COLUMNA

¡Tranquilidad, señores!

La presentación del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, a finales del pasado mes de septiembre provocó una gran polémica y otra menor. La primera surgió por la distribución regional de la inversión de la Administración central, que dio lugar a una serie de agravios comparativos teñidos de colores partidistas -y que fue objeto de unos comentarios por mi parte hace 15 días en estas mismas páginas-. La segunda se debe a las discrepancias respecto a lo bien fundadas o no de las previsiones macroeconómicas en que se sustentan las decisiones de gasto e ingresos del proyecto que todavía se discute en el Congreso de los Diputados.

Las previsiones del Gobierno aparecieron en un mal momento pues por esas fechas todos los analistas y gabinetes dedicados a tareas de previsión económica comenzaban a reconocer que el viento había rolado y cambiado de intensidad. Esos cambios eran, lógicamente, más acusados sobre lo que podría ocurrir el año próximo que sobre el que se acerca a su fin, si bien éste lo experimenta también a menor escala.

En concreto, las cuentas públicas para 2008 se apoyan en unas previsiones de crecimiento del PIB del 3,3%, con un consumo privado del 3,1%, una FBCF (formación bruta de capital fijo) del 4,6%, que en el caso de la construcción se mantendría en el 3,8% -por mencionar únicamente algunas de las más significativas-. Pero, como he indicado antes, en esas mismas semanas las previsiones de fuentes privadas estaban comenzando a reconocer que sus previsiones anteriores resultaban demasiado optimistas y, en consecuencia, introducían nuevas informaciones reveladoras de cambios significativos.

Había algo más, y de extrema importancia; la crisis iniciada en el mercado hipotecario americano de alto riesgo había provocado una situación extremadamente preocupante en los mercados monetarios a corto plazo -con dificultad para distribuir liquidez hacia las entidades más o menos afectadas por unos riesgos elevados y con paganos mal localizados-, que podían acaso extenderse a los mercados crediticios a pesar de las llamadas a la tranquilidad y las inundaciones de fondos llevadas a cabo por los grandes bancos centrales.

El caso es que para finales de septiembre la opinión dominante entre las 11 entidades cuyos gabinetes de estudio y previsión aportan información a la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) se mostraban más prudentes que el Gobierno al rebajar hasta el 3% el crecimiento del producto para el ejercicio próximo y apostar por incrementos más moderados en, por ejemplo, el consumo privado (2,8%), la FBCF (3,7%) y la construcción (1,9%). Además, el Servicio de Estudios del BBVA, ya a mediados de octubre, cifraba en 83.000 el número de empleos que en 2008 puede perder la construcción.

Aun así, parece que Solbes se siente cómodo con el escenario dibujado por el ministerio para los 12 próximos meses. Ahora bien, la publicación por el FMI de sus perspectivas mundiales de otoño han originado un pequeño rifirrafe oficial. El Fondo rebaja todas sus previsiones, tanto para la economía mundial como en el caso de Estados Unidos, la UE y, más concretamente, España. Nuestro país comparte con el gigante americano el dudoso honor de ser el país que ve más acusadamente recortado el ritmo de crecimiento de su PIB (0,9 décimas porcentuales en su caso y un punto menos en el nuestro).

A la hora de justificar ese pronóstico los técnicos del FMI mencionan la corrección en la trayectoria de los incrementos pasados en la construcción residencial y las incertidumbres que rodean la capacidad de nuestro sistema crediticio para seguir atrayendo fondos, sobre todo exteriores, para financiar la demanda de empresas y hogares españoles.

Por razones que no son fáciles de entender, estas discrepancias técnicas se han convertido en actitudes políticas intransigentes en mi modesta opinión. Y es que una característica básica de las previsiones económicas es la incertidumbre; por lo tanto, nadie puede considerarse depositario exclusivo del futuro.

Por otro lado, en el caso de los ingresos y gastos públicos, es necesario conocer bien los canales a través de los cuales aquellos influyen en las variables reales de la economía y, especialmente, su efecto sobre las decisiones futuras de los agentes privados -empresas y familias-. Se trata de un ejercicio difícil incluso en el supuesto de que el Presupuesto fuese un instrumento de política económica dedicado exclusivamente a conseguir la estabilidad y el crecimiento equilibrado. No es éste, por desgracia, nuestro caso dada la ausencia de Gobiernos fuertes, capaces de resistir la tentación de otorgar beneficios a unos pocos a costa de los impuestos de todos.

Raimundo Ortega. Economista