Crisis, medidas y necesidades
En una situación delicada, como la actual, es imperativo separar tres aspectos. El problema inmediato, el problema de fondo y las causas del problema. Si se consigue precisar estas tres dimensiones corresponde entrar en las oportunidades de la situación e intentar darle la vuelta para consolidar el entramado económico.
El problema inmediato es la falta de liquidez que afecta tanto a las entidades financieras como a las empresas y familias. Dar dinero a los bancos es una parte de la solución porque, efectivamente, tienen que hacer frente al pago de intereses de los depósitos de sus clientes, pero también al coste de la financiación que han recibido de bancos del extranjero y a sus gastos corrientes de funcionamiento. La otra parte pasa por aportar efectivo a las empresas que, en parte, vendrá de los bancos pero estos tienen una estructura de clientes de activo muy desigual y, por tanto, la asignación de nueva liquidez tiene que adecuarse a las peculiaridades de éstos, esto es, no será proporcional ni igual sino que se determinará según una serie de parámetros complejos, lo que requiere una actuación específica.
En la pasada tanda de medidas se mencionó la rapidez en las devoluciones del IVA. Está bien siempre que se cumpla y mantenga, pero es obvio que no basta. Las Administraciones públicas deberían comprometerse a pagar a sus contratistas y proveedores en plazos cortos. Si hay países europeos en los que las Administraciones pagan a 30 días, a pesar de tener más déficit y deuda -relativa y absoluta- que España, aquí también se puede hacer. Obviamente no es fácil cambiar pautas consolidadas, pero para eso está la buena gestión. Una opción alternativa o complementaria es el aplazamiento de parte de los pagos tributarios durante dos o tres trimestres.
Para las familias se puede modular la ayuda. Así, para las de menos de cierto ingreso y con pagos por hipotecas se puede aumentar -transitoriamente- la deducción por compra de vivienda. Se pueden hacer dos tramos o tres teniendo en cuenta la renta y la proporción que representa la hipoteca respecto al total de ingresos. En función de la evolución del tipo de interés, del IPC y de los ingresos, se puede mantener otro año o suprimir.
El problema de fondo es la solvencia. Comprar acciones para incrementar el capital es tan solución como comprar activos. En el primer caso hay que precisar si son acciones nuevas y a qué precio se compran. En el segundo sobran las decisiones extremas porque si se adquieren los créditos más sólidos, se rebaja la calidad media del activo total y si son los tóxicos se nacionalizan pérdidas. Lo idóneo es separar los que pueden ser mejor gestionados por las Administraciones públicas, o, en su caso, ejecutados o renegociados según pautas que podrían ser más operativas que las de entidades financieras. Paralelamente, importa mantener la calidad de las garantías hipotecarias, que mejoran si se suaviza, como se sugiere en el párrafo anterior, la carga fiscal de las familias más afectadas y se evita que sea la vivienda la que responda del pago pendiente.
La causa última del problema es la liquidez barata creada artificialmente. De ella deriva el boom inmobiliario y generación de títulos de crédito de alto riesgo. La independencia del BCE es importante y los Gobiernos no deberían interferir, entre otras cosas porque el Tratado de la Unión Monetaria lo prohíbe, pero sobre todo porque no se debe echar más liquidez al fuego de la especulación ni cuestionar el control de precios. En última instancia se trata de que la demanda sea neutral respecto a los precios y que la oferta abarate sus costes.
Una parte sustancial del aumento del precio de la vivienda en España responde al coste fiscal que se acumula desde la compra del terreno hasta la adquisición de la vivienda. Otro componente importante es la incidencia de una regulación mucho más compleja de la construcción, así como exigencias urbanísticas impuestas en el ámbito municipal. La crisis ya reduce la presión de la demanda y el margen de los promotores. Los demás también deberían hacer algo, como facilitar la rehabilitación y reparación de viviendas vía bajar el IVA, acelerar permisos y evitar injerencias pejigueras.
La crisis reduce plantillas de ayuntamientos sobredimensionados, pero permite extremar la eficiencia, ayuda a simplificar normas y exigencias de cumplimiento. Si se consigue mejorar la eficiencia del sector público -desde el Gobierno de la nación hasta el más pequeño ayuntamiento-, si se toma en serio su función de servicio público y si se acota a la minoría que pretende cambiar la faz de la humanidad y la estética del barrio llevando ambas hacia atrás, puede hacerse algo útil Sin embargo, los si condicionales son muchos.
Joaquín Trigo Portela. Director ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional