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Tribuna
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Las infraestructuras de transporte en Estados Unidos

Estados Unidos mantiene en estos momentos un intenso debate a propósito de cómo conservar y ampliar su red viaria, destaca el autor. En este debate se inserta el reciente interés por la financiación de infraestructuras a través de concesiones, un campo en el que, en su opinión, la experiencia española puede ser muy útil

Cuando ayer, 3 de diciembre, la secretaria de Transportes de Estados Unidos, Mary E. Peters, dio comienzo a una gira por varios países europeos, entre ellos España, para informarse de las novedades en torno a la gestión de las infraestructuras de transporte, lo habrá hecho con la convicción de saber que se trata de resolver un asunto vital para el crecimiento de la economía americana en el futuro próximo. Estados Unidos dispone del más amplio sistema carreteras del mundo, compuesto por 6,4 millones de kilómetros de carreteras públicas, de las cuales sólo el 25% están en zonas urbanas.

A pesar de la amplitud de la red, o precisamente por ello, el sistema de transporte por carretera en Estados Unidos se enfrenta a una serie de problemas básicos. El primero es la congestión de tráfico. Según la Autoridad Federal de Autopistas, en el año 2020 el 90% de las autopistas interestatales de carácter urbano estará al borde del colapso. Las pérdidas anuales en productividad que la congestión produce alcanzan ya los 54.600 millones de euros, como consecuencia de la pérdida de millones de horas de trabajo y de gasolina desperdiciados. En los últimos 20 años, el tráfico promedio de las autopistas interestatales se ha incrementado más del 50%, cuando los carriles sólo crecieron el 3%.

El segundo problema es el deterioro de las infraestructuras actuales. Más de 257.000 kilómetros de autopistas federales se encuentran en condiciones inaceptables de pavimento y casi 160.000 puentes, con problemas de deficiencias estructurales, según el Departamento de Transporte de Estados Unidos. Los 75.600 kilómetros del sistema interestatal tienen un número muy significativo de puentes y otros elementos estructurales al límite de su vida útil y necesitan una rehabilitación sustancial y, en algunos casos, su completa sustitución.

El tercero de los problemas, consecuencia de los dos anteriores, es cómo financiar el creciente nivel de gasto en infraestructuras. El gasto en infraestructuras de transporte en EE UU alcanzó los 103.000 millones de euros en 2004, y se calcula que el promedio anual de inversiones en carreteras y puentes para los próximos 20 años será de más de 91.000 millones de euros, tanto para mantener el actual nivel de las infraestructuras como para ampliarlas, lo que supone 42.700 millones de euros por año más de la inversión actual.

Aunque la responsabilidad de construir y mantener las carreteras en Estados Unidos recae en los departamentos de Transporte de los 50 Estados de la Unión, la financiación proviene tanto de fuentes federales como estatales y locales, a partir fundamentalmente de los impuestos sobre las gasolinas. Los peajes representan apenas el 5% del total de ingresos. En el año 2005 Estados Unidos tenía alrededor de 8.000 kilómetros de autopistas de peaje operativas, en su totalidad gestionadas por el sector público.

En estos momentos hay un intenso debate en Estados Unidos a propósito de cómo conservar y ampliar una red de transporte que es estratégica. La Administración Federal de Autopistas ha ido alentando la búsqueda de nuevas fórmulas alternativas como la emisión de bonos, la creación de fondos de inversión y la participación del sector privado en la financiación. En ese debate se inserta el reciente interés por la financiación de infraestructuras a través de concesiones. El propio Departamento de Transportes de Estados Unidos ha preparado un modelo de legislación sobre partenariado público privado (PPP) con el propósito de proporcionar a los Estados un ejemplo de los elementos básicos que es necesario considerar en una legislación que promueva la participación del sector privado en la gestión de infraestructuras públicas. En estos momentos, 23 Estados y territorios tienen legislaciones de PPP y se espera que seis más lo hagan en el próximo año. Está pendiente de aprobación de legislación que permita la concesión de autopistas de peaje en nueve Estados: Arizona, California, Florida, Hawai, Indiana, Misisipi, Nevada, Tennessee y Virginia. También están en discusión legislaciones en Kentucky, Michigan, Oklahoma y Puerto Rico.

La experiencia española en este campo puede ser muy útil a la secretaria de Transportes de Estados Unidos. De hecho, de las cinco autopistas de peaje concesionadas, dos de ellas, la Chicago Skyway, y la Indiana Toll Road lo han sido a una empresa española. Y las oportunidades son evidentes: se calcula que alrededor de 20 concesiones de autopistas pueden ser adjudicadas en 2008 y siguientes, por un importe total de en torno a 56.000 millones de euros.

Enrique Alejo. Jefe de la Oficina Comercial de España en Chicago

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