TRIBUNA

Laboral: viejos problemas

Hace ya años que todo nuevo Gobierno encuentra sobre su mesa, entre los temas pendientes, el de la reforma laboral. Y hace ya años que todo Gobierno proclama, al hilo de sus primeras manifestaciones, tanto la intención de proceder a dicha reforma como la subordinación del alcance y contenidos de la misma a lo que resulte del diálogo social.

Y ello es así porque, sean cuales sean la coyuntura económica y la situación del empleo, la experiencia pone de manifiesto que el marco laboral de las actividades empresariales ha de estar permanentemente sometido a revisión. Máxime en nuestro caso, en el que dicho marco constituye un traje no sólo pasado de moda, sino muy pequeño para el crecimiento y la evolución de la economía. A pesar de lo cual, nos hemos limitado a irle sacando en cada ocasión un poco de dobladillo.

Hemos llegado a un punto en el que, tanto por la evolución natural de las cosas como por el cambio de coyuntura económica y del empleo, el traje no das más de sí. El nuevo Gobierno tendría que pensar en sustituirlo de una vez por todas, desoyendo las viejas cantinelas de quienes seguirán diciendo que si hemos llegado hasta aquí, podemos seguir algo más, y que unos pocos apaños nos pueden hacer el avío. Son los mismos que se hubieran negado a sustituir la máquina de escribir por el ordenador, y que muchas veces, en nombre del progreso, se resisten a todo cambio significativo.

Lo primero que debería asumir el Gobierno es que es necesario un nuevo marco laboral

Lo primero que debería asumir el Gobierno es que es necesario un nuevo marco laboral. Que la tutela de los derechos laborales y el avance de la protección social tienen que concebirse en sintonía con, y no en contra de, la flexibilidad productiva y las exigencias competitivas de las empresas.

Ya el informe de la comisión de expertos que se creó en la pasada legislatura, por acuerdo de los interlocutores sociales, apuntaba, sobre la base de un amplio consenso, en esa línea de actuación. Sin embargo, esos mismos interlocutores sociales fueron incapaces de avanzar por la senda indicada, aun admitiendo la corrección de las críticas efectuadas y lo acertado de las propuestas formuladas.

Y esto trae a colación el primero de los temas que, en caso de acoger los planteamientos reformistas, habría de afrontar el Gobierno: el papel del diálogo social en las reformas laborales.

Vaya por delante la importancia del diálogo social en nuestra historia reciente y la necesidad de mantenerlo y fortalecerlo. Sin él no hubiera sido posible el crecimiento económico y la convergencia con las economías europeas que hemos vivido. Pero a la hora de afrontar las necesarias reformas laborales y sociales, el diálogo social ha puesto de manifiesto, reiteradamente, sus límites.

El planteamiento más habitual por parte de los Gobiernos ha consistido en proclamar la propia vocación reformadora, realizar a renglón seguido un llamamiento a los agentes sociales para que la secunden y comprometerse, finalmente, a que sólo las reformas resultantes del diálogo social serán adoptadas.

De repetirse este esquema, volveremos a tener, si tenemos algo, reformas puramente cosméticas, que no impedirían un deterioro progresivo de nuestra competitividad y de nuestro mercado de trabajo. El planteamiento debe cambiar. El Gobierno debe explicitar las reformas que considere necesarias, o al menos los objetivos a conseguir con las mismas, invitando seguidamente a los agentes sociales a discutir sobre ellas o a proponer sus formulaciones al respecto. Pero dejando claro que el diálogo social no puede limitarse a frenar todo aquello que, como las verdaderas reformas, pueda resultar difícil de gestionar. El viejo refugio de optar, ante el miedo a los cambios, porque nada o casi nada cambie, ha de ser clausurado.

Los cambios hay que afrontarlos, aunque hagan más difícil la labor representativa o aunque alteren los equilibrios de poder internos de las organizaciones. Hay que intentarlo todo con el diálogo social. Pero no es admisible sostener que nada sin el diálogo social. La legitimidad política de las reformas decididas por la soberanía popular no puede ponerse en cuestión. No estamos en un sistema corporativo de distribución de competencias entre el Parlamento y los representantes sociales.

Y entre las reformas ineludibles pueden ya señalarse algunas. En primer lugar, la de las modalidades de contratación laboral, cuya regulación ha quedado muy desfasada, por lo que es necesaria una nueva normativa, atenta a las actuales necesidades productivas y en la que se reconozca adecuadamente, y se potencie, el papel de las empresas de trabajo temporal.

En segundo lugar, o se flexibiliza el uso del trabajo en la empresa, con unas relaciones laborales mucho más adaptables, o se rebajan sustancialmente las restricciones para la extinción, sobre todo colectiva y por causas económicas, de los contratos de trabajo.

En tercer lugar, hay que modernizar la negociación colectiva, mandando al desván la antigualla corporativa del carácter normativo del convenio colectivo, para establecer claramente su naturaleza contractual (con un régimen de modificación y vigencia coherente con la misma), revisando al mismo tiempo drásticamente la regulación de la concurrencia de convenios y la estructura negociadora.

Por último, no estaría de más que, después de 30 años, un Gobierno se decidiera a dar cumplimiento al mandato constitucional y a regular, de conformidad con el mismo, el ejercicio del derecho de huelga.

Federico Durán López Catedrático de Derecho del Trabajo y socio de Garrigues