El modelo europeo se decide en las urnas
España se juega mucho en las elecciones del próximo 7 de junio. Lo mismo que Francia. Y Alemania. O Malta o Estonia. Ese día los votos de todos los europeos cuentan exactamente lo mismo, con independencia del tamaño o la riqueza del Estado en que residan. Y si ese derecho a ser oídos por igual ya tiene un valor incalculable en las democracias nacionales, su trascendencia aumenta si cabe cuando se ejerce en el marco de uno de los mayores ejercicios de cesión de soberanía que se han llevado a cabo en toda la historia.
Los ciudadanos de los 27 Estados que han suprimido sus fronteras, integrado sus mercados y unificado sus divisas, podrán decidir hacia qué modelo social, económico o medioambiental se orienta ese espacio común construido voluntaria y democráticamente. Y esa elección no es, ni mucho menos, baladí.
De la Unión Europea emana el 80% de la legislación que se aplica en España. Y siete de cada diez de esas normas requieren el visto bueno del Parlamento europeo para que puedan ser aprobadas. La Eurocámara ha ido ganando poder en las últimas legislaturas y seguirá haciéndolo, si el Tratado de Lisboa entra finalmente en vigor, durante la que va de 2009 a 2014. Del Parlamento dependerá desde la regulación del sector bancario que surja de la actual crisis hasta las normas sobre la calidad del aire o el agua en el último rincón del continente. Y en ambos terrenos, el financiero y el medioambiental, la Unión Europea quiere ejercer un liderazgo mundial, de modo que la votación del próximo 7 de junio tiene resonancias más allá de las fronteras comunitarias.
Por eso las elecciones al Parlamento europeo deberían ser mucho más que una mera ocasión para reforzar o castigar al Gobierno del país. Aunque es inevitable que la batalla electoral se centre en los temas candentes en cada Estado, ni los partidos políticos ni los votantes deberían perder de vista que el resultado de la convocatoria europea trasciende la mera lectura nacional. Juan Fernando López Aguilar, por el PSOE; Jaime Mayor Oreja, por el PP, y el resto de candidatos deberían atraer a los ciudadanos españoles hacia las urnas con una explicación clara del modelo de Europa que defenderán si salen elegidos durante el próximo lustro. Los temas en que un Parlamento de mayoría conservadora (como el saliente) o progresista puede marcar la diferencia son muchos. Desde la política de emigración a las opciones energéticas de Europa; desde el escrupuloso respeto a los derechos de la privacidad en internet hasta la liberalización absoluta de los horarios comerciales.
A los candidatos no les falta materia para marcar sus diferencias. Después, cada votante podrá elegir la opción que mejor responda a sus inquietudes políticas. Pero sería un error desperdiciar la ocasión de influir directamente en la escena comunitaria, que sólo se brinda cada cinco años.
Y si algún votante se siente tentado de minusvalorar la convocatoria porque de ella no saldrá un Gobierno propiamente dicho, debería repasar, antes de optar por la abstención, el número e importancia de las normas aprobadas o abortadas por el hemiciclo de Estrasburgo entre julio de 2004 y mayo de 2009. En total, se han rematado 404 procesos legislativos en pie de igualdad con el Consejo de Ministros de la UE (donde se sientan los Estados, con una representación acorde a su peso demográfico). El Parlamento aprobó la directiva que permite retener a un emigrante ilegal durante 18 meses. O la que establece un registro para las agencias de rating. Allí embarrancó la norma que hubiera permitido generalizar en toda Europa la semana laboral de 65 horas. Y se modificaron profundamente la directiva de liberalización del sector servicios o el control de las sustancias químicas que se utilizan en la industria europea.
El Parlamento que emane de las próximas elecciones también dejará una impronta de similar trascendencia. Continuará la reforma del sector financiero, con nuevas normas para los hedge fund y el capital riesgo. Tramitará la directiva que pretende ampliar hasta 18 semanas el permiso de maternidad para las trabajadoras. Y encauzará la reforma de la Política Agrícola Común, la negociación de los presupuestos y los fondos europeos a partir de 2014, y la posible adhesión de Turquía. Temas demasiado importantes, demasiado trascendentes, como para dejar que el Parlamento se convierta en el reflejo de unas urnas medio vacías, dominadas por las opciones marginales o euroescépticas.
