Abaratar el empleo, una fórmula mágica que se agota

Si el coste del despido se redujera a 20 días, mañana todos fijos'. Esta es una frase muy repetida entre los líderes patronales cada vez que se sientan a negociar una reforma del mercado de trabajo. Se trata de un desiderátum empresarial que hoy es claramente inalcanzable, debido a la férrea oposición sindical a nuevos abaratamientos de la indemnización por despido.

Bien es cierto que la eterna demanda de los empresarios para que se abaraten los costes del empleo (salarios, cotizaciones, despido) está detrás de una realidad que tampoco es ningún secreto: España lleva muchos años ofreciendo como elemento de competitividad de su economía los bajos costes laborales en comparación con otras economías de su entorno.

No sería una exageración decir que estos bajos costes del empleo han sido la gallina de los huevos de oro del crecimiento económico de la últimas décadas. De hecho, España lleva varios años generando la mitad del empleo que se crea en la Unión Europea.

Lejos de contratar de forma barata a muchos trabajadores, las empresas deberían reorientar su inversión a capital tecnológico más productivo

Los Gobiernos lo han sabido y lejos de fomentar otros valores competitivos de toda economía, han seguido rebajando de una forma u otra los costes laborales para mantener el pulso de la creación de empleo. Hasta ahora, les ha dado buen resultado.

Cuando la economía española empezó a salir de su última gran crisis -que se llevó por delante un millón de empleos entre finales de 1991 y 1993-, los empresarios tardaron dos años en recuperar esta pérdida. Si bien, la calidad del empleo recobrado se resintió, ya que mientras dos tercios de los empleos destruidos eran fijos, del nuevo millón de puestos de trabajo casi la mitad fueron temporales.

En 1997, con una tasa de temporalidad anclada por encima del 33%, el entonces ministro de Trabajo, Javier Arenas, logró que gobierno y sindicatos pactaran un abaratamiento del despido, con la creación de un contrato que tenía una indemnización de 33 días por año trabajado y un máximo de 24 mensualidades, frente al coste ordinario de 45 días por año y un máximo de 42 mensualidades.

Este nuevo contrato, dirigido a mujeres, jóvenes, mayores de 45 años y discapacitados tenía además bonificación de cotizaciones a la Seguridad Social durante dos años. Esta reforma abarató notablemente el coste del factor trabajo. El resultado fue una reactivación de la ocupación, sobre todo de la indefinida, que supuso durante varios años cerca del 80% del empleo que se creaba. Pero esta reforma, que tenía cinco años de vigencia, aunque se prorrogaron las bonificaciones, también dio síntomas de agotamiento.

En 2001, el Gobierno del PP volvió a intentar frenar la temporalidad, esta vez sin el acuerdo de los agentes sociales. Esto provocó en 2002 la única huelga general de la etapa popular.

La huelga hizo dar marcha atrás al Gobierno. Sin embargo, hubo un cambio que el Ejecutivo sí llevó a cabo y que a los sindicatos, que se enorgullecen de haber echado abajo la reforma, no les gusta recordar. Se trata de la posibilidad, que los empresarios tienen desde entonces, de no abonar los salarios de tramitación en un despido improcedente. Otro abaratamiento del empleo que se ha quedado en el ordenamiento laboral español.

Reforma en la sombra

La tesis empresarial que defiende que cuanto más se rebaja el coste del empleo más se reactiva la ocupación, vuelve a tener visos de realidad en los últimos cinco años.

En el periodo más reciente, la llegada de 2,6 millones de trabajadores inmigrantes regulares al mercado de trabajo español, más un número indeterminado que no tiene papeles y que, según distintos cálculos superaría el medio millón, ha supuesto una auténtica reforma laboral en la sombra. Y la vía ha sido una vez más, el abaratamiento del empleo, ya que a falta de datos oficiales, diferentes estimaciones indican que los inmigrantes cobran entre un 20% y un 50% menos que los españoles por el mismo empleo. Aunque este menor coste salarial viene también determinado porque se concentran en los sectores económicos de menor valor añadido, como la construcción y los servicios.

La última reforma laboral de 2006 ha vuelto a ampliar las bonificaciones de cotizaciones del empleo fijo en cuantía y plazo de cobro (cuatro años). Y la rebaja ha vuelto a dar resultado: dos millones de contratos fijos y un fuerte transvase de empleo temporal en indefinido.

Pero ¿cuánto puede durar esta fórmula mágica, que tan bien está explotando la economía española? Los expertos no se cansan de decir que no mucho. Desde hace un año, los datos de empleo, que se extraen de la Encuesta de Población Activa (EPA), muestran una suave pero constante desaceleración del ritmo de creación de empleo. Este frenazo se agudizó en el primer trimestre del año, cuando además, la industria destruyó 54.000 y todos los nuevos puestos de trabajo se crearon en la agricultura.

Señales de alarma

No estaría de más empezar a ver señales de alarma en estos datos y, sobre todo, en la constante sangría de deslocalizaciones empresariales que vive España desde hace tres años y que ha supuesto la destrucción de decenas de miles de empleos. Máxime cuando uno de los argumentos que esgrimen las multinacionales para hacer las maletas es que los costes laborales españoles ya no son competitivos.

A estas grandes empresas del sector industrial ya no les hace falta ni siquiera irse a países en desarrollo como China o India, sino que dentro de la Unión Europea pueden fabricar lo mismo con garantías comunitarias y unos costes laborales muy inferiores en los países de la ampliación.

La contundencia de algunos datos es significativa: según la oficina de estadística europea, con el salario anual de un trabajador de la industria manufacturera española se puede contratar a cuatro trabajadores en Polonia y a ocho en Rumanía.

Ante esta evidencia, la solución es muy sencilla sobre el papel y empieza a estar en boca de muchos: hay que buscar un factor de competitividad diferente a los costes laborales.

Si con el sueldo de un español pueden contratarse varios en otros países de la UE habrá que apostar porque la formación del trabajador español sea tan buena que compense contratarle a él sólo. Esto no se arregla de la noche a la mañana, requiere un refuerzo y una reordenación de la inversión en formación, de los trabajadores y de las generaciones que están por venir, de gran envergadura, tanto privada como pública.

Asimismo, lejos de apostar por la contratación barata de muchos trabajadores, los empresarios deberían también reorientar sus inversiones hacia un capital mucho más tecnológico y, por lo tanto, más productivo y menos cortoplacista.

Los agentes políticos y económicos pueden ponerse manos a la obra, o puede que ocurra lo que en la fábula del lobo y el pastor: que cuando el cánido llegue de verdad, nadie se lo creerá y se coma una buena porción del empleo creado.