Nieto atribuye el apagón a problemas de mantenimiento pero no de inversión
El apagón que se prolongó durante cuatro días en Barcelona no se debió a falta de inversiones recientes, sino a problemas de mantenimiento de las redes. Así lo aseguró el secretario de la Energía, Ignasi Nieto, que detalló, junto a su homólogo para la Prevención del Cambio Climático, Arturo Gonzalo, el plan medioambiental aprobado por el Gobierno el 20 de julio.
El secretario general de la Energía, Ignasi Nieto, descartó ayer que el apagón de Barcelona se haya producido por inversiones insuficientes de las empresas, y lo achacó a 'la falta de rigurosidad en la ejecución de la operación y el mantenimiento de las redes'. Sin querer apuntar con el dedo a una de las dos empresas implicadas, Endesa (responsable de la distribución), o REE (de las redes de alta tensión), en tanto la Comisión Nacional de la Energía publica los resultados de su investigación, Nieto, que dijo tener su opinión particular, sí apeló al parón de las inversiones que se produjeron a principios de esta década.
En una rueda de prensa conjunta con el secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Arturo Gonzalo Aizpiri, para presentar los planes del Gobierno contra el cambio climático, Ignasi Nieto aseguró que 'las inversiones en redes tienen una inercia de seis o siete años'. En este sentido, consideró que 'ahora estamos pagando la falta de inversiones de principios de este siglo', ya que, desde 2004, las inversiones de distribución y transporte se han duplicado (hasta 600 millones, en el caso de REE). A modo de ejemplo, señaló que el transportista de la red ha invertido 50 millones de euros en Cataluña este año, frente a los nueve millones de 2003.
'Incidentes como el ocurrido en Barcelona -añadió- son habituales aquí y en cualquier país', pero 'lo que es excepcional es por qué se ha tardado cuatro días en restablecer el suministro'. En este sentido, recordó que el black out sufrido por Italia en 2003 se solventó en 24 horas.
Aizpiri y Nieto ofrecieron detalles sobre las medidas medioambientales aprobadas en el consejo de ministros monográfico que se celebró el viernes 20 de julio. Entre las medidas, destacan la aprobación de un real decreto sobre energía eólica marina; un acuerdo sobre ahorro energético en edificios públicos; el nuevo plan de acción 2008-2012 sobre la estrategia de ahorro y eficiencia energética E-4 y el reglamento sobre edificios públicos (Rite).
En el plan de eficiencia, el Gobierno pretende un ahorro del 11%, cuando en la directiva europea lo fija entre el 4% y el 5%. Dicho ahorro se traduce en 87,9 millones de toneladas equivalentes de petróleo, 4.200 millones de euros y 238 millones de toneladas de CO2. Con un precio en el mercado de 10 euros la tonelada de CO2 (ahora está a 30 euros) ya sería rentable un plan, que prevé recursos públicos de 2.367 millones de euros, de los cuales, entre un 15% y un 16% lo aportarían las comunidades autónomas.
Ya se han puesto en marcha 80 medidas, sobre un total de 198 que fija el plan. Por sí mismas, esas medidas permitirán cumplir un 60% del Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de CO2 2008-2012 que establece que las emisiones globales de gases de efecto invernadero en España no superen en más de un 37% las del año base. Para lograr el 40% será necesario aplicar las otras 118 medidas, que 'necesariamente' tienen que ser compartidas con las comunidades autónomas y ayuntamientos, según Gonzalo Aizpiri.
El secretario general para la Prevención del Cambio Climático recordó que existe una 'distancia' de 22 puntos entre el 37% de reducción previsto en el PNA, el 15% de reducción que fija para España el Protocolo de Kioto respecto de 1990. Esa diferencia se salvará mediante los sumideros de CO2 (un 2%) y el otro 20% con los derechos de emisión que adquieran las empresas en el mercado.
El plan 'ataca' a siete sectores, los más importantes el del transporte (del que se obtendrá un 38% del ahorro energético y un 45% de CO2); el industrial (que aportará un 28% y otro 28%, respectivamente, y el de la edificación (que contribuirá con un descenso del consumo del 17% y de las emisiones del 15%).
El impuesto de circulación también será ecológico
Además de la adaptación del impuesto de matriculaciones, que penalizará a los automóviles más contaminantes, y viceversa, sin que ello comporte una caída de la recaudación, el Gobierno quiere hacer lo propio con el impuesto de circulación.Sin embargo, así como con el de matriculaciones el Estado tiene capacidad normativa, no ocurre así con el de matriculación que es potestad de los ayuntamientos y requiere un cambio en la ley de haciendas locales, lo que requerirá convencer a los municipios para que graven más a los vehículos que emiten más CO2.En el caso del impuesto de matriculaciones, según explicó ayer Arturo Gonzalo Aizpiri, en septiembre u octubre se incluirá una enmienda en la Ley de Calidad del Aire que se tramita en el Senado.