Los inspectores acusan al Gobierno de no aplicar la política defendida en el G-20
La Organización de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) acusó ayer al Gobierno de hipócrita por postularse en los foros internacionales contra los paraísos fiscales, mientras que en España está en trámite de aprobar un real decreto que permitirá a los extranjeros -residan en paraísos fiscales o no- comprar deuda pública española sin necesidad de identificarse.
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se ha alineado con Alemania y Francia en foros internacionales como el G-20 para reclamar una actuación decidida contra los paraísos fiscales en un momento en que la comunidad internacional está más sensible contra el fraude fiscal ante la caída de la recaudación y el aumento del déficit público. Una actitud que los inspectores de Hacienda aplauden aunque critican que, al mismo tiempo, el Ejecutivo trabaje en un proyecto de real decreto en el que facilita la compra de deuda pública española por parte de residentes en paraísos fiscales.
Actualmente, cuando un extranjero pretende comprar deuda española está obligado a identificarse y a cumplir una serie de obligaciones formales burocráticas ante las entidades emisoras e intermediarios, que luego mandarán esa información a la Agencia Tributaria. Todo ello desaparecerá si finalmente, como es previsible, se aprueba el proyecto de real decreto que Hacienda ya ha enviado a distintos colectivos empresariales para su evaluación.
El Gobierno sostiene que las obligaciones formales de información pierden sentido después de que el pasado marzo se aprobara la reforma de la ley que regula la fiscalidad de los inversores no residentes. Hasta entonces, los extranjeros que compraban deuda pública debían identificarse porque si residían en paraísos fiscales se les aplicaba una retención del 18% sobre los rendimientos obtenidos en renta fija y, por tanto, no podían aplicarse la exención de la que gozan el resto de inversores extranjeros. El Gobierno eliminó en marzo esta restricción y, por tanto, entienden que la obligación de identificarse carece de importancia.
Sin embargo, los inspectores sostienen que el cambio normativo se traduce 'en un paso más para incentivar la captación de los capitales en paraísos fiscales y supone una importante pérdida de información para la Administración española'.
Suiza juega a la ambigüedad
La ofensiva de la comunidad internacional contra los paraísos fiscales está provocando que los llamados territorios offshore anuncien medidas de apertura de sus sistemas bancarios para evitar posibles sanciones. El Gobierno suizo tuvo que salir a calmar a los legisladores de izquierda y derecha, nerviosos ante la posibilidad de perder el principal pilar del sistema financiero suizo. 'No entiendo el pánico. No hemos levantado el secreto bancario', aseguró el presidente del Gobierno federal, Hans-Rudolf Merz. Suiza, al igual que Luxemburgo, Austria o Liechtenstein han optado, ante la presión internacional, por aumentar el intercambio de información con otras administraciones siempre y cuando exista una sospecha fundada de que exista delito, ya sea fiscal o de otro tipo. Para los inspectores de Hacienda se trata de sólo un pequeño paso.
Por otra parte, el periódico The Guardian informó ayer que el Gobierno del Reino Unido pretende suspender el Parlamento de las islas Turcas y Caicos, un paraíso fiscal de ultramar dependiente del Reino Unido que se encuentra en el Caribe y que, según el Ministerio de Exteriores, está expuesto a la 'corrupción sistemática'.
Presiones para cerrar los expedientes
Los inspectores de Hacienda denuncian que en el último año -coincidiendo con la crisis- están recibiendo presiones de la Agencia Tributaria para acelerar el cierre de los expedientes bajo la amenaza de no recibir el complemento de productividad. Consideran que esta política resulta contraproducente porque no permite estudiar a las tramas más complejas de fraude, que requieren de más tiempo de investigación.