COLUMNA

Del 'Sputnik' a Galileo

El pasado 1 de octubre se cumplieron 50 años del lanzamiento del Sputnik. Tenía entonces 10 años pero aún recuerdo el bip-bip que emitía aquella bola de aluminio que inauguró la carrera espacial.

Después del Sputnik se lanzaron más de 5.000 satélites, la mayor parte americanos o rusos. Unos 2.000 siguen todavía en órbita, y aunque la mayoría son militares, sus aplicaciones civiles han invadido nuestra vida cotidiana a través de las telecomunicaciones, la meteorología y, más recientemente, el GPS, cuyos servicios se multiplican y extienden desde que la constelación de satélites militares americanos Navstar se abrió al público.

La Unión Europea está tratando de sacar adelante su propio sistema, Galileo. Pero en el Consejo de Transportes, que coincidió con el aniversario del Sputnik, se evidenciaron las profundas divergencias entre los Estados miembros acerca de la financiación de un proyecto de gran importancia política, económica y estratégica.

Desde que la Comisión propuso, en 1999, un sistema de posicionamiento por satélite que diese a Europa autonomía frente al GPS americano, las divisiones entre europeos y las zancadillas de Estados Unidos han dificultado y retrasado su desarrollo. Algunos países no veían la utilidad de un sistema de pago frente a la gratuidad del GPS, financiado por el Pentágono. Pero la contrapartida de esa generosidad es una peligrosa dependencia, puesto que Estados Unidos puede suprimir o limitar la señal del GPS en cualquier momento por razones estratégicas. Como hicieron durante la primera guerra del Golfo, en 1991, o durante su intervención en Serbia en 1999.

El GPS americano es un sistema fundamentalmente militar con efectos colaterales civiles. De igual manera, Galileo, más allá de su rentabilidad económica, debería asegurar la soberanía europea y servir a su capacidad militar. Pero como los británicos se opusieron desde un principio a su uso militar, Galileo fue concebido como un sistema civil bajo control civil. Esa limitación ha planteado problemas de rentabilidad y riesgos industriales, pero poco a poco se empieza a aceptar que también pueda servir a usuarios militares.

Esa posibilidad es ya aceptada incluso por Estados Unidos, que ha firmado con Bruselas un discreto acuerdo de interoperabilidad de ambos sistemas que le permite utilizar Galileo en caso de problemas técnicos de su GPS.

Pero mientras tanto, el consorcio de empresas privadas encargado de construir el sistema, a cambio de una concesión de 20 años, ha sido incapaz de cumplir sus compromisos. Un solo satélite, lanzado en 2005, gira solitario en el espacio y otro espera en los laboratorios de la Agencia Espacial Europea (ESA). Pero, como suele ocurrir en este tipo de infraestructuras muy costosas, cuya rentabilidad es incierta y se consigue en plazos muy largos, la financiación privada no es suficiente y faltan 2.000 millones para desplegar otros 26 satélites y construir las estaciones terrestres.

Ante el fracaso del consorcio privado, en el que se habían fusionado las ocho principales empresas espaciales europeas, Galileo parecía haber muerto hasta que la Comisión decidió en mayo nacionalizar el proyecto y propuso financiar las infraestructuras con fondos comunitarios, concediendo después su explotación al sector privado.

Para ello hacen falta 2.400 millones de euros que se pueden financiar de tres maneras: directamente por los Estados miembros, como se hace con el Fondo Europeo de Ayuda al Desarrollo (Fed), por la ESA o por el Presupuesto de la Unión Europea. La Comisión propone esta solución y el Parlamento Europeo debería apoyarla por importantes razones políticas: 10 Estados miembros de la Unión Europea no participan en la ESA y el Parlamento Europeo no tiene ninguna capacidad de control sobre ella.

Tampoco la tendría sobre un acuerdo intergubernamental que generaría inmediatamente el conocido conflicto acerca del burden sharing y las ventajas industriales que obtendría cada país que acabaría debilitando su eficacia científica e industrial.

Ese reparto de costes y beneficios es lo que dificulta el acuerdo y explica el rechazo alemán a la financiación comunitaria. Alemania piensa que un acuerdo intergubernamental canalizado a través de la ESA daría a su industria espacial una mayor participación frente al tradicional protagonismo de Francia en ese sector.

Una financiación comunitaria exigiría modificar las perspectivas financieras ya definidas hasta 2013. Pero es posible obtener 400 millones al año durante los seis próximos gracias a la disminución del gasto previsto para la agricultura y la Administración. Se sabe ya que no se agotarán los recursos previstos y los Estados miembros tienen simplemente que renunciar a reembolsarse esos excedentes presupuestarios. El Parlamento Europeo tendrá que dar su acuerdo, lo que no parece difícil si los eurodiputados entienden la importancia política y estratégica del proyecto, aunque ya hayamos escuchado las críticas de los conservadores británicos, convertidos de repente en sorprendentes defensores del gasto agrícola a pesar de que no se plantee reducirlo efectivamente.

Así las cosas, Europa tendrá que decidir si tiene una ambición industrial colectiva en un sector de futuro y si es capaz de superar las rencillas nacionales, en este caso franco-alemanas, y las dependencias geoestratégicas de algunos países con respecto a Estados Unidos.

Pero el tiempo apremia. Si Galileo llega después de que Estados Unidos haya lanzado su GPS de tercera generación la viabilidad comercial de Galileo será más difícil. Y China puede cansarse de participar en el proyecto.

Veremos qué dice al respecto el próximo Ecofin, pero serán los jefes de Estado y de Gobierno los que tomen la decisión final en el Consejo Europeo de diciembre en Lisboa. No se trata sólo de firmar tratados que reforman instituciones sino de impulsar proyectos que demuestren la utilidad real de la Europa unida.

José Borrell Fontelles. Miembro de la Comisión de Industria y Energía del Parlamento Europeo