La reforma de los títulos universitarios
La reforma de las enseñanzas superiores debe dar respuesta a las demandas de la sociedad, a los cambios que precisa la Universidad y a los necesarios para alcanzar los objetivos de la Declaración de Bolonia, subraya el autor, que analiza los fines que debe perseguir el nuevo sistema de titulaciones universitarias
Las reformas educativas en las sociedades democráticas avanzadas constituyen un asunto de debate en los que participa toda la sociedad, tanto si afecta a los niveles obligatorios como si afecta a los estudios superiores, como es el caso de la reforma para la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior, EEES, cuyos principios se recogen en la Declaración de Bolonia, y que debe de contar con todas las instituciones relacionadas con el proceso educativo.
En la educación sucede, como en cualquier regulación administrativa, que los comportamientos de la sociedad siempre van por delante de la regulación y de las instituciones, de manera que periódicamente precisan de reformas para que los servicios que prestan se adecuen a las necesidades de la sociedad, aunque sería deseable que estas reformas se realizaran con la suficiente previsión.
La actual reforma de las enseñanzas superiores tiene un alcance mayor de lo habitual, ya que tiene que dar respuesta a las demandas de nuestra sociedad, a los cambios que precisa la Universidad y a los necesarios para alcanzar los objetivos que se fija la Declaración de Bolonia, adoptando un sistema de titulaciones comprensible y comparable con el resto de países europeos que firmaron la declaración para promover las oportunidades de movilidad y la competitividad que persigue.
Estas exigencias se producen en un escenario nuevo que el sociólogo Zygmunt Bauman ha denominado con acierto tiempos líquidos, para reflejar el tránsito de una fase sólida de la modernidad a una líquida, en la que las estructuras sociales ya no perduran el tiempo necesario para solidificarse y no sirven como marcos de referencia para la acción humana. Este nuevo escenario exige a los individuos que sean flexibles y que estén dispuestos a cambiar de tácticas y a abandonar compromisos y lealtades.
En este sentido, la diferencia con otras reformas se encuentra en la propia sociedad en la que vivimos que, siguiendo a Bauman, es una época de aceleración de la experiencia, 'de imperio de lo efímero', y es a esta nueva situación a la que también debe dar respuesta el EEES. Trasladado a la reforma, diríamos que los grados tienen que facilitar una formación generalista, en la que prime aprender a aprender, estando reservada la especialización al nivel superior de máster, así como evitar la diversidad de denominaciones sobre las mismas materias, que introducirían confusión y falta de transparencia en el mercado.
Con estas nuevas connotaciones, es imprescindible el contacto permanente de la Universidad con el mundo del trabajo en el que los profesionales tendrán que desarrollar su actividad, y es aquí donde juegan un papel fundamental las organizaciones profesionales, que son las instituciones que mejor conocen la problemática profesional en el doble sentido: lo que ofrecen al mercado los profesionales que salen de la Universidad y lo que el mercado les demanda, ya que generalmente tienen servicios para sus miembros, como la bolsa de empleo y el complementario de escuelas de formación, donde se imparten las materias que permiten a sus colegiados la actualización y reciclaje para estar al día de las novedades que demandan las empresas. Estos servicios colegiales pueden cumplir un papel trascendental entre el mundo laboral y la Universidad.
Por otra parte, entre los objetivos del EEES se encuentra la adopción de un sistema de titulaciones que fomente la competitividad internacional de los sistemas educativos superiores europeos. Esta competitividad sólo será contrastable si los titulados que salgan de la Universidad responden más adecuadamente a las exigencias del mundo productivo.
Este objetivo es fundamental en el sistema productivo español, y elevar la competitividad de nuestra economía tiene un componente básico, que es la mejora de nuestra productividad, no sólo fomentando nuestra inversión en I+D, sino, también, mejorando la calidad de la fuerza de trabajo español, es decir, la calidad del capital humano.
Parece que el nuevo Ejecutivo responde a estas exigencias, o al menos así interpretamos la creación del nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación, que tendrá competencias en materia de universidades, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, estructurado, según la información disponible, en dos secretarías de Estado, la de Universidades y la de Investigación, y que se cuente realmente con la experiencia del sector profesional a la hora de incorporar a las nuevas titulaciones las exigencias del mercado.
Valentí Pich Rosell, Presidente del Colegio General de Colegios de Economistas