El europeísmo de Merkel

Después de dos años de una estéril pausa de reflexión en los países de la UE, Alemania someterá al término de su presidencia semestral, en la cumbre que se inicia mañana en Bruselas, un proyecto de Tratado Constitucional. Una vez más, la canciller Merkel tendrá que arremangarse para resolver un serio problema político y dar una nueva prueba de su cualidad de estadista.

Ya empezó a hacerlo en su propio país al llevar a cabo las reformas estructurales que exigía la pertenencia a una unión monetaria, y al conseguir la aprobación de los Presupuestos de la Unión para 2007/2013. Ahora tiene unos planes más ambiciosos, quiere sacar a la Europa de los Veintisiete de la profunda crisis institucional en que está sumida desde hace algunos años. Pero la mediadora Merkel tendrá que hacer uso, más que nunca, de su tenacidad germánica y habilidad diplomática para con paciencia y discreción salir adelante en su empeño, como en la reciente cumbre del G-8, al conseguir que EE UU reconozca la responsabilidad humana en el calentamiento climático y acepte la necesidad de desarrollar un marco global bajo los auspicios de la ONU a finales del año próximo.

No hay que ser un Cassandra para pensar, a la luz de la Declaración de Berlín aprobada con ocasión de la celebración del 50 aniversario del Tratado de Roma, que la canciller se ha comprometido a una misión casi imposible.

Para salir de dos años de crisis institucional, Europa tiene una desesperante necesidad de una nueva legitimación política y de identidad

El hecho de que el texto de esa declaración no mencione la palabra Constitución ni haya sido firmado por los 27 jefes de Estado o de Gobierno es suficientemente elocuente. Dice mucho sobre el estado de disociación psicológica y política de los miembros del club y así tanto la conmemoración como el texto no tienen mucho más que un valor declaratorio. Como se ve, la ya remota luminosidad del inicio comunitario, que el aniversario conmemoró, se mezcla ahora con inquietudes del presente y quizás con los presagios de tempestad en el futuro.

Las razones de estas desavenencias son evidentes. Los europeos ya no saben lo que quieren. No hay una mayoría a favor de una Europa que justificase otros abandonos de soberanía, como tampoco la hay para un modelo único liberal o socialdemócrata, ni para una armonización fiscal o una política presupuestaria o industrial.

Sin embargo, en su fuero interno, los responsables políticos de todos los países son perfectamente conscientes de que en el mundo globalizado Europa es más necesaria que nunca y de que no hay tiempo que perder.

Pero los egoísmos nacionales han ralentizado la marcha (¿inexorable?) a la integración, aparte de que el procedimiento seguido no fue quizás el más adecuado. En las etapas importantes que ha franqueado, la Unión ha aplicado una estrategia consistente en una reiterada toma de atajos, poniendo la carreta delante de los bueyes. Se creó una moneda única antes de crear el Estado que la respaldaría con la política económica adecuada. En vez de reformas institucionales primero y ampliación después, se hizo lo contrario. Resultado: se exportó estabilidad y se importó inestabilidad, como es evidente con el comportamiento de algunos de los nuevos miembros. Se ha intentado, por último, poner todo en orden, con el Tratado constitucional, pero se vuelve a cometer el mismo error.

Se da un nombre magnilocuente a la enésima reforma institucional, se propone la creación de un ministro europeo de Asuntos Exteriores antes de que haya una política exterior comunitaria y, por último, se da una abrumadora y excesiva extensión a un proyecto de Constitución de casi 450 artículos.

Para la mayoría de los europeos el marco principal de expresión democrática sigue siendo la nación, pero son conscientes de que sólo la Unión permitirá a esas naciones enfrentarse con éxito con cuestiones que van de la emigración a la globalización, pasando por la energía, el terrorismo y el cambio climático.

Para salir de una vez por todas de dos años de crisis institucional, de falta de gobernabilidad y de reformismo económico, Europa tiene una desesperante necesidad de una nueva legitimación política y de identidad. Es decir, tendrá que lanzarse a una reforma institucional buscando un compromiso razonable para alcanzar la indispensable unanimidad de los 27 países miembros. O sea, hacerla aceptable a los dos países que rechazaron el primer proyecto, a los países disidentes del Este, al reticente Reino Unido y naturalmente a los 18 países que aprobaron el Tratado constitucional.

Y parece que esto sólo se va a conseguir si el nuevo tratado conserva la sustancia del primero, es decir, salva sus partes esenciales, como el nuevo procedimiento de votación en el Consejo estableciendo la doble mayoría para equilibrar la importancia de los Estados y las poblaciones, una presidencia estable, la extensión del voto a mayoría cualificada y la personalidad jurídica de la Unión.

Se trataría de separar lo que es institucional y duradero de lo que constituyen las políticas comunes, naturalmente más proclives al cambio, lo que precisaría la unanimidad. Las verdaderas Constituciones son precisamente eso: fijan las reglas, no las políticas.

Anselmo Calleja. Economista y estadístico