COLUMNA

La emancipación, cuestión de Estado

Es gratificante observar cómo comienza a calar en la opinión pública, pero sobre todo en la acción de gobierno, la importancia y la trascendencia de la emancipación juvenil. Este problema, que permanece dormido por la generosidad de la red familiar, parece que ha tomado cuerpo y se han comenzado a poner las bases para mitigarlo, aunque su solución definitiva se antoja lejana.

El núcleo de la disfunción radica en que los jóvenes españoles, a diferencia de nuestros homónimos europeos, se saltan la etapa de la autonomía personal, previa a la autonomía financiera y económica. Esto provoca que su desarrollo personal, y su propia madurez, se ralentice, lo cual genera comportamientos y actitudes vitales que nos alejan de las sociedades más avanzadas. Los resultados se dejan notar, por ejemplo, en la preeminencia de roles masculinizados, en parte por la influencia familiar, o en las pautas de consumo compulsivo.

Pero también es notoria la falta de responsabilidad personal al abordar la finalización de los estudios universitarios. Parece poco comprensible que los estudiantes españoles tarden, de media, más tiempo en finalizar las carreras universitarias que los europeos o norteamericanos. Una de las razones, cada vez más poderosa, empíricamente hablando, es el hecho de que en muchos de estos países los estudiantes trabajan o reciben salarios públicos para pagarse sus estudios y su vida autónoma desde muy jóvenes. Esta cultura de la responsabilidad individual genera sociedades más concienciadas con el valor del gasto público, pero sobre todo más maduras frente a los ciclos vitales.

Este peor aprovechamiento de la etapa universitaria en términos relativos es una de las causas por la que los salarios medios son inferiores a los de las economías más avanzadas. æpermil;stas han entendido que una educación y formación integral y completa es garantía de mejores prestaciones económicas individuales y por tanto mayores tasas de retorno para el capital público invertido. Esto confirma que para entender la formación de salarios y determinar su nivel, aspectos como la productividad, la formación y el fomento de la autonomía personal tienen mucho más peso que la reducción de la fiscalidad.

Estos países han entendido, desde hace mucho tiempo, que cualquier inversión en autonomía personal, sea en jóvenes o en mayores, lejos de ser un gasto, es una inversión que reporta beneficios a largo plazo. La arquitectura de este proceso gira en torno a tres ejes: acceso a la vivienda, servicios o redes sociales y un sistema de financiación público-privado que discrimine positivamente la búsqueda de la salida del núcleo familiar. Esta ingente tarea, en la que llevamos un retraso de más de 30 años, debería ser motivo de consenso social y político, pero parece que sólo interesa a este Gobierno. Esto se puede observar analizando las críticas o las propuestas alternativas planteadas por el principal partido de la oposición.

Empecemos por la medida más novedosa aprobada en el último Consejo de Ministros, es decir, la llamada renta de emancipación. æpermil;sta nada tiene que ver con la política de vivienda o el falso debate entre comprar o alquilar una vivienda. Lo relevante es que las críticas no han entrado en si la ayuda es suficiente o no, sino que se han centrado en cuestiones competenciales o en una hipotética subida de precios de los inmuebles. Nadie se ha parado a llevar a cabo un análisis de bienestar social del posible impacto que puede tener que más de 180.000 jóvenes puedan encarar una etapa crucial en su desarrollo que nunca deberían dejar pasar. Por el contrario, las contrapropuestas son bajar impuestos para poder adquirir una vivienda, es decir, de nuevo unir la etapa de autonomía inicial con la económica o financiera. Todo ello en aras de una falsa libertad de elección entre compra de vivienda o alquiler. La elección es si puedo emanciparme o no, y eso en los países libres y prósperos no se discute; se ayuda al alquiler y a poder vivir de forma autónoma.

Espero que el fragor electoral no desvíe los verdaderos problemas del país; entre los que destacan la autonomía juvenil, dependencia, familias, horarios de trabajo, educación, vivienda: en suma bienestar social y derechos. Como se puede apreciar, nada que ver con la propiedad, el alquiler o la fiscalidad. Esto vendrá cuando hayamos convergido con los países excelentes en algo más que en factores monetarios o variables macroeconómicas.

Nuestro espejo no debe ser sólo el superávit público, que también, sino la felicidad de nuestros habitantes, como hace un país lejano, que mide la felicidad interior bruta. En esa línea se ha gobernado en esta legislatura. Que nada nos aparte de este camino.

Alejandro Inurrieta. Presidente de la Sociedad Pública de Alquiler