COLUMNA

Programas de gasto

La cercanía de las elecciones y la persistencia de un superávit presupuestario han abierto, en estas fechas de elaboración presupuestaria, un proceso de propuestas sobre nuevos programas de gasto.

Voy a comentar algunos de ellos, desde la perspectiva de que dos de las funciones más importantes del Estado son facilitar el acceso de las personas con menor nivel de renta a servicios de calidad y proveer bienes de capital (públicos) de los que se beneficien el conjunto de ciudadanos y agentes económicos. Hay otras funciones extremadamente relevantes, como gestionar las regulaciones de una forma eficiente y garantizar los derechos civiles y económicos de los ciudadanos, que son prestadas en nuestro país con una calidad discutible (y mucho peor que en la mayoría de los países de la OCDE), pero esas reformas (permanentemente pendientes) necesitan de mucho más que de programas concretos de gasto.

Facilitar la vida a las parejas que tienen, o desean tener, hijos en un contexto de creciente incorporación de todos los adultos al mercado de trabajo es un objetivo más que lícito. Pretender que eso se consigue con una subvención de una sola vez a las parejas (el cheque-bebé) tiene poco sentido. Más adelante se ha ido matizando el programa, planteando la puesta en marcha de una mayor oferta de plazas en guarderías públicas, lo cual es una redefinición en la buena dirección. Quizá habría que completarla con incentivos fiscales a empresas con un determinado número de empleados para que organizaran servicios de guardería en las empresas, que serían financiados conjuntamente por las empresas, por el Estado y por los usuarios. Este doble programa de guarderías públicas e incentivos a guarderías en empresas incidiría sobre las familias con hijos pequeños ya nacidos y sería más eficaz y equitativo que el mediático cheque-bebé.

El estado de las infraestructuras es una limitación a la eficiencia empresarial

El acceso a la vivienda de alquiler es otro objetivo justificado. Pero la subvención de las rentas de alquiler tampoco tiene mucho sentido. El problema que se desea abordar no está causado por escasez de la demanda (que es lo que se estimula con la subvención), sino por escasez de la oferta y, en buena parte como consecuencia de ello, por el alto nivel de los precios. Pero el estímulo de la demanda, con la oferta rígida, tendría efectos alcistas sobre el precio (sobre los alquileres), trasladándose una parte de la subvención al precio. Incrementar la oferta de alquileres es la vía adecuada y para ello, además de programas locales de viviendas con ese destino, es fundamental movilizar el stock de pisos vacíos. Se han ido tomando algunas medidas en esa dirección que no han tenido efectos. Pero es necesario profundizar en ellas.

Por un lado, mejorar aún más la protección de los derechos de los arrendadores, más allá de la reforma de 2003 que no ha sido suficiente, porque el procedimiento verbal que se facilitó entonces puede durar entre seis y nueve meses y no ser barato si el inquilino es insolvente y no paga las costas. Y si el inquilino ha desaparecido sin entregar las llaves, el plazo se alarga y los costes aumentan. Por otro lado, el actual Gobierno creó la Sociedad Pública de Alquiler con vocación de garantizar al arrendador la renta y el cumplimiento de los contratos de alquiler, pero los propietarios piensan que el precio que cobra resulta excesivo. Y probablemente tienen razón. Podría considerarse el abaratamiento de los servicios de la Sociedad, directamente o permitiendo la consideración fiscal como gasto de los propietarios lo que la Sociedad retiene.

Esta profundización de las medidas de estímulo de la oferta se producirían, además, en un momento más propicio: las expectativas de los propietarios acerca de una revalorización de sus inmuebles se están debilitando, por lo que un aumento de la seguridad jurídica les incentivaría a tratar de obtener rentas de sus activos y no sólo revalorización.

Otro tipo de programas en los que estaría muy justificado dedicar parte del superávit es la inversión en infraestructuras. Las opiniones de los empresarios españoles expresadas en encuestas, tanto transnacionales como nacionales, ponen de manifiesto que el estado de las infraestructuras es una limitación a la eficiencia empresarial y que su calidad es inferior a la de los países más avanzados. La mejora del capital público contribuiría, por tanto, a una mayor productividad y a mayores rentas (e ingresos fiscales) en el futuro. De ahí la justificación de dedicar el superávit a estos fines. Pero la definición precisa de esos programas de inversión debe estar guiada por las opiniones de los empresarios sobre las limitaciones efectivas y no sólo por criterios políticos, ni sólo por la opinión de funcionarios (incluidos profesores de universidad) sin experiencia empresarial alguna.

Carlos Sebastián. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense de Madrid