¿Necesitamos una banca pública?
En un contexto como el actual, de incertidumbre y parálisis financiera, el autor se plantea si la economía española necesita una banca pública. En su opinión, con todos los fondos existentes se debería poder construir una entidad pública del siglo XXI con unos objetivos claramente delimitados.
Los acontecimientos se suceden y prácticamente todos los días se anuncian ayudas financieras, en todas sus vertientes, para paliar la crisis financiera que arrasa al conjunto del mundo. El mecanismo sobre el que pivota todo este entramado de ayudas, subvenciones, avales o subastas se basa en una institución como el ICO, y en menor medida, el recurso al Tesoro.
En este contexto de incertidumbre y parálisis financiera surge la idea de si la economía española necesita o no una banca pública que sea capaz de articular todas estas actuaciones y otras que lamentablemente el sector financiero privado no acomete.
El problema surge, y también el rechazo intelectual al que me sumo, si el concepto de banca pública es el mismo que vivió España en los años setenta y ochenta. En ese momento, existían varias formas de banca pública muy especializada. Todavía se recuerda la existencia del Banco de Crédito Industrial o el Agrícola, o en otra modalidad Argentaria, hoy privatizada y englobada dentro de un gran grupo financiero. Estos instrumentos nutrían de fondos a los sectores estratégicos o aquellos que podían serlo.
La liberalización del sector financiero trajo consigo la desaparición de toda forma tradicional de banca pública, entendiendo por ello la banca minorista que competía en algunos segmentos con la banca privada. El posterior desarrollo del sistema financiero, gracias sin duda a figuras emblemáticas como Luis Ángel Rojo, permitieron que la banca privada, uniendo bancos, cajas y cooperativas de crédito, ocupase todo el espectro del mercado financiero y crediticio, manteniendo el Estado únicamente algunas agencias, como pueden ser el ICO, CDTI, Cofides o Enisa. Por supuesto, con la colaboración del Tesoro. Estas agencias lo que hacen es convenir con la banca privada y así estimular o financiar las medidas de política económica que el Gobierno decida en cada momento, sin que tengan un carácter de banca al uso.
Con estos mimbres, la estructura económica y financiera española presenta ciertas carencias en materia de financiación que se han puesto de manifiesto en esta coyuntura. Por un lado, el Estado se ha convertido, al menos coyunturalmente, en prestamista de última instancia a través de operaciones que está llevando a cabo el ICO o el Tesoro. Todo esto para solventar problemas dispares, como financiación de circulante, avalar emisiones de deuda o moratorias de pagos a las familias y empresas. Todo esto unido a líneas especificas de crédito a sectores en crisis o muy maduros y para financiar el sector inmobiliario. Adicionalmente, los fallos de mercado que operan en el ámbito de las empresas innovadoras o en la transferencia de conocimiento entre empresas y universidades. Esta actividad, que el sector privado no contempla o lo hace sólo de forma parcial y selectiva, no despega claramente por falta de financiación abundante y rápida.
La ausencia de mecanismos de valoración objetivos y conocidos por parte de los que dilucidan a quien se apoya, la falta, en muchos casos, de conocimiento y formación en muchos gestores públicos del sector financiero, hacen cada vez más complicado la generación de riqueza empresarial en el apartado de innovación. El riesgo que conllevan estos proyectos no justifica la tasa de rechazos y el escaso uso y conocimiento que de los instrumentos financieros públicos, salvo las subvenciones, tiene el entramado empresarial español.
En suma, con todos los fondos existentes, en muchos casos dispersos y con escasa difusión, se debería poder construir una banca pública del siglo XXI que cumpliese tres objetivos. Uno, no competir en el segmento tradicional con la banca privada. En segundo lugar, financiar las medidas de política económica directamente. Y finalmente, ser el financiador de todos los proyectos empresariales que, tras una evaluación por parte de expertos que conozcan el mundo empresarial, puedan generar valor añadido en la economía española.
Alejandro Inurrieta. Concejal del Ayuntamiento de Madrid