Trilerismo en el Ayuntamiento de Madrid
Un economista metido a concejal en un ayuntamiento como el de Madrid no deja de sorprenderse que en cada debate importante de la capital del Reino se cometan tantos errores de bulto, incluso de concepto, con el único ánimo de ganar un debate. Esta supuesta victoria, que sólo puede atribuírsela porque los que escuchan estos debates saben aún menos que los políticos que cometen estos errores, debería hacer reflexionar tanto al alcalde, como a su concejal de Hacienda, que se supone han aprobado un título universitario, e incluso una oposición.
Estos errores de bulto se refieren, y son argumentos recurrentes en la Casa de la Villa últimamente, a la comparación del grado de endeudamiento de la ciudad con la del Estado y también al supuesto maltrato que en términos de financiación autonómica y local sufre la Comunidad de Madrid.
Comenzaré por el tema del endeudamiento. Sabido es que el Ayuntamiento de Madrid es el más endeudado de España, tanto en términos absolutos (más de 7.000 millones de euros), como en deuda por habitante. Esta situación, que el alcalde quiso atribuir a todos los alcaldes de la democracia, está muy clara que se agudiza a partir del año 2003, cuando el monto de la deuda era de 1.500 millones de euros. El origen de esta deuda está definida, y es fundamentalmente la obra de soterramiento de la M-30, aunque después los gastos de instalaciones olímpicas y una corte de más de 6.000 cargos de confianza (conocida como la Red 6000) han ayudado a engordarla. Hasta aquí la cuestión no merecería ningún análisis, pues el ayuntamiento ha utilizado la máxima socialdemócrata más ortodoxa: financiar el gasto en infraestructuras con endeudamiento, apoyándose también en una subida de impuestos selectiva como ha hecho el Ayuntamiento de Madrid en 2009 (un incremento medio del 21%).
La critica surge cuando se llega a comparar la gravedad del endeudamiento del consistorio con la deuda del Estado como si ambas Administraciones tuvieran las mismas competencias. Es decir, que el Ayuntamiento de Madrid también tiene un ejército, unas embajadas, paga las infraestructuras del resto del país, se hace cargo del subsidio de desempleo o las pensiones no contributivas. Esta mezcla de conceptos choca con el mínimo rigor a la hora de armar un debate político, confunde a los ciudadanos y desvía toda responsabilidad autonómica y municipal en materia fiscal y financiera hacia el Estado. Por no hablar de la comparación entre el montante de un gasto en inversión, como el Fondo Estatal de Inversión Local, con el gasto corriente en bomberos para minimizar el alcance de su efecto en la economía madrileña.
Parte de este argumentario falaz se apoya en la crítica sistemática a la insuficiencia financiera de los entes locales, así como de la discriminación económica que sufre Madrid porque el Gobierno actual, entre otras cosas, no reconoce a más de un millón de habitantes. Lo que deben saber los ciudadanos es que el sistema actual de financiación autonómica se firmó y pactó en el año 2001, cuando gobernaba el Partido Popular. La resolución del entonces sudoku popular, no muy distinto del que se está intentando solventar hoy, es el único responsable de las posibles insuficiencias financieras de Madrid. Este modelo tenía dos características muy llamativas. Una que se autodenominaba definitivo y permanente y la otra es que rompía totalmente la dinámica del modelo. Lo que supuso en realidad fue un gran incremento de autonomía financiera que vino acompañada de la desaparición casi total de las garantías de suficiencia dinámica vigentes en los quinquenios anteriores.
Con la cesión de nuevas fuentes de ingresos y de nuevas competencias normativas, las comunidades autónomas pasaron a asumir un mayor riesgo financiero, dado que el Gobierno central sólo se comprometía a garantizar los recursos destinados a la sanidad durante los tres primeros años de vigencia del nuevo modelo. A partir de entonces, la evolución de cada una de las fuentes tributarias autonómicas sería la que determinaría la capacidad de cada territorio para financiar los servicios públicos transferidos. Esto se traduce en que el modelo no puede recoger todo el incremento poblacional de derecho que ha sufrido la Comunidad de Madrid desde el año base, es decir desde 1999. A partir de 2004, todo el déficit sanitario lo debería financiar con los transferidos por el Estado o con los propios.
Con la ley en la mano, Madrid no debería reclamar más recursos y bajar los impuestos a la vez, ni mezclar la deuda de la M-30 con el esfuerzo del Gobierno para sacar a España de la crisis. Pero eso es pedir demasiado, se llama responsabilidad y rigor.
Alejandro Inurrieta. Concejal del Ayuntamiento de Madrid