Presupuesto de guerra
Si algo está claro del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2009 es que están basados en un escenario macroeconómico desfasado, realizado hace cinco meses cuando la gravedad de la crisis económica y financiera no había mostrado su peor cara. El propio Gobierno reconoció ayer que el grado de incertidumbre es tal que el crecimiento económico previsto (un alza del PIB del 1%) dependerá del nivel medio que alcance el precio del petróleo, los tipos de interés y de la evolución de la crisis financiera mundial. Esto conllevará probablemente para el caso de España contar con unos ingresos tributarios inferiores a los presupuestados y, por tanto a un déficit fiscal mayor del 1,5% del PIB estimado, y a un volumen de deuda pública también mayor, según apuntan los servicios de estudios de todas las instituciones financieras y académicas. Sólo con el plan de ayuda a los bancos, basado en avales públicos y posible compra de activos, el Estado prevé que la deuda se eleve al menos 0,4 puntos de PIB sobre lo estimado en los Presupuestos.
Si se parte ya de la base del alto grado de provisionalidad de las grandes cifras de este 'presupuesto de guerra', lo importante, al menos, es saber si la política fiscal implícita en ellos está orientada en la dirección correcta. Los manuales de macroeconomía indican que en época de crisis se debe presupuestar siempre con dos reglas de oro: contención del gasto corriente y, a su vez, ofrecer estímulos fiscales al consumo y la inversión. Las cuentas diseñadas por el vicepresidente Pedro Solbes, presentan esta primera regla de oro, vía un recorte del gasto del Estado para 2009 sobre el máximo aprobado en junio por el Congreso. De hecho, la Cámara baja había habilitado a un crecimiento del 4,5% que, finalmente se ha quedado en el 2% o el 3,3% si se incluye la aportación extra por prestación al desempleo (2.000 millones).
El problema es dilucidar si este recorte es suficiente. Mientras Solbes indica que no se puede ir más allá, dados los compromisos en gasto social en época de crisis, el PP arguye que se ha quedado corto, sin aclarar eso sí, qué partidas reduciría sin tener que aumentar el déficit público por ello.
En cuanto a la segunda regla de oro, el Gobierno confía su política inversora en el estímulo de la obra civil. Tanto CiU como PP y asociaciones como el Círculo de Empresarios y el Instituto de Estudios Económicos solicitan, además, una rebaja del impuesto de sociedades, adicional a la ya aprobada hace un año, como fórmula de reactivación de la economía. Sin embargo, con una restricción del crédito como la actual quizá sea más importante asegurar a las empresas que podrán obtener financiación para sus proyectos que rebajarles los impuestos.
Falta de transparencia
Otra circunstancia a tener en cuenta es la transparencia de las cuentas públicas. Año tras año, el Gobierno insiste en presentar partidas esenciales como las inversiones, en términos de caja y no en términos contabilidad nacional (criterio homologado con la Unión Europea, que mide los gastos cuando se comprometen en vez de cuando se pagan).
Con ello se impiden comparaciones con Europa y entre comunidades autónomas, y un análisis más acertado en el tiempo del flujo inversor del Estado, como ya han reconocido a Cinco Días altos cargos de la Administración. La transparencia exige algo más que presentar el Presupuesto en una memoria USB.
