Zapatero descarta facilitar la liquidez para ayudar al sistema financiero

El presidente del Gobierno sigue aferrado a la tesis de que cualquier intervención desde el sector público para inyectar liquidez al sistema financiero y aliviar, así, el problema que encuentran las empresas para acceder al crédito sería un grave error. Así lo defendió José Luis Rodríguez Zapatero durante su entrevista con el líder del PP, Mariano Rajoy, en la que no fue posible alcanzar acuerdo alguno para afrontar desde posiciones comunes la crisis económica.

El económico es el principal terreno de juego elegido por el PP para ensayar su nueva estrategia de oposición y, por tanto, no eran previsibles acuerdos de esta naturaleza con el presidente del Gobierno. Mariano Rajoy expuso a Zapatero algunas recetas genéricas ya conocidas para hacer frente a la crisis que éste se limitó a despreciar. De hecho, las despachó defendiendo que 'no aportan novedad alguna', aunque dejó abierta la puerta a que se alcancen puntos de coincidencia futuros entre el vicepresidente Pedro Solbes y el equipo económico del principal partido de la oposición. No será posible en la negociación presupuestaria que comenzará en septiembre, pero sí en parte del rosario de proyectos de ley que prepara Economía para el próximo curso parlamentario. Un ejemplo claro es la transposición de la directiva sobre servicios.

Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno facilite la inyección de liquidez en el sistema financiero, como reclama el PP, los representantes de los empresarios y de la Banca, Zapatero fue rotundo. 'Hay que dejar funcionar la economía de mercado. Por responsabilidad y convicción, el Gobierno no va a hipotecar el futuro de las cuentas públicas ni del Tesoro ni dejar que el sector público invada el mercado'. El presidente recordó que la experiencia de otros países que han intervenido para facilitar esta liquidez a sus empresas ha fracasado. De esta forma, insistió: 'Si alguien piensa que el remedio es que el sector público intervenga, los hechos demuestran que no habría ni pan para hoy y sí hambre para mañana', mantuvo.

Un periodista le recordó al presidente la flexibilidad que tuvo el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para ayudar a algunas inmobiliarias y la negativa final a apoyar a Martinsa Fadesa. Zapatero le respondió que no está al tanto de todos los créditos que 'con rigor y seriedad' concede el ICO y aprovechó el contexto para expresar su confianza, palabra que últimamente le obsesiona, en la solvencia del sistema financiero, una circunstancia 'que permitirá a España salir de la crisis más reforzada'. 'Tenemos algunos de los bancos más fuertes del mundo', abundó.

El presidente apoyó también la compra de suelo por 300 millones de euros por parte del Estado para construir vivienda protegida y negó que la operación tenga que ver con las dificultades que sufren algunas constructoras. No confirmó que este volumen de recursos se vaya a ampliar en el futuro y vinculó exclusivamente la iniciativa con la necesidad que tiene el Gobierno central de construir las viviendas protegidas comprometidas en el programa electoral del PSOE.

Rechazo a las propuestas del PP

Zapatero rechazó de plano la restricción del gasto público que Mariano Rajoy defendió durante la entrevista, pues el ahorro de 2.000 millones que supondría para las arcas del Estado, argumentó el presidente, imposibilitaría la subida salarial a los empleados públicos pactada con los sindicatos, desarrollar la ley de Dependencia, subir las pensiones mínimas y el Salario Mínimo Interprofesional. Sólo el aumento de los salarios de los funcionarios costará 800 millones de euros.

El presidente observó contradicciones en el discurso económico de Rajoy porque 'no se puede pedir con una mano que se reduzca el gasto público y con la otra que se aumente el gasto en Justicia o que el AVE llegue a todas las capitales de provincia'.

En palabras de Rajoy, el acuerdo en política económica con el Gobierno se antoja imposible porque 'yo pienso que hay que tomar medidas urgentes contra la crisis y el presidente cree que no hay crisis'. El diagnóstico que hacen ambos de la situación es distinto, aseguró, y las medidas que proponen son diferentes. En opinión del líder del PP, el inmovilismo del Ejecutivo provocará una fuerte destrucción de empleo y un empeoramiento progresivo de la coyuntura.

El CGPJ y el Constitucional se renovarán en septiembre

No les fue posible conseguir acuerdo alguno sobre política económica, pero José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy sí pactaron ayer la renovación en septiembre del Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno de los jueces, así como el Tribunal Constitucional. En ambos casos seguirá funcionando el reparto de cuotas entre los principales partidos.El presidente y el líder de la oposición acordaron también extender la implantación de la Oficina Judicial a toda España y desarrollar la informatización de los juzgados y tribunales para que puedan estar conectados entre sí.También hubo acuerdo para extender los juicios rápidos en materia civil y penal con el fin de agilizar el funcionamiento de la administración de justicia.PSOE y PP promoverán en el Parlamento reformas para endurecer las penas por los delitos más graves, sobre todo los de naturaleza sexual. El Gobierno se ha comprometido a crear un registro de pederastas que impida que estos delincuentes salgan de prisión antes de tiempo.Zapatero pactó también con Rajoy la aprobación de una carta de derechos de los ciudadanos frente a la Justicia, que reforzará todos los mecanismos de información sobre la evolución de los pleitos en tramitación.

Unidad política garantizada frente a la violencia terrorista

El presidente del Ejecutivo opina que las experiencias de otros países de acudir en ayuda de sus bancos y empresas han fracasadoHa costado más de cuatro años de desencuentros, pero, al final, el Gobierno y el PP pueden presumir de haber vuelto a encontrar una postura común frente a la lucha antiterrorista. José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy acordaron ayer incluir en la legislación sobre las víctimas del terrorismo una disposición legal que compromete a todas las administraciones públicas a retirar de las calles escudos, insignias, placas u otras menciones conmemorativas que exalten el terrorismo o a los terroristas. Esta disposición significará que el incumplimiento de este mandato por alguna de las administraciones concernidas las situará frente a un delito de desobediencia.El presidente y el líder del PP se comprometieron también ayer a revisar la legislación para reformar en los delitos terroristas, en defensa de los derechos de las víctimas, las penas accesorias, las medidas de aseguramiento frente a activistas que salgan de la cárcel una vez cumplidas las penas (alejamiento, seguimiento y control), así como los mecanismos de garantía de preservación del patrimonio universal, presente y futuro de los terroristas para la satisfacción íntegra de sus responsabilidades civiles.Con ello se pretende evitar que las víctimas no cobren las indemnizaciones que establezcan las sentencias judiciales.