Por un mercado europeo de gas
Europa tiene un problema energético. Y no se llama Gazprom ni Naftogaz. Y tampoco se resolverá cuando se dilucide si Moscú o Kiev, o ambos, son responsables de la gravísima crisis de desabastecimiento de gas que atenaza hace dos semanas a varios países europeos. Esa irresponsable violación de las obligaciones comerciales contraídas acabará tarde o temprano, como ha ocurrido otras veces y, entre otras cosas, porque la frágil economía de esos dos bravucones países no puede subsistir sin las exportaciones de gas.
Los ciudadanos de Bulgaria también volverán a tener calefacción, aunque nadie les quitará el sufrimiento pasado. Y las fábricas de Eslovaquia reanudarán su producción, mientras el suministro se normalizará también en los otros muchos países europeos afectados por el corte del gas. Las responsabilidades económicas tendrán que saldarse ante los tribunales y las consecuencias políticas las pagarán Rusia y Ucrania durante mucho tiempo. Pero, a pesar de todo eso, Europa seguirá teniendo un problema energético si no logra que crisis como la actual sean evitables o, cuando menos, prudentemente manejables.
La tarea más urgente es acometer o rematar los proyectos de interconexión entre las redes nacionales de gasoductos para garantizar que ningún país dentro de la UE dependa de un solo proveedor externo. Esa dramática vulnerabilidad es la que están sufriendo socios como Bulgaria y Eslovaquia o aspirantes al ingreso en la UE como Serbia y Bosnia-Herzegovina.
Una red europea integrada permitirá redistribuir parte de los casi 80.000 millones de metros cúbicos de gas africano y magrebí que entran en Europa a través de España e Italia. O los 81.000 millones que llegan desde Noruega. Esas dos fuentes igualan la capacidad del cauce gasístico procedente de Rusia. España, además, cuenta con media docena de plantas de regasificación que también pueden servir para importar gas natural licuado y reexportarlo al resto de la UE en caso de necesidad o de interés comercial.
Europa también necesita mejorar su capacidad de almacenamiento, que algunos países no han desarrollado por dificultades políticas o geográficas y otros, porque las empresas no tienen incentivos comerciales para acumular grandes reservas de gas. La creación de todas esas infraestructuras precisará importantes inversiones. Pero sobre todo requiere un impulso político que sólo llegará cuando los países -o sus empresas cuasi monopolísticas en muchos casos- superen los reflejos nacionales y el instinto por mantener feudos cerrados.
El mismo impulso político requiere la instauración de un marco legal estable para las relaciones energéticas de la UE con Rusia y los países de tránsito del gas. La vía más evidente para lograrlo sería la Carta de la Energía, un tratado internacional que Rusia se niega a ratificar mientras no cuente con un Protocolo de Tránsito, del que ya existe un borrador. Europa debe mediar para que ambos textos adquieran la fuerza legal suficiente que permita invocarlos en caso de conflicto, y resolver las disputas comerciales sin dejar a cientos de miles de personas sin gas. Siempre queda el riesgo de las disputas políticas. Pero, aunque nadie se lo crea, Moscú y Kiev aseguran que no es su caso.