Abrir negocios sin lastres
Más rápido, más barato, mejor. Los procesos para crear una empresa en España siguen siendo de los más largos de los países desarrollados. La aplicación de la Directiva de Servicios, prevista para este año, es una oportunidad para acelerar una reforma que permitirá aumentar la productividad y ahorrar costes.
La tradicional propensión a la burocracia de los españoles sobrevive con cierta salud a la integración europea, y en crisis como la actual se revela como un obstáculo para que los valientes que apuesten por ir contra corriente y crear una empresa puedan acelerar los trámites. Es algo en lo que coinciden tanto el Gobierno como los empresarios, y el propio José Luis Rodríguez Zapatero ha señalado que las reformas estructurales son la principal arma del plan anticrisis.
En la última década los sucesivos Gobiernos han dado grandes pasos en reducir las cargas administrativas, como destacó la OCDE en febrero. En su informe quinquenal sobre competencia resaltó que los mercados españoles se han vuelto "más abiertos a las presiones competitivas", y que en los últimos años ha mantenido el rumbo pese a que en la mayor parte de los países avanzados "la velocidad de las reformas disminuyó". España pasó del puesto 19 en 2003 al séptimo en 2008 en el indicador de esfuerzos para reducir la legislación. Sin embargo, la creación de empresas es un punto negro. "Los empresarios todavía han de cumplimentar un gran número de procedimientos, especialmente cuando desean crear una sociedad limitada", lamentaba el informe.
Antes del 31 de diciembre hay que aplicar en toda su dimensión la directiva de servicios de la Unión Europea, y acabar con las incompatibilidades con las leyes nacionales, autonómicas y locales. Las medidas que contemplaba el anteproyecto de ley anunciado en octubre pasado se han empezado a concretar los dos últimos meses. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró el 23 de abril que en octubre de este año se pondrá en marcha un proyecto piloto de ventanilla única en siete comunidades, que permitirá simplificar todo tipo de gestiones de los ciudadanos, y en concreto la creación de empresas.
La duplicidad normativa del sistema autonómico es un problema reconocido por la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, cuando era ministra de Administraciones Públicas. Salgado ya participó en la reforma de la administración en el primer Gobierno de Felipe González, en los años ochenta, aunque esta vez el objetivo no es tanto mejorar el funcionamiento interno como favorecer la competitividad y la productividad de los clientes, es decir, las empresas.
Las comparaciones dejan a España en mal lugar. En la OCDE, la media para abrir una empresa (incluyendo la obtención de la licencia municipal) es de 13,4 días; en la UE, 20,3 días; y en España, 47, según el informe Doing Business del Banco Mundial. Además, hay que realizar una decena de procedimientos, casi el doble que la media OCDE (5,8). Los necesarios para registrar la empresa en España son los siguientes: Solicitar una certificación de denominación negativa, que es el requisito previo; depositar el capital social mínimo (3.000 euros) en una entidad de crédito y solicitar la emisión del correspondiente certificado; otorgar la escritura ante notario; pedir el NIF provisional ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria; pagar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales ante el responsable tributario de la correspondiente Comunidad Autónoma; y finalmente presentar la escritura pública para su inscripción en el Registro Mercantil.
La fórmula Nueva Empresa, que permite crear un negocio de forma telemática en los Puntos de Asesoramiento e Inicio de Tramitación (PAIT), es desde 2003 una alternativa más rápida, pero no ha tenido mucho éxito. En los PAIT se cumplimenta un documento único electrónico que unifica hasta una quincena de formularios en papel. En manos del emprendedor queda exclusivamente la firma ante el notario. Pese a las ventajas, el año pasado sólo recurrieron a ellos 8.500 empresas, un 8% del total. Las asociaciones empresariales reclaman incentivos fiscales para que se popularicen, o que se liberalice la competencia de los registros, como ocurre en otros países de nuestro entorno.
Quien consigue superar las pruebas, propias del mismo Hércules, para registrarse por lo mercantil, aún tiene que pedir licencias a las administraciones para ejercer su actividad. El anteproyecto de ley del Gobierno pretende que baste con una comunicación por parte del interesado. Se trata de desterrar la visión del empresario como un sospechoso a priori, aunque haya que asumir ciertos riesgos.
El silencio administrativo será el único requisito necesario para las actividades industriales, el sector energético y las telecomunicaciones, aunque en casos excepcionales, por razones de salud pública, protección del medio ambiente u orden público, se podrán exigir ciertos trámites, eso sí, sin distinción por nacionalidad. La autorización será válida para todo el territorio nacional y la duración será indefinida. Los consumidores también deberían salir ganando, si los empresarios cumplen su compromiso de responder a las reclamaciones en un mes como máximo.
Los beneficios de las reformas también deberán notarse en los costes. En España el gasto de la creación de empresas es del 14,9% de la renta per cápita, mientras que en los anglosajones y los nórdicos es prácticamente nulo. En esta legislatura el Gobierno pretende reducir la burocracia administrativa, no sólo en lo referido a la creación de empresas, en un 30%, lo que supondría un ahorro de entre el 1% y el 1,5% del PIB, según estimaciones de la UE.
La creación de empresas no sigue el ritmo previsto por el Gobierno, para cumplir con las recomendaciones de la UE. Entre 2004 y 2007 la tasa de empresas creadas respecto al total de existentes ya bajó del 7% al 6,5%, y la recesión hace más difícil aún que se llegue al 9% previsto para el año que viene. Los agentes implicados (instituciones y empresas) coinciden en que se puede aprender de otros países, como el Reino Unido, que han hecho el camino antes que España. El objetivo a largo plazo es que las empresas puedan autorregularse.
El Gobierno central y los autonómicos deben ir de la mano para que las reformas se hagan efectivas. En algunos casos, como en Andalucía, están haciendo reformas, pero solicitan al Ejecutivo que les permita mayor margen normativo. Otra de las comunidades más avanzadas en este empeño es Cantabria. Es importante que se impliquen comunidades que tienen más competencias transferidas, como el País, Vasco, así como los ayuntamientos, en especial los de las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Tanto la vicepresidenta Elena Salgado como el vicepresidente de Cooperación Territorial Manuel Chaves tienen, en sus puestos recién estrenados, la responsabilidad de coordinar un proyecto reclamado por todos y que no se puede quedar atascado por las urgencias económicas.