EDITORIAL

Adiós a una antigualla fiscal

La fiscalidad suele ser un arma electoral de primer orden. Y todo indica que va a ser el ariete en esta larga precampaña. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, lanzó hace un par de semanas una apuesta briosa: eximir del pago de IRPF a todas las rentas inferiores a 16.000 euros anuales, las de siete millones de contribuyentes según sus cálculos. Se esperaba con interés la réplica del partido en el poder, y el presidente del Gobierno la realizó ayer: la supresión total del impuesto sobre el patrimonio en la nueva legislatura si repite mandato.

Es muy probable que la batalla fiscal siga hasta marzo con otras propuestas. José Luis Rodríguez Zapatero reconoce que 'sigue habiendo margen' para una nueva reducción de impuestos en la próxima legislatura. Afortunadamente, matizó que debe hacerse 'prudentemente' y siempre sobre la base del 'superávit estructural'. Un guiño ortodoxo a Pedro Solbes, ratificado como máxima autoridad económica si el PSOE sigue en el Gobierno.

Pero la propuesta anunciada ayer por Zapatero como promesa electoral requiere especial consideración. Primero, porque también ha sido asumida por el PP para el caso de que llegue al poder. Mariano Rajoy incluso se apuntó la autoría de la idea, porque comunidades como Madrid, gobernada por el PP, ya habían anunciado el proyecto de hacer desaparecer ese impuesto. Desde esta óptica, y teniendo en cuenta que se trata de un tributo cedido por la Administración central, es acertado que su eliminación se haga de un brochazo en toda España, y evitar así su utilización electoralista.

Esta inusual propuesta común merece atención también porque el impuesto de patrimonio es una antigualla fiscal y su mera existencia, una anomalía del sistema tributario. Se creó con una función censal, además de la recaudatoria, para conocer la concentración de riqueza a fin de aplicar una tributación sobre sus rendimientos. Pero lo cierto es que no cumple eficazmente ni la función censal ni la recaudatoria.

Hoy pagan a Hacienda por patrimonio algo menos de un millón de contribuyentes, pero, aunque con un mínimo exento elevado -108.000 euros de renta anual-, el tributo recae más sobre las clases medias que sobre las de ingresos muy altos, que, en opinión del presidente del Gobierno, 'encuentran fáciles mecanismos de elusión'. Es un argumento discutible, pero otro más contra una figura que nació como tributo extraordinario y transitorio, con el fin de complementar al IRPF, y que sólo se mantiene en Francia y Suecia.

La supresión del impuesto de patrimonio supondrá una merma de ingresos para las autonomías afectadas -todas, excepto las de régimen foral- de 1.400 millones de euros, el 6% de lo que le proporcionan todos los tributos cedidos. æpermil;stas se verán 'compensadas', según Zapatero. De cómo se articule esa compensación también dependerá el acierto de la medida.

Para que una economía moderna funcione en democracia el sistema fiscal debe ser justo, transparente, comprensible, equilibrado, progresivo y no confiscatorio, además de favorecer el crecimiento. Pero sobre todo debe ser sencillo. Un camino por andar en España. Y esto implica tanto extirpar reliquias fiscales como cambiar otros tributos, como el de sucesiones y donaciones, que demanda también cirugía urgente.