Alarmante déficit público
Presumíamos de ser uno de los mejores países de la Unión Europea en cuanto a la situación de nuestras finanzas públicas: un superávit presupuestario que en 2007 alcanzaba el 2,2% del producto interior bruto (PIB) y deuda pública de sólo el 36,2% del PIB. En dicho año se percibía el inicio de la crisis real de la economía española que afectaba al sector de la construcción de vivienda y la crisis financiera originada por las hipotecas subprime de Estados Unidos que empezaba a repercutir en todo el mundo.
Tales hechos fueron ignorados por el Gobierno español que no reconoció la crisis que en 2008 empezó a afectar a nuestra economía, considerando que era una ligera desaceleración. Tal postura le llevó a no adoptar medidas profundas para hacer frente a la crisis, sino continuos parches, que sólo han servido para pasar de un superávit presupuestario del 2,2% a un déficit en 2008 del 3,6% del PIB, es decir, hemos empeorado en sólo un año en 5,8 puntos de PIB en cuanto a situación en las cuentas públicas, y hemos sobrepasado el techo del 3% señalado en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La deuda pública ha alcanzado el 39,5% del PIB.
Para 2009 la Comisión Europea prevé un déficit público del 6,2% y la deuda pública se situaría en el 48% del PIB. Al continuar la recesión en 2010, el déficit continuará en tasa elevada, 5,7%, según estima la Comisión, y la deuda, en el 52%.
En los déficits de dichos años no están incluidos el mayor coste de los nuevos sistemas de financiación de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, que entrarán en vigor en 2009, que aumentarán el déficit hasta el 7,7% en 2009, y hasta el 7,2% del PIB en 2010.
En cuanto al gasto en 2008, derivado del Fondo Estatal de Inversión Local por importe de 8.000 millones de euros, aprobado por Real Decreto-Ley 9/2008, de 28 de noviembre, es de suponer no está incluido en el gasto de 2009. Ante la imposibilidad de realizar las inversiones en 2008, el crédito tendrá que ser incorporado al Presupuesto de 2009 que será el año que recogerá las inversiones, y por tanto su incidencia en el déficit.
Al tratarse de una transferencia de capital desde el Estado a los ayuntamientos, ha aparecido información de que tal opción no tendrá incidencia en el déficit ya que el gasto del Estado se compensa con un ingreso en los ayuntamientos, pero se olvida de las inversiones que realizan los ayuntamientos financiadas con dicha transferencia, que sí que tienen incidencia en el déficit, en cuyo caso el déficit de 2009 aumentaría hasta el 8,4% del PIB, casi tres veces el margen autorizado por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Aunque otros países de la Unión Europea han sobrepasado el techo de déficit del 3% del PIB, sin embargo ninguno en la proporción que se espera alcance España, que desborda toda previsión, tanto cuantitativa como temporal. Estoy seguro que España será objeto de expediente por la Comisión Europea por el fuerte nivel del déficit público y su larga duración.
En la actualidad se discute si aun en época de recesión es bueno o malo un nivel de déficit como se prevé tenga España en el bienio 2009-2010. La idea básica que se tuvo en cuenta para proponer reglas de obligado cumplimiento sobre el tamaño del déficit y de la deuda pública ha sido que un país que esté en una senda de crecimiento continuo del déficit y de la deuda pública puede crear efectos externos negativos sobre el resto de la zona euro, bien obligando a otros países a seguir políticas más deflacionistas de optar por estabilizar sus ratios deuda pública/PIB, bien presionando al BCE para que rebaje su política monetaria.
Los Gobiernos de algunos Estados miembros, entre ellos España, se han olvidado de efectuar las reformas estructurales para hacer sus economías más flexibles y más competitivas, entre ellas la reforma del gasto público, que le hubiera dado un mayor margen de maniobra temporal para absorber la caída del ciclo, sin traspasar el límite del 3% de déficit.
Empíricamente ha quedado demostrado que los fuertes déficits públicos de Japón y los incrementos de deuda no han servido para sanear su economía durante 10 años. Como dice el profesor J. Shiller, de hecho los déficit presupuestarios actuales reflejan problemas de largo plazo que no son los que contempla la teoría keynesiana, de modo que las discusiones acerca de los déficits se deberían replantear en términos de problemas intergeneracionales.
Como consecuencia de los déficits, la deuda de un país aumenta y traslada la carga financiera a las futuras generaciones, lo que produce un cambio de riqueza de una generación a otra, que los políticos no quieren poner de manifiesto. Prefieren que las generaciones presentes, que son las que les votan, cobren sus pensiones, reciban la sanidad gratuitamente y puedan disfrutar de otros servicios gratuitos, imponiendo cargas a futuras generaciones a través de los déficits, cuya financiación se efectuará con impuestos que pagarán aquéllos.
Junto a los déficits actuales, preocupa fuertemente a la Comisión Europea las obligaciones que se derivan del fuerte envejecimiento de la población, con el consiguiente efecto sobre las pensiones públicas, que para España hacen no sostenible el sistema a partir de 2015. Por ello el Pacto de Estabilidad y Crecimiento pretende que los Estados miembros de la Unión Monetaria dispongan de un margen suficiente para hacer frente a las futuras obligaciones de la protección social derivadas del envejecimiento de la población.
Dejemos por tanto el Pacto de Estabilidad tal y como está, que no sólo tiene en cuenta el presente, sino el futuro, y que los Estados miembros realicen las reformas estructurales necesarias para sanear sus economías y eliminen las rigideces, ineficiencias y falta de equidad que las intervenciones públicas han ido generando en sus economías.
El comisario de Economía de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, ha dicho que el Pacto de Estabilidad está para respetarlo y que sólo en supuestos muy excepcionales, que deberán ser justificados por el Estado miembro, sería aceptado sobrepasar el techo de déficit del 3% del PIB.
En el contexto de una política fiscal estricta, como la diseñada en el Pacto de Estabilidad, que limita a corto plazo la función estabilizadora del Presupuesto, especialmente en una recesión, con tipos de cambio fijos y escasa movilidad de la mano de obra, los mecanismos de ajuste macroeconómico son las reformas estructurales. Y si no se realizan urgentemente, la salida de la crisis sólo será posible si los agentes sociales (empresarios y trabajadores) toman conciencia de la necesidad de un reajuste en precios (beneficios) y salarios. En caso contrario, el ajuste se producirá vía aumento del paro; es lo que ocurre en España.
José Barea. Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Madrid