La presión fiscal y sus efectos
La presión fiscal que soporta el conjunto de la economía volvió a crecer el año pasado, hasta alcanzar el 36,52% del PIB. El autor analiza las consecuencias de este aumento sobre el crecimiento. En su opinión, éste es un buen momento para reequilibrar las cotizaciones a la Seguridad Social, a la baja, y el IVA, éste al alza.
La presión fiscal, entendida como ingresos tributarios (más cotizaciones a la Seguridad Social) expresados en porcentaje del PIB, ha vuelto a crecer, alcanzando el 36,52% en 2006. Esta cifra probablemente estará sujeta a ajustes futuros que a veces son importantes, pero la tendencia al alza o a la baja quedará bien reflejada cuando quede inserta en las series históricas. La presión fiscal es más precisa si se mide como porcentaje del gasto público respecto al PIB. La razón es que el gasto público es el verdadero impuesto, porque lo van a sufragar los contribuyentes, el pago se aplazará pero a cambio habrá que añadir el coste de los intereses. En la actualidad, como hay superávit, el gasto está por debajo del ingreso y el resultado es menos llamativo.
La información sobre el aumento de la presión fiscal, sin mediar aumento de tipos impositivos, indica que la economía sigue creciendo y con ella el empleo y las cotizaciones a la Seguridad Social, lo que puede indicar que hay capacidad de reducir los tipos fiscales -y las cotizaciones a la Seguridad Social- sin lesionar la capacidad recaudatoria.
Por otra parte, muestra que una cuota mayor de la renta no está disponible para empresas y familias, lo que es un aspecto delicado que matiza profundamente la primera apreciación sobre la marcha de la economía en lo que concierne a su futuro inmediato, especialmente si se tiene en cuenta el déficit por cuenta corriente, que es un reflejo inmediato de la pérdida de competitividad.
El problema principal está en la sostenibilidad del crecimiento, que depende de ser competitivo
En los años 1992 y 1993 el peso del gasto público respecto al PIB estuvo en torno al 48%. Desde entonces ha ido descendiendo hasta quedar por debajo del 40%, al tiempo que aumentaba el empleo, descendía la proporción que representaba la deuda pública sobre el PIB, se moderaba el aumento del IPC y mejoraba el margen de las empresas.
El control del gasto público y la eliminación del déficit no fueron los únicos factores, porque la introducción del euro y el descenso en el coste del crédito fueron muy importantes. Esto no empequeñece la aportación de la mejora en la gestión de las cuentas del sector público ni el efecto de las privatizaciones, que eliminaron déficits importantes y generaron más ingresos por tributación.
La aportación de la eficiencia en la gestión, el descenso relativo de la tributación pública y el fin del déficit apoyaron la recuperación económica de forma directa e indirecta. La primera liberando recursos que se han usado para fortalecer el crecimiento, la otra a través de la eliminación de expectativas de aumento de la presión fiscal, pues si hay déficit se espera que los impuestos suban para corregirlo.
Para los partidarios del uso del gasto público como factor impulsor de la actividad sería preferible mayor gasto público, pero los últimos 13 años muestran que su descenso ha sido beneficioso, mientras que en las dos décadas precedentes ocurrió lo contrario. Se alega que si crecen los ingresos tributarios el sector público los gastará íntegramente, mientras que si se mantienen en el sector privado una parte se ahorrará y con ello el efecto multiplicador se reducirá.
Algebraicamente eso es verdad pero económicamente no es así ya que la parte no gastada se depositará en entidades financieras que la prestarán a terceras personas, ya sea para financiar inversiones o para compra de bienes duraderos, con lo que el gasto se mantendrá, si bien puede haber un ligero desfase al respecto en caso de que lo gaste el sector público, que tampoco es tan rápido pues no tiene proyectos en espera para financiarlos.
El problema principal está en la sostenibilidad del crecimiento, que depende de la competitividad. Desde el punto de vista fiscal España es poco atractiva para la inversión productiva, a pesar de la reducción de tipos en el Impuesto sobre Sociedades, pues ya descendió con anterioridad -y con más contundencia- en los países competidores. El tratamiento fiscal de las amortizaciones es peor en España, lo mismo que el de las provisiones, para lo que conviene comparar los datos de las empresas, tal como se presentan en el proyecto BACH de la Comisión Europea.
En el contexto competitivo actual es un buen momento para un trade off entre cotizaciones a la Seguridad Social (a la baja) y alza en la proporción adecuada de los tipos del IVA. Bien organizado, no tiene por qué incidir en el IPC ni motivar fraude en la recaudación del IVA. La adecuación de la estructura tributaria es un buen complemento del ajuste en su volumen y conviene aprovechar las circunstancias favorables para ajustes que aporten solidez al crecimiento.
Joaquín Trigo. Director ejecutivo de Fomento del Trabajo Nacional