COLUMNA

El informe económico del presidente

El pasado lunes el presidente del Gobierno presentó su informe sobre la economía española. La visión que transmitió fue claramente optimista, pero hay que reconocer que no mucho más de la que tiene una proporción importante de los analistas independientes. Por ello, aunque fuera algo más complaciente de lo que anunció que iba a ser, tuvo un tono legítimo.

Es cierto que tras repasar los aspectos positivos (diferencial de crecimiento, aumento de las tasas de participación y de ocupación, equilibrio en las cuentas públicas, recuperación de la inversión privada, mayor presencia de empresas españolas en el exterior, etcétera) no eludió referirse a los problemas y atrasos.

El único logro que no comparto es la pretensión de que el diferencial de inflación con la UEM se está reduciendo. Si analizamos la serie del diferencial desde la creación del euro, lo único que podemos afirmar es que no tiene tendencia, fluctuando en función, entre otras cosas, del nivel de la tasa de inflación. El que haya bajado recientemente, cuando la inflación se ha reducido, no significa que haya iniciado una tendencia decreciente.

Correctamente, situó el atraso en la productividad como uno de los retos centrales. Y también tuvo razón en que este problema debe ser abordado desde el consenso. Tanto más cuando la corrección de la evolución de la productividad no es, ni mucho menos, responsabilidad única del Gobierno. Pero, en mi opinión, le falta dar un paso más. Promover un debate con los responsables de las decisiones de producción y empleo que permita, en primer lugar, llegar al convencimiento general de la importancia del problema. En segundo lugar, diseñar estrategias precisas de solución y, por último, evaluar las consecuencias de acuerdos y medidas. Reuniones con las cúpulas de la CEOE y de las centrales sindicales no bastan. Conocer con más precisión las limitaciones que encuentran las empresas (en España hay unas 300.000 empresas no financieras con más de 10 empleados) para mejorar su actividad es un primer paso importante. También palpar las frustraciones de los empleados en su realización laboral y en su promoción profesional.

La identificación que hace el informe de las causas del atraso es excesivamente genérica. Apunta correctamente a deficiencias en: infraestructuras, capital humano, competencia en los mercados, gestión de las Administraciones públicas y la forma de equilibrar la seguridad y la flexibilidad en el empleo. También en inversión en I+D. Es indudable que el gasto en I+D+i español es bajo, y que su apoyo por las políticas públicas es encomiable, pero este hecho es más la consecuencia de los mismos factores que determinan el atraso de la productividad que una causa de ese retraso. Resulta sorprendente que no haya ninguna referencia al mal funcionamiento de la justicia y a las deficiencias en la seguridad jurídica que parecen preocupar muy seriamente a los empresarios españoles.

Precisar junto a los empresarios cuáles son, por ejemplo, las infraestructuras más limitativas y qué aspectos de la Administración resultan más gravosos sería crucial. Comprometer a las empresas en el diseño y puesta en marcha de algunas enseñanzas de tercer ciclo, también. Y, sobre todo, establecer procedimientos por los que se evalúen las consecuencias de determinadas medidas: desde los cambios en la normativa que regula la creación de empresas (que en España es muy limitativa y sobre la que el llamado Programa de Reformas ha incidido) a determinada inversión en infraestructuras, pasando por los programas públicos de gasto en I+D. Y todo ello, la identificación precisa de las limitaciones y la evaluación de las medidas y acuerdos, recabando la información más amplia (anónima) y precisa posible, debería ser parte de la tarea común de mejorar la productividad.

Las reformas de la Administración pública y de la justicia son inaplazables. En mi opinión, son factores que afectan más a la productividad de lo que se suele reconocer. Una Administración ágil y eficiente no presupone una protección menos eficaz del interés general, al contrario, y una justicia lenta e ineficiente introduce mucha incertidumbre y desaliento e impone costes elevados a la actividad empresarial.

Aún se está lejos de conseguir una suficiente competencia en algunos mercados de bienes y servicios. Los organismos reguladores están aún en proceso de aumentar su eficacia y transparencia.

El impulso a los emprendedores, que mencionó Zapatero, necesita avanzar en todo lo que acabamos de comentar, pero también la percepción generalizada de que las decisiones de los tres niveles de la Administración y de sus distintos organismos son neutrales y transparentes.

Carlos Sebastián Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense