La Comisión expedienta a Alemania por trato desigual en dividendos
La Comisión Europea anunció ayer nuevos pasos en sus respectivos procedimientos de infracción contra Alemania, Austria, Finlandia e Italia por aplicar un trato fiscal discriminatorio a los dividendos según país de destino.
Bruselas envió ayer un dictamen motivado -segundo paso en el procedimiento de infracción y previo a la denuncia- a Austria y Alemania por aplicar un impuesto más alto a los dividendos abonados a sociedades extranjeras (dividendos salientes) que a las nacionales.
El Ejecutivo comunitario cree que mientras que los dividendos que se quedan en Austria y Alemania gozan de exenciones fiscales, los que se envían al extranjero tienen un gravamen de entre el 5% y el 25%. Si Berlín y Viena no prueban que sus conductas se ajustan a la normativa europea, el Ejecutivo comunitario los denunciará ante el Tribunal de Justicia.
Este mismo supuesto de discriminación fiscal hizo que la Comisión denunciara a España ante el Tribunal de Justicia de la UE en enero de este año, fecha en la que también demandó a Holanda, Bélgica, Italia y Portugal.
En un segundo grupo de casos, contra Finlandia e Italia, la Comisión reclamó más información a sus respectivos Gobiernos para poder averiguar si su ley es discriminatoria al imponer un impuesto mayor al pago de dividendos salientes cuando el destinatario es un fondo de pensiones en el extranjero. Bruselas considera que esta práctica contraviene la libre circulación de capitales en la UE.
Por otro lado, Alemania recibió ayer otro dictamen motivado del Ejecutivo comunitario al considerar ilegal el gravamen que impone a los beneficiarios de fundaciones de familias extranjeras. Bruselas estima que dicho impuesto discrimina a los beneficiarios de esas fundaciones cuando tienen su domicilio social en el extranjero, ya que se les hace pagar impuestos independientemente de si reciben o no beneficios.
Circulación de capital
El trato fiscal desigual en la tributación de los dividendos que perciben los contribuyentes está considerada por Bruselas como un atentado a la libre circulación de capitales. Esta libertad está consagrada en todos los tratados fundacionales de la UE.