COLUMNA

¿Cuadrarán el círculo?

Me refiero, como ya habrá adivinado el lector, a la financiación autonómica, cuya discusión ha dado recientemente sus primeros pasos y que debería entrar en vigor el próximo 1 de enero de 2009. No es, desde luego, cuestión fácil de resolver y ello por diversas razones, entre ellas por la confusión interesada que rodea a algunas de sus premisas básicas. Por ejemplo, el presidente del Gobierno y el vicepresidente Económico, acaso buscando marcar su territorio, afirmaron que la Administración seguiría gestionando en todo caso al menos el 50% del gasto no financiero del conjunto de las Administraciones Públicas (AA PP), a lo que respondió retóricamente el presidente de la Generalidad catalana preguntándose por la justificación de dicho porcentaje.

Pues, bien, como bien ha recordado en las páginas de este periódico el profesor Barea, si por razones obvias se excluye la Seguridad Social en 2004 la Administración Central gestionaba algo menos del 36% del gasto, las Comunidades Autónomas algo más del 46 y las Corporaciones Locales el 18% -por cierto, que esos porcentajes indican que el nuestro es un Estado más descentralizado en lo que al gasto se refiere que la media de los Estados oficialmente considerados federales-.

Otra de las falsas premisas abundantemente utilizadas para defender una mayor capacidad de gasto de las Comunidades es que gestionando las áreas socialmente más susceptibles de crecimiento continuo -al Estado se adjudican los servicios que el posmodernismo al uso suele considerar residuales, tales como Defensa, Política exterior, Policía o una parte no despreciable de la administración de justicia entre otras- y, por tanto, tienen derecho a reclamar más recursos que la Administración Central.

El Estatuto y los conciertos vasco y navarro conducirán a un sistema confederal o de concierto generalizado que supondrá la quiebra de España como nación

A lo cual se añaden otras dos razones poderosas: que los gestores del gasto autonómico no deben preocuparse en exceso de la productividad -¡por cierto, que hablando de productividad se me viene a la cabeza las dudas respecto a cuál es la del Tribunal Constitucional!- con que estos se emplean, quizá, añado yo, porque el superávit está para gastarse con lo cual entramos de lleno en el cuento de la lechera ya que, me temo, del mentado superávit poco o nada va quedar cuando tomemos las próximas uvas. No puede olvidarse tampoco la nube de tópicos sobre quien recibe más o menos con el actual sistema de financiación, temible cuestión por cuanto permite montar agravios comparativos cuya falsedad es casi imposible de rebatir. Buen ejemplo de ellos son las cifras relativas a los ingresos autonómicos en el ejercicio 2006 que nos indican que la media recibida por habitante en cada autonomía en ese año fue de 2.630, estando por encima de dicha cantidad Cantabria, La Rioja, Extremadura, Aragón, Galicia, Cataluña y Andalucía, por mencionar algunas y por debajo, Madrid, Baleares, Valencia y Canarias. Es decir, que ni están todos los que son ni son todos los que están. No están tampoco el País vasco y Navarra, agraciados con un sistema especial, el del llamado Concierto, cuyo resultado es que los ciudadanos en ellos residentes no solo pagan unos impuestos ligeramente menores que el resto de los españoles sino que, a pesar de ello, disponen de más recursos que los españoles de las restantes Comunidades, gozando así de un privilegio económico que en teoría está prohibido por el artículo 138. 2 de la Constitución.

Pero si todas estas razones y alguna más que no expongo para no abrumar al amable lector no despejan las dudas respecto a las posibilidades de aclarar la cuestión y propiciar una discusión razonable que concluya en una solución duradera y equitativa, existe otro motivo de enorme importancia cual es que estamos empantanados en una encrucijada política de la cual no es fácil salir; me refiero al Estatuto de Cataluña. Me explicaré a continuación con un cierto detalle.

El citado Estatuto, que fue aprobado en el Congreso de los Diputados por una mayoría relativamente amplia de nuestros representantes políticos, consagra al menos dos principios que pueden imposibilitar la consecuencia de un acuerdo duradero en esta cuestión de la financiación autonómica. El primero es la ampliación del porcentaje de impuestos -IRPF, Impuestos especiales e IVA- que la Administración Central deberá ceder a Cataluña. Como es de suponer que idéntico criterio se aplicará al resto de las Autonomías pues nuestra Constitución prohíbe la concesión de privilegios a una Comunidad, no cabe descartar que con una coyuntura económica tan frágil como la que nos espera este año y el próximo, la Administración Central no tenga recursos para hacer frente a semejante compromiso.

El segundo problema nace del régimen bilateral -o confederal, que dirían los constitucionalistas- cuya aplicación inmediata se traduciría en una reducción -ya solicitada por el Gobierno catalán- de la solidaridad a los servicios de educación, sanidad y otros servicios sociales. El resultado práctico es que para los restantes servicios prestados por las Comunidades, Cataluña -y es de suponer que el resto de las Comunidades más ricas- dejarán de aportar recursos al fondo de suficiencia, con lo cual la solidaridad entre regiones irá desapareciendo rápidamente en España.

En conclusión, aun cuando no se suele decir, es evidente que el Estatuto de Cataluña -sumado a los sistemas de concierto vigentes para el País Vasco y para Navarra- conducirá inexorablemente a un sistema confederal o de concierto generalizado. Ese sistema supondrá, primero, la quiebra de la Hacienda y a continuación, de España como nación. Y les aseguro que afirmar esto no significa ser pesimista, supone únicamente ver las cosas como son.

Raimundo Ortega.Economista