Igualdad en las empresas
Las Cortes Generales aprobaron ayer la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. Conocida como Ley de Igualdad, su objetivo es hacer efectivo este principio y eliminar toda discriminación contra la mujer. El fin es tan encomiable como urgente, y el Gobierno responde con esta iniciativa a una realidad social innegable.
Desde que Clara Campoamor dio una lección a la historia cuando, el práctica soledad, defendía hace 75 años y en las mismas Cortes el derecho de voto para la mujer, mucha otras mujeres se han quedado en el camino en la defensa de sus derechos. Así lo recordó ayer, con emoción, el presidente del Gobierno, que se mostró 'profundamente orgulloso' de una ley que, junto a la de dependencia, podrían en su opinión 'justificar toda una legislatura'. Desde luego, se trata de una de las normas más comprometidas con la igualdad que existirán hoy en el mundo. Y, probablemente, como dijo José Luis Rodríguez Zapatero, está llamada a 'transformar, para bien, radicalmente y para siempre la sociedad española'.
La nueva ley contempla un conjunto de medidas transversales para la vida política, jurídica y social, y, por supuesto, laboral y empresarial. Pero en este último campo llega sin el consenso necesario para ser aplicada sin contestación. Las empresas, como es lógico, deberán acomodar su gestión para adaptarla a muchos de los nuevos requisitos normativos. Pero sus representantes han criticado duramente algunas de las disposiciones, como la obligatoriedad de aplicar un plan de igualdad en cada empresa o que la ley abra la puerta a indemnizaciones por discriminación de cuantías prácticamente ilimitadas. Tal vez la mayor controversia se fije en la exigencia de que el 40% de consejo de administración de las grandes empresas tenga que estar ocupado obligatoriamente por mujeres -en un plazo de ocho años, y a medida que venzan los mandatos de los anteriores consejos-.
Es obvio que todo estímulo para que la mujer se incorpore en paridad de condiciones con el hombre al mercado laboral y a los cargos de máxima responsabilidad empresarial sigue siendo poco. Sin embargo, imponer ciertas condiciones puede atentar contra los mejores criterios de gestión de la libre empresa y de la competencia de méritos entre las personas. Si el fin de la norma es plausible, no lo es tanto la rigidez de algunos de sus postulados en lo que afecta a la vida de las empresas. La ley precisa una flexibilidad para lograr un consenso fructífero. Para que, como dijo ayer Rodríguez Zapatero y es algo que no tiene discusión, la incorporación de las mujeres a los consejos de administración origine 'un mejor funcionamiento de nuestras grandes corporaciones'.
La inestimable y urgente presencia de las mujeres en las cúpulas empresariales de decisión, para que sea eficaz, va a llegar por un ineluctable convencimiento social y por los méritos de cada una, no porque esté escrito en la ley. Y, en todo caso, por qué limitarla al 40%. Es obvio por el correr de los tiempos que en poco tiempo ese porcentaje se va a superar en muchas empresas. Es urgente y bueno romper el techo de cristal, pero mal servicio habremos hecho a la igualdad si los vidrios rotos caen sobre el buen funcionamiento de las empresas.