Un modelo que lleva la firma de Castells

Pedro Solbes deseaba estampar su firma en el nuevo modelo de financiación antes de abandonar la vicepresidencia económica del Gobierno. No fue posible y, ahora, todo indica que será su sucesora, Elena Salgado, quien se llevará el tanto de haber logrado un consenso tras más de un año de negociaciones que, por momentos, parecía imposible que llegaran a puerto alguno.

El acuerdo cerrado con Cataluña supone un paso decisivo para alcanzar un pacto definitivo. A pesar de que no lo digan públicamente, nadie en el Gobierno central ni en el Ministerio de Economía se planteaba llegar a un pacto global de financiación con la oposición de la Generalitat catalana, que ha liderado la negociación.

Si bien el futuro modelo llevará la firma de Salgado, el consejero catalán de Economía, Antoni Castells, también puede atribuirse parte de la autoría, ya que el modelo propuesto por el Gobierno parte -e incluye- la mayoría de exigencias catalanas. La primera y más importante supone un cambio en la filosofía del sistema. Por primera vez, se aplicará la llamada solidaridad parcial, que supone que los mecanismos de redistribución se limitan a los servicios básicos -sanidad, educación y servicios sociales- y el resto de competencias y áreas dependerán del esfuerzo fiscal de cada comunidad autónoma. Este punto beneficia a aquellos territorios como Cataluña, Baleares o Madrid, más dinámicos económicamente.

Limitar la redistribución a los servicios básicos supone un cambio de filosofía

El Gobierno también ha aceptado aumentar los porcentajes de cesión hasta el 50% del IRPF y el IVA desde su nivel actual del 33% y el 35%. Y los impuestos especiales pasan del 40% al 58%, lo que beneficia nuevamente a las comunidades con mayor capacidad recaudatoria.

Por otra parte, hay otra novedad que ha quedado rezagada en el debate autonómico -centrado en exclusiva en las cifras- y que puede afectar decisivamente a los contribuyentes en un futuro próximo: los Ejecutivos autonómicos podrán retocar el número de tramos en el IRPF, fijar los mínimos personales y familiares o aprobar deducciones en la cuota del impuesto sobre la renta. Esta era otra de las prioridades de Cataluña, que, en este punto, goza del favor de la mayoría de comunidades.

El protagonismo catalán en la reforma se debe a dos factores: por un lado, la Generalitat ha hecho de la mejora de la financiación el caballo de batalla de esa legislatura. Y, por el otro, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, apoyó un Estatuto catalán -que tiene rango de ley orgánica- en el que se especifican puntos clave del nuevo modelo. Además, sin Cataluña -donde el PP es la cuarta fuerza política- resulta imposible explicar la victoria socialista en las elecciones generales.

El acuerdo alcanzado con la Generalitat permitirá que las comunidades gocen de mayores recursos propios -las transferencias del Estado pasarán de suponer el 30% de los ingresos autonómicos al 10%- y su capacidad normativa también aumentará considerablemente.

Comunidades gobernadas por el Partido Popular como Madrid, Valencia o Murcia saldrán beneficiadas con el nuevo modelo, por lo que resulta difícil que se opongan.

Incentivos para todas

Las comunidades menos dinámicas saldrán menos favorecidas relativamente. Sin embargo, en números absolutos, todas las regiones verán incrementados, en mayor o menor medida, sus recursos. Esa es la gran baza con la que cuenta el Gobierno para alcanzar un acuerdo. Así, parece improbable que alguna comunidad -como hizo Andalucía en el pasado- opte por apartarse del nuevo modelo para seguir aplicando el sistema aprobado en 2002.

Aun así, no es descartable que el llamado frente del noroeste -Castilla y León, Galicia, Asturias y Rioja- acudan al Consejo de Política Fiscal del próximo miércoles bajo una misma bandera y se opongan al modelo. Ahora bien, rechazar la nueva financiación supondrá dificultades añadidas para optar a los recursos adicionales que el Gobierno pondrá encima de la mesa.