El fraude de nunca acabar
Las relaciones de vecinos, los censos, los padrones municipales y, en su caso, los censos electorales que de ellos se derivan siempre se han visto influidos por los intereses de los municipios, escasamente sensibles a las llamadas ilustradas que se hacían desde el Estado para que reflejaran con exactitud las verdaderas cifras de sus poblaciones. Un repaso a los censos históricos muestra la amargura con que sus promotores (Aranda, Floridablanca, O'Donnell, etcétera) constataron cómo los pueblos, temerosos de que aumentaran sus tributos y cargas, ocultaban población. Pascual Madoz, en su Diccionario Geográfico, Estadístico Histórico de 1845 llegó a concluir que la población de 12,1 millones de habitantes debía estar alrededor de 15,5 millones, un 28% más, de donde infería la absoluta inutilidad de las cifras de población que proporcionaba el Gobierno.
Los regímenes de convenios y evaluaciones globales que se iniciaron en 1957 y, sobre todo, la reforma tributaria del decenio siguiente, hizo variar esta actitud puesto que, con excepción de las contribuciones rústica y urbana, el sistema impositivo dejaba de tener su tradicional vinculación con el territorio para gravar la actividad cualquiera que fuese el lugar de residencia de los contribuyentes. Este cambio trascendental, unido al hecho de que la financiación a los ayuntamientos se ligara con sus cifras de población, llevó a los pueblos a la actitud contraria de hinchar las cifras de su población en lugar de ocultarlas, lo que se ponía de relieve cuando, al realizar las habituales renovaciones padronales quinquenales, el INE se veía obligado a reducirlas entre 500.000 y 700.000 personas.
Las argucias de que se servían algunos municipios para incrementar ficticiamente sus cifras de población eran de lo más variado. Se inventaban edificios inexistentes prolongando los números de las calles por lo que eran descampados y, a veces, haciéndolas adentrarse en el mar y, por supuesto, se inventaban ocupantes para las mismas. Se creaban personas y, para dar verosimilitud al engaño, no se dudaba en generar, por ejemplo, supuestos partos múltiples poniendo a los personajes ficticios la misma fecha de nacimiento y los mismos apellidos que alguno de los niños reales que hubiese en la vivienda. Se mantenía a todo trance a personas que ya no residiesen, haciendo caso omiso de las bajas por defunción que se recibieran del Registro Civil o de las bajas padronales de personas que habían sido dadas de alta en los nuevos ayuntamientos a los que habían ido a residir.
El cambio trascendental que supuso el padrón continuo en 1996 comenzó a hacer más difícil el invento de personas, las duplicidades y otros trucos
El cambio trascendental que supuso la implantación de un padrón continuo en 1996 comenzó a hacer más difícil el invento de personas, las duplicidades y otros trucos, dada la posibilidad de detectar duplicados y de conectar los datos padronales con otros ficheros. Pero, según las noticias que se están produciendo recientemente, estas dificultades no han conseguido evitar los intentos de fraude. El cierre del Censo Electoral a 1 de marzo del presente año, al compararse con los datos de 1 de septiembre del pasado año, arroja aumentos inexplicables de más de un 10% en 110 municipios, generalmente pequeños en los que la ganancia es mayor, sobre todo si, por ejemplo, se salta el límite de los 250 o los 1.000 habitantes, lo que en ambos casos les permite contar con dos concejales más en función de lo expresado por el artículo 179 de la Ley de Régimen Electoral General.
En estos pueblos pequeños, la inclusión en el Censo Electoral de unas pocas personas afines políticamente puede decidir el proceso electoral, por lo que suelen empadronarlas en la propia casa del alcalde o de sus familiares y hasta en viviendas en ruinas. En ocasiones, se refuerza este fraudulento apoyo con otras medidas, como las de buscar población que emigró del municipio, lo que no tiene excesivos problemas por la localización de emigrantes de un mismo pueblo en un mismo destino, para incorporarles al Censo Electoral de Españoles Residentes en el Extranjero (CERA) consiguiendo que voten por el promotor de la idea o a través de la manipulación del voto por correo, como la que previsiblemente se ha intentado en Melilla. Esta manipulación adquiere caracteres esperpénticos porque se suele basar en hacer votar a personas muy ancianas que habitan en residencias consiguiendo autorización notarial o consular, si bien en el artículo 72 de la Ley Electoral establece que cada persona autorizada sólo pueda gestionar un voto por correo, dificultando así la posibilidad de que gestione centenares de votos como, al parecer, ocurría. Como se ve, el mismo cuento de siempre que nunca se acaba y que ya resulta insoportablemente aburrido.
José Aranda. Economista y estadístico