COLUMNA

Reformas sí, salvavidas no

Durante los cinco o seis primero años del milenio las economías industrializadas y otras emergentes, como China, India o Brasil, vivieron instaladas en la fase más favorable de un largo ciclo económico que combinaba un alto crecimiento real con una reducción del desempleo y de los tipos de interés y un pujante comercio internacional.

Simultáneamente, los flujos internacionales de capital permitían que los países emergentes ahorradores financiasen el exceso de gasto doméstico de Estados Unidos sin necesidad de que las autoridades de ese país -o del nuestro- se vieran obligadas a adoptar medidas impopulares. Los bajos tipos de interés, combinados con la abundancia de crédito, permitieron a familias y empresas embarcarse en un gasto que parecía ser ilimitado.

Por añadidura, los mercados financieros pusieron en circulación instrumentos que facilitaban, aparentemente, diversificar el riesgo sobre todo del sector bancario hacia otros sectores no bancarios. Lo que pocos -incluidos varias instituciones reguladoras- se dieron cuenta entonces es que ello implicaba la transferencia de esos riesgos de unas instituciones más a otras menos reguladas y de unos balances más transparentes a otros más opacos.

El caso es que la situación reportaba beneficios generales: a las empresas y familias porque les permitía endeudarse mucho y aparentemente en buenas condiciones, a los bancos y otros intermediarios financieros porque les facilita reordenar convenientemente sus balances, reducir su morosidad y elevar su rentabilidad y, en fin, a las autoridades monetarias y supervisoras porque realzaba la eficacia de su actuación. Así pues, todos contentos.

Pero en 2007 empezaron a materializarse algunas preocupaciones que, paradójicamente, los propios bancos centrales habían expresado en informes muy técnicos y poco divulgados. Los vaivenes del dólar resaltaban cada vez más su dependencia respecto a la buena voluntad de los inversores públicos del Lejano Oriente, el endeudamiento de las familias rebasaba con mucho su renta disponible, la inflación repuntaba obligando a los bancos centrales a elevar paulatinamente sus tipos de interés y un extraño y obscuro mercado en Estados Unidos -el de las hipotecas de elevado riesgo- estalló y contagió no sólo a otros tipos de hipotecas sino también a una amplia gama de productos estructurados, acrecentando los recelos de los inversores acerca de la seguridad incluso de títulos que gozaban de la máxima calificación crediticia. Se instaló de esa forma una alta volatilidad y se redujo la liquidez, los bancos empezaron a preocuparse por sus posibles pérdidas y acentuaron su actitud conservadora respecto al crédito a la clientela que tan pródigamente habían otorgado antes. Como, además, la fase expansiva del ciclo económico real se agotaba, se inició una brusca desaceleración que alcanzó a todos los países pero que en algunos, como Estados Unidos y España, cobró especial virulencia debido a la desmesurada importancia cobrada en ellos por el sector de la construcción.

Quien haya tenido leído los informes de estabilidad financiera (IEF) , publicados semestralmente por el Banco de España, recordará las preocupaciones de nuestro banco emisor ante un proceso que, estoy seguro, pensaba pero no dijo, conducía con casi total seguridad al desastre en que nos encontramos. Un desastre caracterizado en la economía real por tasas negativas de crecimiento del PIB, aumento imparable del paro, reducción brusca del consumo y la inversión privadas y desequilibrios profundísimos en las cuestas públicas y en el endeudamiento nacional. Pero ello va de la mano con la paralización de los mercados interbancarios, las restricciones de crédito, el crecimiento en la morosidad y el desplome bursátil. Pero parece que los IEF no fueron leídos por los responsables de bancos y cajas de ahorros o que creyeron que tasas de crecimiento del crédito al sector privado del 23%-25% -que llegaban a casi el 39% cuando del sector inmobiliario se trataba- podían mantenerse indefinidamente mientras los depósitos avanzaban a duras penas la mitad y el endeudamiento de las familias se acercaba al 140% de su renta disponible.

Pero ha llegado la hora de la verdad que la intervención de una caja de ahorros anunció y se habla de planes para recapitalizar entidades con dinero público. ¡Ojalá no sea necesario, pero si resultase preciso se impondría la máxima transparencia y la política que cada uno pague por sus errores! Y para empezar sería bueno saber qué está pasando con la caja intervenida y qué futuro tiene.

Raimundo Ortega. Economista