comisión Europea, impiden hoy el crecimiento de las renovables: inestabilidad regulatoria, complejidad de la tramitación administrativa y dificultades de conexión a la red.
De acuerdo con la directiva, la aportación de las renovables va a ser decisiva para la solución de nuestros riesgos energéticos. El crecimiento de la demanda de renovables está mejorando su competitividad a un ritmo acelerado, así como propiciando un desarrollo tecnológico que las convierte en la tecnología energética de más rápida implantación.
Las renovables son las únicas que, ante una mayor demanda, reducen sus precios de generación, justo al contrario de la totalidad del resto de tecnologías de producción de energía, que responden con alzas de precios a una mayor demanda. Esta ventaja, añadida a su carácter inagotable y autóctono, hace que sean claramente beneficiosas en una estrategia energética sostenible.
Pero para aprovechar todas sus ventajas es necesario establecer un marco normativo estable, que dé seguridad y confianza a los inversores. Eso es lo que pretende el anteproyecto de ley de APPA y Greenpeace. La ley de renovables va a ordenar los contenidos que tendrán que incorporarse al futuro plan de acción nacional de renovables 2011-2020, de acuerdo con el modelo que establece la directiva y que el Gobierno deberá presentar en junio de 2010.
La iniciativa de APPA y Greenpeace es una demostración de que es necesario y posible un gran consenso nacional sobre la energía frente a la falta de diálogo y de transparencia, una política energética que supere el intervencionismo de corto plazo y un marco de regulación estable que envíe al mercado las señales que está esperando para ese cambio de modelo energético que la Unión Europea aprobó en la primavera de 2007.
José María González Vélez. Presidente de la Asociación de Productores de Energías Renovables-APPA