Aeropuerto de Barajas, ese oscuro objeto de deseo
Ninguno de los nuevos Estatutos de Autonomía reformados durante la pasada legislatura contempla transferencia alguna de competencias sobre la gestión de la red nacional de aeropuertos públicos, que siguen siendo propiedad exclusiva de AENA. Sin embargo, la perspectiva de incluir a comunidades y ayuntamientos en los órganos de poder de las terminales de cada territorio se convirtió en uno de los debates más calientes durante el largo e intenso proceso que ha desembocado en la segunda gran reforma legislativa territorial.
Aun sin tener competencias efectivas sobre la materia, tres comunidades autónomas. Baleares, Valencia y Cataluña, se lanzaron hace meses a la creación de entidades con personalidad jurídica propia cuyo objeto social reconocido consiste, en primer lugar, en 'asumir la gestión, administración y explotación de las infraestructuras aeroportuarias que sean titularidad de la comunidad autónoma' de que se trate. En la mayoría de los casos, sin embargo, tales infraestructuras son inexistentes.
El segundo objetivo, y sin duda el más trascendente, trata de articular una eventual participación en la gestión de los aeródromos públicos de su territorio, en previsión de que llegue el momento en que se apruebe un esquema de cogestión aeroportuaria entre el Estado y las administraciones regionales.
La patronal de las aerolíneas exige a Aguirre que desvele sus planes aeroportuarios
Como pieza clave de estos organismos paralelos, las tres comunidades autónomas citadas han constituido unos llamados 'comités de rutas'. Su finalidad es atraer a nuevas compañías aéreas y nuevos vuelos para aeródromos que aún controla AENA: El Prat de Barcelona, Manises en Valencia y Son Sant Joan en Palma de Mallorca.
Las compañías aéreas, especialmente las que operan con estructura de red, tienen una mala experiencia del funcionamiento de estos comités de rutas. Aseguran que, bajo la excusa de promocionar el establecimiento de nuevos tráficos, lo que en realidad hacen es otorgar cuantiosas subvenciones a las compañías de bajos costes.
Desde las posiciones más conservadoras del panorama político español se han hartado de criticar la segunda vuelta de tuerca en la descentralización y la reforma de los estatutos de autonomía.
Pero de forma sorprendente, una vez que ha culminado el proceso, quienes clamaban por el mantenimiento de la unidad de AENA como garantía de la unidad de España, son los primeros que se esfuerzan por dinamitar sus cimientos de la empresa pública de los aeropuertos.
La Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid tienen grandes proyectos para hacerse fuertes en la joya entre los aeropuertos españoles: Barajas. Sin embargo, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, llevan el paso cambiado, tanto en los asuntos a ras del suelo como en los que se dirimen en los cielos.
La patronal ALA (Asociación de Líneas Aéreas) que agrupa a unas 60 compañías nacionales y extranjeras, ha solicitado de manera reiterada y sin éxito una reunión con el consejero de Transportes de la Comunidad, Carlos Lamela. Quiere conocer cuales son los planes de las administraciones autónomas y locales en torno al aeropuerto de Barajas y al resto de los aeródromos de la región. La patronal está muy preocupada porque sólo conoce dichos planes por las noticias que han salido en prensa.
De estas informaciones se deduce que la Comunidad y el ayuntamiento quieren protagonizar cada una por separado el lanzamiento de algunas instituciones y organismos que, tal como se han dado a conocer, podrían ser redundantes.
La mayor inquietud de las aerolíneas se centra en el anuncio de la creación por el ayuntamiento de una 'comisión de enlaces aéreos de Barajas' y por la Comunidad de un 'comité de desarrollo de rutas aéreas del aeropuerto de Barajas'.
En principio, en las comunicaciones públicas del Ayuntamiento se aseguraba que la comisión de enlaces estaría compuesta por la corporación municipal, AENA, la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y la Cámara de Comercio e Industria.
La Comunidad, por su parte, prevé que su comité de rutas de Barajas lo integren las entidades anteriormente citadas, más el propio Gobierno regional.
ALA y sus afiliados exigen que, en un momento de crisis como el que atraviesa el sector, las decisiones políticas que les afectan se tomen con la máxima seriedad y consenso porque, aseguran, 'al final todas las facturas las pagamos nosotros'.