COLUMNA

Evaluar las políticas, pero cómo

El primer ejercicio que debe afrontar la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas es sobre la eficacia de las medidas dirigidas a promover la I+D+i, según el autor. En su opinión, los trabajos de esta institución no deberían correr a cargo de un órgano de la Administración del Estado

Los responsables políticos poder desde la transición jamás han mostrado interés por algo que el Congreso de los Estados Unidos ya había instituido allá por 1921 para que las políticas allí aprobadas fuesen pertinentes, eficaces y transparentes: la evaluación de las políticas públicas, cometido encomendado a la General Accounting Office.

Pero por fin el pasado febrero se creó el Consejo Rector de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas, aunque con un retraso más que considerable. Puede, en efecto, que España sea la última de las democracias occidentales en crear ese tipo de institución, pues los demás países, de Alemania a Canadá pasando por Australia e Italia habían puesto en práctica diferentes sistemas evaluatorios entre 1968 y 1984.

La idea de la evaluación de las políticas salió a la luz en España de forma incipiente en 1973 con los Presupuestos por Programas, un remedo del primer intento evaluatorio francés llevado a cabo en 1970 bajo la denominación de Racionalización de los Presupuestos. Pero contrariamente a la práctica francesa, dirigida a la evaluación prospectiva y retrospectiva de los Presupuestos, en España los Presupuestos por Programas eran poco más que un gadget creado para dar buena imagen de la política presupuestaria, no hubo el más mínimo intento de hacer una evaluación prospectiva de los Presupuestos, ni siquiera de verter las cifras de su liquidación en los distintos programas para explotar debidamente sus resultados.

Otra vía por la que la evaluación de las políticas salió a relucir a finales de los ochenta fue en unas llamadas de atención (publicadas en el Libro Marrón del Círculo de Empresarios) sobre su necesidad, hechas por el autor de estas líneas y suscitadas por los resultados del primer ( y único) trabajo sobre las ayudas del Estado a las empresas realizadas por el mismo autor. El peso de esas ayudas había girado en torno al 5,5% del PIB entre 1979 y 1993, pero mientras que las del Estado central reducían su peso el de las comunidades autónomas aumentaba el suyo del 1% al 2,5% del PIB. Esta política intervencionista suscitaba claramente la necesidad de ser evaluada, no sólo por la importancia de los recursos públicos utilizados sino para evitar posibles efectos perniciosos.

La evaluación de las políticas ha evolucionada significativamente y ha llegado a ser una verdadera técnica profesional y una exigencia para una democracia moderna. Mide la eficacia (es decir los resultados), la eficiencia (los medios utilizados) la pertinencia (la oportunidad) y la utilidad de los programas políticos. Así definida, la evaluación aparece como una legitimación de la acción pública, pues si no se conocen ni los resultados de las políticas ni los factores que las han llevado a cabo ¿cómo justificar el empleo de fondos públicos?

Los mecanismos de la evaluación se han ido adaptando a los objetivos perseguidos, por eso no se comprende (¿o quizás sí? ) que a pesar de la gran dilación con que se ha establecido en España, la evaluación de las políticas se vaya a llevar a cabo por un órgano de la Administración del Estado. Es decir, adaptando un modelo que está en las antípodas de los que existen en los países de nuestro entorno, como por ejemplo el Consejo Nacional de Evaluación de Francia o la Comisión Exterior de Evaluación del Cantón de Ginebra.

En general la composición de las instancias evaluatorias responde a la necesidad de alcanzar los objetivos de pluralidad, independencia y transparencia. En cuanto al primero, eligiendo sus miembros entre personas que por su experiencia o formación adquirieron cierta autoridad en el campo económico-social. La independencia se logra al exigir que sus componentes no pertenezcan a las Administraciones públicas ni a los poderes políticos y nombrando un presidente con experiencia en el campo que se va a evaluar. Es más que probable que de alcanzarse estos dos objetivos el de transparencia se daría por añadidura.

Siendo realista habría que dudar del éxito del 'instrumento evaluatorio' y de su capacidad para prevalecer sobre las fuerzas profundas que hacen que a veces la acción pública no es ni realmente racional ni verdaderamente transparente.

Sin embargo, se puede pensar que para hacer frente a los acuciantes y graves problemas que presenta la mundialización, la inmigración y el cambio climático, habrá una creciente demanda para evaluar las políticas y hacer una apreciación lo más exacta posible de la eficacia de las medidas tomadas y de la gestión de los recursos utilizados.

Parece que en España el primer ejercicio evaluatorio debería hacerse sobre la política dirigida a promover la I+D+i, por la importancia de los recursos asignados y sobre todo por las trascendencia de sus efectos, pues sólo la innovación de productos y sistemas y la mayor productividad que así se consiga podrá relevar al maná constructor, que ha alimentado la fuerte y duradera expansión de la economía, cuando aquel se agote, de lo que cada vez hay más signos precursores.

Anselmo Calleja Economista y estadístico