La industria pide apoyo al Gobierno para negociar con las eléctricas
La industria básica española se ha puesto en pie de guerra ante la desaparición, a partir del próximo 1 de julio, de la tarifa eléctrica general de la que disfruta gran parte del sector.
Ayer escenificó su descontento en una rueda de prensa inusual en la que participaron los máximos representantes de los grandes consumidores de energía (AEGE), de la patronal de la industria siderúrgica (Unesid), de la industria cementera (Oficemen) y de la empresa Fortia, la comercializadora de electricidad creada por el sector. Empresas que en total suponen el 5% del PIB, representan el 15% del consumo de energía y dan empleo a 240.000 trabajadores.
Aunque no lo formularon de forma expresa, los representantes del sector vinieron a reclamar el apoyo del Gobierno en la negociación que mantienen abierta con las eléctricas para cerrar contratos bilaterales de suministro a largo plazo ante el fin de la tarifa industrial. 'Estamos dispuestos a entrar en el mercado liberalizado, pero lo que pedimos es que éste esté dispuesto a recibirnos', señaló el presidente de Fortia, Juan Estarellas.
La industria advierte de que, tal y como funciona en la actualidad el mercado eléctrico, con un precio de la energía que viene determinado por la tecnología de generación más cara, la desaparición de la tarifa suponga un incremento medio de su factura eléctrica del 80%, según cálculos de AEGE. 'En algún caso, el aumento puede llegar a ser del 100%', avanzó el vicepresidente de la asociación, Javier Penacho.
Su propuesta es la puesta en marcha de un sistema de contratación a largo plazo a partir de unos precios relacionados con los costes de un mix de generación ponderado. Lo que reclama el sector al Ministerio de Industria es que legisle para crear los mecanismos que permitan este modelo de forma razonable y les otorgue cierto poder de negociación frente a las eléctricas. 'No nos gusta contratar con alguien que tiene garantizado un precio por ley', afirmó Juan Ignacio Bartolomé, de Unesid. Si no se toman medidas, el riesgo es que las empresas pierdan competitividad y dejen de invertir en España. 'Hay una gota final que rebosa el vaso. Y estamos en eso', avisó Aniceto Zaragoza, de Oficemen.
No obstante, el sector confía en que, al final, se encontrará una solución beneficiosa para todas las partes y que evite perjuicios a la economía del país. 'Pero el BOE no es nuestro', recordó Penacho.