Otra subida de la luz
En mi artículo publicado el 3 de febrero puse de manifiesto que la Comisión Europea había abierto una investigación sobre las tarifas eléctricas reguladas que existen en España para las grandes empresas, que son artificialmente bajas. España, a través de las tarifas reguladas, realiza un verdadero control del mercado de la electricidad, fijando precios para determinados sectores, grandes consumidores de energía eléctrica alejados de los precios reales derivados de los costes de producción.
Tal política ha dado lugar a un déficit tarifario para 2005 de 3.810,5 millones de euros, que se amortizará con un recargo que aparecerá durante 14 años en el recibo de la luz; hasta tanto quede cancelado el déficit, su financiación se efectuará por los operadores históricos. Para la Comisión Europea dicho déficit es consecuencia de las tarifas reguladas artificialmente bajas para determinadas empresas, que pueden ser consideradas como una ayuda del Estado encubierta.
Creo que la postura adoptada por la Comisión Europea de investigar si el déficit tarifario puede ser considerado ayuda estatal, ha llevado al Gobierno español ha aumentar de nuevo los precios de la electricidad a través de las tarifas reguladas para disminuir el déficit tarifario del corriente año. A tal efecto ha enviado a la Comisión Nacional de la Energía (CNE) un proyecto de decreto en el que se contempla una nueva subida de las tarifas eléctricas a partir del 1 de julio, que se sumará a la llevada a cabo en enero, cuyo incremento medio supuso un aumento del 4,3%.
El compromiso del Gobierno fue no subir este año el precio de la luz para consumo doméstico por encima del índice de precios al consumo. En 1 de enero de 2007 se efectuó una subida media del 2,8%, a la que se sumaría desde 1 de julio otra subida media del 2,21%, con lo cual se incumplirá la promesa del Gobierno. Y eso sin tener en cuenta la próxima revisión de las tarifas que se aprobará en septiembre para entrar en vigor el 1 de octubre; propuesta que corresponderá efectuar a la CNE de aprobarse el nuevo decreto de tarifas que se encuentra en trámite de informe del regulador del sector eléctrico.
Creo que la única forma de dar transparencia a las razones que pueden justificar las tres subidas de tarifas que en el presente año van a producirse, es que el Gobierno haga público los costes reales de producción de la energía eléctrica así como los precios fijados para cada tipo de consumidor: doméstico, subdividido en tres grupos según la potencia contratada (de 1 a 2,5 kilovatios, de 2,5 a 5 kilovatios, y de 5 a 10 kilovatios), tarifa general con potencia contratada de 10 a 15 kilovatios y grandes consumidores, y el consumo total de cada grupo.
Quedaría así aclarado si existe ayuda del Estado encubierta, como dice Bruselas, que considera que: a) debe evitarse los falseamientos de la competencia, que impiden a los consumidores aprovechar al máximo las ventajas de un mercado energético liberalizado y que favorecen injustamente a determinadas empresas; b) las tarifas reguladas podrían haber beneficiado no sólo a las grandes empresas, sino también a los operadores tradicionales que podría haber recibido una compensación excesiva del Estado y haber conseguido un beneficio anómalo a través del sistema tarifario, y c) el hecho de que el Gobierno solamente permita a los operadores tradicionales de electricidad españoles ofrecer tarifas reguladas bajas, puede haber impedido a unos proveedores potenciales introducirse en el mercado eléctrico español y que este sistema haya inducido a algunos nuevos competidores recientes a abandonar su actividad en España, eliminando así los beneficios que ello habría supuesto para los consumidores.
Voy a dar mi opinión acerca de si las tarifas artificialmente bajas que disfrutan en España los grandes consumidores de energía, pueden considerarse ayuda del Estado. A primera vista, al no existir fondos públicos en el mecanismo de funcionamiento de las tarifas reguladas, no debe considerarse ayuda pública la rebaja de tarifas a determinadas empresas. Sin embargo, considero que el mecanismo establecido para financiar el coste de dichas rebajas produce un efecto equivalente. En efecto, la rebaja de las tarifas acordada por el Estado en virtud de su poder regulador, constituye en realidad una subvención encubierta que se financia con un recargo sobre el consumo de energía durante 14 años, establecido por el Estado también en virtud de su poder regulador, con efecto equivalente al de un impuesto sobre el consumo de energía, que se ingresa en una cuenta de la CNE, organismo público que después lo distribuye entre los operadores tradicionales que han financiado temporalmente la rebaja de la tarifa. El recargo sobre la tarifa eléctrica debe considerarse como una exacción parafiscal, ya que produce los mismos efectos económicos que la exacción establecida en virtud del poder regulador del Estado.
Para mostrar de forma más clara las relaciones económicas subyacentes, el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-95 Eurostat) dispone 'que las operaciones se reordenan, reasignándolas', y el Manual del SEC-95 sobre el déficit público y la deuda pública (Comisión Europea, Eurostat 2002) establece que 'es necesario atribuir los pagos iguales y los pagos contrarios a través de las Administraciones públicas (la denominada reasignación) para mostrar que algunas de las operaciones de la unidad se hacen en nombre de las Administraciones públicas'.
Por tanto se desprende de la legislación comunitaria que las rebajas tarifarias de la energía eléctrica a determinadas empresas españolas constituyen ayudas del Estado
José Barea, Catedrático Emérito de la Universidad Autónoma de Madrid