El difícil reto de encontrar mujeres para los consejos
La incorporación de la mujer al mercado laboral ha sido enorme en las últimas décadas, pero aún queda mucho por hacer. La nueva Ley de Igualdad trata de solucionar los principales problemas del mercado de trabajo, que inciden de manera más aguda en las profesionales. Un ejemplo de ello es el número de mujeres que hay en los consejos de administración de las empresas cotizadas. Las últimas cifras indican que apenas llega al 4%.
Actualmente, más de 1.000 personas forman parte de los consejos de administración de las empresas españolas. Tan sólo 45 son mujeres. Si en los próximos ocho años se cumpliera lo establecido por la nueva Ley de Igualdad, esta cifra ascendería hasta las 400 o 500 mujeres, según afirmó Ignacio Gil Casares, presidente de Spencer Stuart, en la jornada La nueva Ley de Igualdad. Implicaciones laborales y empresariales, organizada por la asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y Adecco.
Casares explicó cómo entre los retos a los que las empresas se van a enfrentar para cumplir la ley está encontrar mujeres para los consejos de administración, en los que los principales requisitos se encuentran unos 25 años de trayectoria profesional, parte de la carrera en el extranjero, con experiencia en cuentas de resultados, puestos de director general o consejero delegado y haber trabajado en compañías cotizadas. 'La primera preferencia para entrar en un consejo de administración es ser mujer. Sin embargo, no es fácil encontrar mujeres con estos requisitos que quieran el cargo. Primero hay que intervenir en los escalones anteriores e incentivarlas para que sigan su carrera profesional', comenta.
El experto no dudó de la valía de contar con mujeres en los puestos de responsabilidad y en los consejos de administración. Aunque se mostró crítico con la medida de la paridad en los consejos propuesta por la nueva Ley de Igualdad. 'En ellos se deben sentar las mejores mujeres y hombres que ese país tenga. Arriba deben llegar los mejores y las empresas tienen la responsabilidad de ir incorporando a las mujeres', señaló. 'No podemos debilitar los consejos de administración por atraer a una mujer sólo por ser mujer', comentó Casares. A juicio de este experto, deberían ser los mercados quienes juzgasen si una compañía hace los esfuerzos necesarios para atraer a las profesionales.
Los ponentes de la jornada coincidieron en la necesidad de una ley que mejore la situación de las mujeres en el mercado de trabajo, aunque medidas como la mencionada, suscitaron cierta confrontación. El director general de trabajo del Ministerio de Trabajo, Raúl Riesco, comentó también que la nueva normativa se había llevado a cabo gracias al acuerdo con distintos organismos y sindicatos.
'La Ley no obliga a la paridad, sino que las empresas que cotizan en Bolsa deben ir en ocho años intentando equilibrar la participación de mujeres en sus consejos', declara Riesco.
Pilar Iglesias, de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), fue crítica respecto a las medidas tomadas por el Gobierno y aseguró que 'en las organizaciones empresariales tenemos desde hace tiempo un compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo de la empresa y pedíamos políticas públicas para favorecer esa igualdad'. No obstante, la representante de CEOE señaló que la responsabilidad de la empresa es relativa, ya que las desigualdades provienen en muchas ocasiones de otros factores, como son la formación y el reparto de roles que existen en la sociedad. Iglesias puso en duda la autonomía de las empresas a partir de ahora.
Desde la Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CC OO), Elisa García y Carmen Bravo resaltaron la importancia de la Ley, que por primera vez se obliga a que los planes de igualdad sean incluidos entre los temas de la negociación colectiva de los convenios. El hecho de que los sindicatos no entren dentro de las entidades obligadas a elaborar un plan de igualdad también fue motivo de crítica en el debate.
Discriminación no es lo mismo que desigualdad
'Las cuestiones de concepto pueden plantear algunos problemas', señala Federico Durán, socio en Garrigues. Según este experto, la diferenciación clara entre desigualdad y discriminación es clave. 'La confusión de los conceptos puede crear peligros desde el punto de vista empresarial. Hay que tener en cuenta que discriminación y desigualdad no significan lo mismo y que puede haber situaciones de desigualdad que no sean discriminatorias'. Y añade que se pueden erradicar las prácticas discriminatorias, pero no tienen por qué eliminarse todas las desigualdades. La manera legal de actuar en estos casos es algo distinto, ya que en caso de discriminación se procede a las sanciones y en el de desigualdad se deben hacer acciones positivas.Durán especificó, durante su intervención, la delicadeza del asunto de la política de cuotas que la ley lleva a cabo en cuanto a la paridad de los consejos de administración. El jurista definió esta práctica como una discriminación positiva en la que se desfavorece a un sujeto en beneficio del que se encuentra en peor situación. 'Se trata de derechos individuales que se pueden ver confrontados', declara.El experto recordó el fracaso de la política de cuotas en los Estados Unidos, que se llevó a cabo por motivos raciales, y el rechazo a esta misma iniciativa por razón de sexo que se vivió en Francia.