¿Privatizar los servicios de empleo para combatir el paro?
En los últimos meses, de forma discreta, pero reiterada, ha saltado a la opinión pública un debate, que aunque no es nuevo sí se plantea ahora en un nuevo contexto, sobre el papel que en la crisis están llamados a jugar los servicios privados de colocación. Incluso parece que en las últimas semanas este debate, en buena medida promovido por las organizaciones empresariales, ha tensado el diálogo social y ha llegado a convertirse en un escollo para alcanzar un acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales. Se argumenta que las empresas de trabajo temporal pueden y deben convertirse en agencias de colocación con ánimo de lucro, y atender a los desempleados también cuando buscan empleo indefinido; sobre todo ahora en plena crisis, cuando la cifra de parados crece y pareciera que el Sistema Público Nacional de Empleo, integrado por el servicio estatal y los autonómicos, es incapaz de cumplir la misión de colocar a los trabajadores que están perdiendo sus empleos. Asistimos, en cierta forma, a un asalto al servicio público, presentándolo como ineficaz e irrelevante y utilizando para ello, es verdad, informaciones y datos ciertos, pero también aprovechando prejuicios antiguos, manipulaciones y medias verdades, dadas automáticamente por ciertas.
Por ejemplo, es común dar por supuesto que el Sistema Público de Empleo en España es ineficiente y que funciona claramente peor que otros servicios públicos de empleo europeos. Pero la verdad no es esa, lo cierto es que el debilitamiento de los servicios públicos de empleo es un fenómeno general en toda la Unión Europea, tal como lo reconoce la Comisión Europea en su comunicación Modernizar los servicios públicos de empleo, y que este debilitamiento es consecuencia de fenómenos generales, como cambios tecnológicos, demográficos, de organización del trabajo, del mercado laboral y de la aparición de nuevas vías de búsqueda de trabajadores, como los portales de empleo.
En 1996, al inicio de la última fase de crecimiento económico, el Observatorio del Empleo de la Comisión Europea cifraba el grado de intermediación del servicio público de empleo español en torno al 10% del total de las colocaciones, un valor bajo pero por encima del de países como Alemania, Bélgica, Holanda o Irlanda. Más aún, en junio de 2007, en un contexto económico particularmente favorable, los servicios públicos de empleo de Alemania, Bélgica, Holanda, Estonia o Chequia se movían en valores en torno al 5% del total de las vacantes.
Es verdad que, a consecuencia de la crisis de empleo que sufrimos, el número de ofertas gestionadas por los servicios públicos de empleo se ha reducido, pero también lo ha hecho y de forma muy profunda el volumen de contratación a través de las empresas de trabajo temporal. Desde enero a septiembre de 2007, últimos datos disponibles, el número de trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal se redujo en toda España, respecto al mismo periodo del año anterior, en un 7,6%, y eso que es a partir del mes de octubre cuando la crisis financiera internacional golpea con mayor dureza al mercado de trabajo español.
Durante años la contratación a través de las empresas de trabajo temporal creció de forma espectacular, en buena parte empujada por la expansión de sectores con niveles de temporalidad y de rotación muy altos, donde proliferan contratos extremadamente breves, de semanas o incluso de días. En algunas comunidades autónomas como Murcia, según informa su propio Consejo Económico y Social, las 55 empresas de trabajo temporal que operan en la región han llegado a jugar un papel decisivo en la entrada de trabajadores extranjeros y han representado el cauce mayoritario, con un 75% del total, de la contratación de temporeros agrícolas. Precisamente son estos sectores, actividades y tipos de contratación los que más rápido e intensamente han sufrido los efectos de la crisis, así que el volumen de facturación del sector virtualmente se ha desplomado hasta valores de hace una década y eso que, probablemente, la mayor contracción de la actividad de las empresas de trabajo temporal aún no se ha producido.
En este contexto es posible que acceder a la intermediación laboral y, en su caso, a los fondos de las políticas activas de empleo que gestionan los servicios públicos, pueda servir para rescatar al sector y para ayudar a las empresas de trabajo temporal a capear la crisis, pero no necesariamente tiene por qué ser una ayuda valiosa para los trabajadores que han perdido sus empleos. El número de personas desempleadas crece no porque no accedan a suficientes ofertas de empleo, como consecuencia de la ineficacia de los servicios públicos que les atienden, sino sencillamente, porque estas ofertas se han reducido drásticamente, tanto que ni de lejos logran compensar la hemorragia de despidos, de expedientes de regulación de empleo y de finalizaciones de contratos temporales que alimentan el paro día tras día.
No es verdad que las empresas que buscan trabajadores no tengan acceso a mecanismos privados de intermediación, más allá de la labor del servicio público. Cuentan con el trabajo de los portales de empleo, las empresas de servicios, de selección de personal, las de outplacement, los head-hunter, los servicios locales o las bolsas de empleo de las más variadas entidades, públicas, semipúblicas y privadas, incluidas algunas congregaciones religiosas.
Tampoco es cierto que las empresas de trabajo temporal, a juzgar por sus actuales cuotas de penetración en el mercado, vayan a ser la panacea que asegure a los parados el acceso a un empleo de calidad, de forma rápida y con garantías. En diciembre de 2007, según el Informe de Mercado Laboral de 2008, que realiza la propia Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Temporal, estas empresas fueron responsables del 16,6% del total de los contratos temporales; en ese trimestre la tasa de temporalidad en España era del 30,9% así que hay que suponer que poco más de un 5% de los trabajadores habían conseguido un empleo gracias a la actividad de las empresas de trabajo temporal, por otra parte un valor muy similar al que se le atribuye a los servicios públicos de empleo. Y esto sin considerar que los contratos de puesta a disposición y las ofertas de empleo gestionadas en los servicios públicos son dos variables muy heterogéneas, cuya comparación directa sobrevalora el papel de las empresas de trabajo temporal. Piénsese que un trabajador puesto a disposición de una misma empresa cuatro veces en un año computa como cuatro intermediaciones para una empresa de trabajo temporal; pero este mismo trabajador, contratado temporalmente cuatro veces por la misma empresa, con seguridad sólo computará el primer contrato como intermediación del servicio público.
Lo primero que tendríamos que hacer es alcanzar un consenso sobre cómo medir la eficacia de los servicios de empleo, pero sobre todo debemos reflexionar y debatir sobre cómo debe ser el Sistema Nacional de Empleo que necesitamos, ahora para responder a la crisis, pero también mañana para construir el mercado de trabajo que queremos. Para eso lo que tenemos que hacer es ordenar y regular la actuación de todos los actores que operan en el mercado, asegurando los principios de igualdad, transparencia, gratuidad para los trabajadores y calidad en el empleo; participación de los agentes sociales y centralidad de lo público. Hoy tenemos la urgencia de construir un Servicio Público de Empleo eficaz, capaz y solvente, con mayor y mejor dotación de recursos humanos, organizativos y tecnológicos; un nuevo sistema de formación profesional y de reconocimiento de las competencias de los trabajadores. Nada de todo eso pasa por la descapitalización de los servicios públicos, por la externalización de sus funciones nucleares o por su debilitamiento social.
Si aspiramos a conseguir una economía más competitiva, con actividades más productivas, que creen empleos de calidad, necesitaremos un sistema de empleo y un servicio público bien dotado, reforzado y fortalecido que sea capaz de contribuir con éxito a vertebrar nuestro mercado de trabajo.
Mª Luz Rodríguez. Consejera de Trabajo y Empleo de Castilla-La Mancha / Francisco Rueda. Secretario General de Servicio Público de Empleo de Castilla-La Mancha