Los empresarios critican los criterios de calidad de la Ley de Dependencia
La Federación Empresarial de Asistencia a la Dependencia (Fed) acordó ayer por unanimidad oponerse a los criterios comunes de acreditación para centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) que se contemplan en el último borrador del proyecto presentado por la Administración, según explicó el presidente de la patronal nacional, José Alberto Echevarría.
Esta organización se 'opone' a la aprobación de un texto que es 'sustancialmente idéntico' al que se confeccionó inicialmente, sin que se hayan tenido en cuenta las observaciones que desde la patronal se hicieron en su día, a pesar de representar el 80% del sector'.
La junta directiva se manifestó 'absolutamente partidaria' de la calidad en la prestación de los servicios y, como ejemplo, recordó que en las observaciones remitidas se hacía referencia 'de forma reiterada', a que el acuerdo de acreditación, debería contener la necesidad diferenciada de establecer un plan de gestión de calidad con indicadores mínimos de obligado cumplimiento. En este sentido, la patronal de la dependencia en España insistió en que la búsqueda de la calidad 'nos obliga a establecer ratios de personal adecuados, conscientes de que el buen servicio depende muy directamente de ello'. Así, y teniendo en cuenta la situación económica actual y los precios de concertación por las distintas administraciones públicas, 'los ratios que plantea el proyecto no parecen realistas'.
Para la Fed, resulta 'obvio' que cuanto mayor sea el ratio de personal, mayor será la calidad del servicio que se preste, si bien, aclaró que también es 'indudable' que el coeficiente debe ajustarse de manera realista a las condiciones económicas actuales y ser coherente con los distintos grados y situaciones de la dependencia.
Por ello, desde la patronal se reitera que, aunque los ratios de personal por centro resultan adecuados, su aplicación debe resultar flexible a lo largo del periodo de desarrollo de la ley. Por ello, se muestra a favor de que éstos se alcancen a finales de 2015, sin perjuicio de que pueda procederse a la revisión de este criterio en 2012 si para entonces las circunstancias económicas lo permiten.